Navidad roja

Vidal Poveda, sobreviviente de la Navidad Roja –una operación de exterminio de los miskitos que fue ordenada por los sandinistas en los años 80- relató su terrible vivencia a los periodistas. Él fue sacado de una bodega utilizada como cárcel, junto a Joselin Mercado. Los llevaron a un sitio donde serían asesinados. Sin embargo, no todos estaban destinados a caer bajo el impacto de las balas, porque una parte del grupo se encargaría de abrir la fosa y sepultarlos, dijo el denunciante ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH.

Una de las torturas más comunes en la “bodega” era no suministrarles alimentos, ni agua durante tres días, los hacían convivir con gorgojos.

Un día pidieron a cuatro voluntarios, entre ellos Efraín Poveda, Carlos Pérez y Celso Flores, para que cavaran las fosas de los recién fusilados, el primero en ser sepultado fue un pastor religioso que tenía un disparo en el pecho. Los que hicieron de sepultureros les advirtieron que no serían asesinados, sin embargo los enviaron a un potrero y les ordenaron colocarse en posición de “paredón”.

La macabra acción sólo era para torturarlos, pues no los mataron. Al regresar a la “cárcel bodega” los reos lloraron al verlos llegar vivos, pues generalmente el que salía no regresaba. Los acontecimientos descritos ocurrieron en la ribera del río Waspuk.

Minutos después de que regresaron vivos a la “cárcel” volvieron a sacarlos para llevarlos a una cárcel construida de madera. De este lugar sacaron a otro grupo que trasladaron al lugar de “fusilamientos”. Cuando los presos supieron que serían muertos salieron en desbandadas por los campos, pero fue infructuoso, ya que todos fueron rafagueados, dijo el testigo.

Robaban cadáveres

Poveda dijo que desde un agujero de las tablas de la celda miraba todo lo que ocurría en el exterior. Por ejemplo, vio cómo los miembros del escuadrón de fusilamiento le quitaban las carteras, relojes a los cadáveres. “Eran ladrones, no dejaban nada de las pertenencias del prisionero muerto. Cuando el cadáver estaba totalmente saqueado, metían el cuerpo en bolsas plásticas y los lanzaban al río Coco”, cerca de Leymus, fronterizo con Honduras, relató.

Las bolsas con los cadáveres aparecían tres días después. Lanzándolos al río quedaban menos evidencias del genocidio. Uno de los muertos fue un hermano de Poveda.

Lanzados al río Coco

Todos los asesinados eran mineros de Santa Rosa. Gustavo Martínez, originario de León, era el comandante en Leymus, jefe de las tropas guardafronteras. Cheíto Ingram, Polo Valenzuela, Ricardo Rocha, Julio Curbelo, Alfonso y Rodolfo Evertz, formaban parte del escuadrón que sometió al terror y pánico las comunidades indígenas.

Les recriminaban por trabajar en la mina Santa Rosa, que era controlada desde Managua por la Dirección Nacional del FSLN. Justo Martínez murió ahorcado dentro de la “cárcel bodega”, luego lo lanzaron al río, les dijo después un ciudadano de Leymus, Tomas Molina quien trabajaba con los sandinistas. Gustavo Martínez alertó a Molina para que no se asustara si escuchaba un tiroteo –“con la Guardia de Honduras”.

Este testimonio está grabado en poder de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vidal Poveda asegura que nunca habían vivido tanto pánico y horror, ni en la época de los Somoza, la gente abandonaba las comunidades, y se refugiaba en Honduras. Las tropas llegaron a sumar 600 hombres, se tomaban los templos católicos, los ocupaban como bodegas de armas, dormían en las bancas y se clausuraban los oficios religiosos.

Queseros en la Asamblea

Productores de queso se reunieron con la Comisión de Producción de la Asamblea Nacional para denunciar el decomiso de queso y vehículos, por supuesto contrabando, ordenado por el Ministerio Agropecuario y Forestal y la Dirección General de Servicios Aduaneros.

Funcionarios de la Aduana, con apoyo de la Policía y a veces del Ejército están dedicados a capturar los embarques de queso, aduciendo que no es “apto” para consumo humano.

Sin embargo, una vez que lo decomisan, el producto ha sido subastado. Los productores denunciaron que esta cacería ha llevado a la quiebra de los pequeños comerciantes artesanales. Además de quitarles sus vehículos, les aplican multas hasta de 800 mil córdobas. Veinticinco quejosos denunciaron a los diputados Agustín Jarquín Anaya y Mirna Rosales, ambos del FSLN, que las pérdidas del sector ya suman 600 millones de córdobas por las arbitrarias medidas gubernamentales.

Los fabricantes de queso y los dos diputados en mención se reunirán hoy con el ministro del MAGFOR para que responda por estos atropellos.

Los afectados son originarios de Matiguás, Muy Muy, Río Blanco, Mulukukú y Bocana de Paiwas, zona de donde salen siete mil libras semanales de queso y otros derivados de la leche.

“Si el gobierno no responde por estas pérdidas, entonces regaremos la leche frente a la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional”, afirmó el dirigente del sector Reynaldo Jarquín. “Los productores compran la leche, pero con la confiscación del queso, no hay arreglos de precio porque no saben cuando finalizará la crisis”, apuntó. Finalmente adujeron que sospechan que deben estar protegiendo algunos empresarios con privilegios estatales.