Empresa privada rechaza impuesto a petroleras

• Lo califican de confiscatorio y llaman a movilización de empresarios

Por Milagros Romero
Trinchera de la Noticia

Representantes de la empresa privada y de los inversionistas extranjeros emitieron ayer un comunicado en el que rechazan la propuesta del gobierno de gravar un impuesto de tres por ciento sobre las petroleras para subsidiar el transporte urbano colectivo de Managua.

El comunicado fue leído por el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, doctor Erwin Krüger, quien fue acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, José Adán Aguerri; el representante de la Cámara Italo-Nicaragüense, representantes de las petroleras y otros miembros de la empresa privada.

El documento planteó seis puntos con las cuales rechazan la propuesta de grabar las ganancias de las petroleras y “se suman al clamor popular en contra de un nuevo subsidio al transporte urbano de la ciudad de Managua”. Aseguran que la autoridad competente debe dejar en libertad y no reprimir las tarifas del transporte urbano colectivo, y ajustarlas de acuerdo a los costos de operación y del mercado.

Según el comunicado es urgente que se liberalice el transporte “rediseñando técnicamente el sistema de rutas y licitando las mismas de manera absolutamente transparente a precios de acuerdo a la calidad del servicio, y a empresarios eficientes que tengan la capacidad operativa y financiera de operarlas”.

Como tercer punto la empresa privada rechaza la propuesta del gobierno de gravar con un impuesto del tres por ciento a las empresas petroleras porque “fue formulada de manera apresurada y carente de los estudios y fundamentos técnicos y jurídicos que ameritan gravámenes de esta naturaleza”.

Subsidio para servicios ineficientes

Los empresarios aseguran que una medida como la que se propone significa que se castigará a los empresarios eficientes que generan utilidades en el país mientras se premia a los ineficientes.

Advierten que además de los vicios de inconstitucionalidad que tiene la propuesta, “el precedente de gravar a empresas que generan utilidades para subsidiar servicios ineficientes brindados por otras empresas privadas, están en contra de la lógica de las economías de mercados globalizados”, aseguran los empresarios.

Además recuerdan que las empresas petroleras han otorgado de forma voluntaria un descuento de dos córdobas por galón a las empresas de transporte colectivo.

Para el Cosep la propuesta es un mensaje negativo para la comunidad de inversionistas privados, nacionales e internacionales, “que verán peligroso operar eficientemente y generar utilidades en Nicaragua. El resultado de las empresas eficientes se mide precisamente por las utilidades; al gravar estas el Estado, está castigando al eficiente para premiar al ineficiente”, aseguran.

Consideran que quienes concibieron la propuesta “no se dieron cuenta de que un gravamen de esta naturaleza pone en peligro la solvencia financiera de las empresas petroleras locales y la continuidad del suministro del combustible a todo el país”.

Consumidores serán los más afectados

Según el comunicado del sector se debe tener presente que los impuestos que son otorgados al sector privado en producto claves como el combustible, son trasladados “vía mecanismos de transferencia de costos y precios al consumidor final”, es por esto que la propuesta de cualquier manera tendrá un impacto negativo inflacionario “en deterioro del poder de compra de los salarios de todos los nicaragüenses”.

Los empresarios reconocen que existen sectores vulnerables que serán los más afectados por el aumento de la tarifa. “En estos casos se justifica el subsidio el cual deberá ser debidamente presupuestado y otorgado directamente a los beneficiarios”.

Propuesta del Cosep

Finalmente los representantes del Cosep, Caconic y la Cámara Italo-Nicaragüense hacen un planteamiento a la Asamblea Nacional en la que proponen cuatro soluciones al problema:

“1. No aprobar el impuesto confiscatorio al sector privado.
2. No aprobar el subsidio a las empresas de transporte urbano.
3. Instruir a las autoridad competente a aplicar la ley ajustando las tarifas.
4. De no hacerlo en siete días, trasladar IRTRAMMA al Gobierno Central”.