Cierre fue Manu Militari

• Ministros Vega y Solórzano asumieron dirección de atropello a libertad de expresión
  
• Policías antimotines rodean edificio de Trinchera de la Noticia y la encadenan
  
• Pretendían a capturar a periodistas y directivos de publicación

Redacción Central
Trinchera de la Noticia

Con el respaldo de los ministros de Gobernación y Transporte, Julio Vega y Pedro Solórzano, en calidad de autores intelectuales, agentes de la Dirección General de Ingresos y una veintena de policías antimotines clausuraron ayer el edificio de Periodistas Independientes, S.A., editora de Trinchera de la Noticia.

La orden fue cumplida, como hace una semana, cuando ordenaron el primer cierre a eso de las cinco de la tarde. El operativo fue típico de las dictaduras del pasado cuando cerraban y apresaban a los hombres y mujeres manu militari.

Llegaron al lugar a bordo de dos vehículos, uno de los cuales era una patrulla de policías antimotines, dotados de todas sus armas, cascos, escudos, macanas, bombas lacrimógenas y armas de guerra como si llegasen a enfrentar a estudiantes enfurecidos.

El local estaba cerrado como lo dispuso la DGI. Los funcionarios de la Dirección de Ingresos preguntaron por el director, el gerente, los periodistas y el personal administrativo.

Mientras, los policías acordonaron la casa S-31 de Ciudad Jardín para disponerse a un asalto que no fue posible porque todo estaba cerrado. Durante varios minutos azotaron el candado de hierro contra la puerta del mismo metal.

La policía comenzó entonces a preguntar a los vecinos dónde estaba el vigilante, qué se habían hecho los trabajadores de PINSA. Uno de los agentes con rostro endurecido fue hasta la esquina este de la traficada calle para preguntarle a un vendedor de pan dónde estaban los dueños o al menos vigilante.

-Yo no se nada, yo aquí estoy vendiendo mi pan.

-Cómo no vas a saber… te estás haciendo loco, le respondió el policía.

Como en los tiempos del Becat

Minutos después, los inspectores de la DGI echaron cadenas sobre el portón de la empresa editora y un candado sobre el cual colocaron un sello de cierre.

Levantaron un acta, la metieron dentro de un fólder y la tiraron dentro del patio que separa al portón de la puerta principal, sobre la que aún hay 3 rótulos enormes que rezan: Cerrado por evasión fiscal.

¿En qué habrían estado pensando los policías y agentes de la DGI cuando lanzaron la notificación al interior del edificio de PINSA si está encadenada y con un sello oficial de cierre? ¿Quién creerán que leerá la orden de censura contra nuestro medio?

Segundos después, los agentes de la DGI se fueron, pero los agentes antimotines cuya orden seguramente era actuar en contra de los directivos y periodistas de Trinchera de la Noticia, retrocedieron la camioneta una media cuadra y apostaron esperando la llegada de los funcionarios del diario.

¿Qué creerían? ¿Qué romperíamos los sellos para ingresar al edificio y así poder capturar a los directivos o empleados de la institución? La evidente intención de esa patrulla apostada a media cuadra era esperar a que violásemos el sello oficial de la DGI.

Recurrimos de amparo

Mientras tanto, ayer a las tres de la tarde el abogado de PINSA, Dr. Antonio Morgan Pérez, presentó en la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua un recurso de amparo contra las medidas violatorias del gobierno contra nuestra publicación.

En su escrito el Dr. Morgan señala como actos arbitrarios manifiestos la cadena de agresiones desatada contra Trinchera de la Noticia desde el jueves de la semana pasada cuando llegó la primera orden de cierre.

El defensor expresa en la solicitud de amparo que el gobierno a través de la DGI violó los siguientes artículos: 25 de seguridad jurídica, 34 que garantiza el proceso debido, 44 que prohibe la confiscación, 68 que incentiva a los medios de comunicación, 114 que dispone que los impuestos deben ser establecidos y cobrados tomando en consideración la distribución de las riquezas y la renta de los contribuyentes y los artículos 130 párrafo primero y 183 que contienen e imponen a los funcionarios la obligación de actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes, principio de legalidad administrativa.

En una de las partes torales del escrito, el Dr. Morgan Pérez asegura que “la DGI excediéndose en su competencia ha procedido al cierre de Trinchera de la Noticia dictado resoluciones que no tienen sustento legal menos constitucional, violando de manera sistemática el ordenamiento jurídico total, pues no solamente han sido la Constitución como norma fundante la que ha sufrido daño sino también las normas fundadas la que ha sufrido daño sino también las normas fundadas que desarrollan, integran, complementan, relacionan el ordenamiento jurídico. Es más tratándose de entes públicos, la desobediencia a la Constitución, es una infracción a ella, que produce la nulidad de la resolución por el sólo hecho de contradecir la Constitución, lo que guarda conformidad también con lo que señala el artículo 2201 Civil.

La petición

El amparo expresa a los magistrados de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua que: ¿cómo puede pensarse que resoluciones dictadas por la DGI con total aberración del ordenamiento jurídico, y que asume una competencia de carácter punitivo, penal, NO CONSTITUYA UN ACTO QUE CONTRARÍA LA CARTA MAGNA, y que no pueda impugnarse mediante un recurso de amparo, por violación a las garantías individuales amparadas por la Constitución a favor de mi mandante?

El recurso de amparo es contra Melvin Estrada Canizales, funcionario de la DGI, que dictó las resoluciones de cierre de nuestra publicación.

El escrito argumenta la inconstitucionalidad del decreto 41-91.

Expresa que el artículo 20 de la Ley de Amparo autoriza el recurrente para que pueda alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley o reglamento que se le haya aplicado.