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Golpe a déficit público
Redacción Central El incremento de las tarifas de energía en un 5.98% como lo estableció la Intendencia Eléctrica a cargo de Leonel Aguirre contempla la entrega de las ganancias de la generadora estatal Hidrogesa para subsidiar a los sectores más pobres del país. Los estudios calculan en 18 millones de dólares los fondos que aportará el sector estatal y que, en consecuencia, no serán enviados por el Ejecutivo a las arcas del Banco Central de Nicaragua para engrosar las reservas internacionales. La caída de las reservas significará un incremento en el déficit del sector público que el gobierno buscaría zanjar obligando a instituciones como el Seguro Social a tomar más dinero de los asegurados para enviarlos al BCN. Por lo pronto, el ministro de Hacienda, Mario Arana Sevilla, atacó la decisión de la Intendencia Eléctrica y rechazó la propuesta para seguir disponiendo de los ingresos de Hidrogesa que superarán los 20 millones de dólares en la segunda mitad del año, ya que sus plantas son ahora la principal fuente de abastecimiento para la distribuidora Unión Fenosa. Si el gobierno se opone al acuerdo de la mesa multisectorial validada por la Intendencia promoverá un caos en el sector que redundaría en racionamientos y apagones, como lo adelantado el ingeniero Frank Kelly, presidente de ENEL. Kelly anunció que hoy sacarían de producción a una de las plantas estatales, GECSA, si Fenosa no les paga 1.2 millones de dólares que aseguran en deberle. El funcionario desestimó las consecuencias aunque admitió que estas provocarían apagones y racionamientos de parte de la distribuidora. La actitud del gobierno promoviendo el desorden en el sector ha sido criticada por empresarios privados y diputados de la Asamblea Nacional. El presidente Enrique Bolaños y las autoridades estatales siguen guardando silencio, por ejemplo, ante la actitud de la empresa GEOSA –que controla casi la mitad de la generación eléctrica del país- que sacó hace dos meses a una de sus plantas para presionar por el pago de un adeudo y aunque Unión Fenosa les entregó 5 millones de dólares, decidieron no seguir entregando los 50 Megas comprometidos. Saliendo GEOSA y GECSA, Nicaragua quedaría sin casi 100 Megas de generación, lo que obligaría a dejar sin servicio a un tercio de los clientes de Unión Fenosa. Los expertos consideran que el gobierno no cederá las ganancias de Hidrogesa prefiriendo comprar energía más cara en el mercado centroamericano, cuyos precios son cinco o seis veces más altos que los ofertados por las empresas nacionales. Aumento será aplicado Ejecutivos de Unión Fenosa reconociendo la autoridad de la Intendencia Eléctrica anunciaron que aplicarán el incremento así como la ecuación adicional que les permitirá soportar los incrementos en los costos de distribución y generación, sin que sean trasladados de golpe a sus clientes. Sin embargo, la batalla se ha extendido al sector judicial que decidirá esta semana si Fenosa puede ejecutar el nuevo pliego tarifario, tras ordenar archivar los recursos de amparo contra los incrementos ya autorizados. Abogados de Unión Fenosa solicitaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que apoyen esa disposición para salvar al sector energético y evitar su descalabro. El ministro de Hacienda dijo el lunes que “no queremos apagones”, que “debemos garantizar el servicio eléctrico”, pero rechazó la decisión de la SISEP “porque no están dispuestos a que ganancias de Hidrogesa sean usadas para subsidiar alzas tarifarias”. Es evidente, comentó un experto, que el gobierno está apostando a la estabilidad macroeconómica y sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional antes que a la estabilidad del sector energético. Sin embargo, la vida económica del país, en los sentidos micro y macro, dependen del abastecimiento de energía, apuntó. “Desvío de ayuda es corrupción lícita”
El economista Néstor Avendaño, considerado en los sectores académicos como el “dolor de cabeza” del FMI en Nicaragua, calificó de “un acto de corrupción lícita” el desvío de la ayuda derivada de la condonación de la deuda. Avendaño señaló al gobierno y evidentemente al FMI de promover nuevos estos “actos de corrupción” arropados por la legalidad de decretos y leyes de dudoso origen moral. Dijo que es contraproducente que habiendo dejado de pagar al Club de París, desde hace algunos años, una suma equivalente a 200 millones de dólares anuales no tengamos para darles un vaso de leche a los estudiantes de las escuelas primarias del país. El analista dijo que la Asamblea Nacional “debe pedir más transparencia pública” a los servidores públicos. Combate a la pobreza Avendaño expresó que no confía en las declaraciones oficiales de que la pobreza está siendo combatida con efectividad. Citó que el crecimiento de la producción en el año 2002 fue del 0.8%, en 2003 creció al 2.3% y en el 2004 a 5.1%. Aseguró que no cree en la cifra oficial del año pasado recordando además que fue escandalosa la manera en cómo el Banco Central cambió de un día para otro ese dato. “Aún así no hay reducción de la pobreza. Creo que la pobreza ha crecido”, argumentó. Avendaño también criticó al gobierno por decir que la HIPC y el perdón de la deuda es una obra de la actual administración. “No es honestamente correcto decir que el éxito es del presidente Bolaños cuando es un proceso largo que debe atribuirse a lo hecho por tres administraciones públicas”. |
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