¿Qué significa “desprivatizar” de verdad la educación y la salud?

Por Lic. Adolfo Acevedo Vogl
Economista

Desde que Nicaragua se sometió a la “condicionalidad cruzada” del FMI y el Banco Mundial, a partir de 1992, se estableció una política de drástica restricción sobre el crecimiento del gasto de inversión en salud y educación.

Una de las variables mas importantes sobre las que recayó esta política de restricción masiva del gasto en educación y salud, fue el “congelamiento” de los salarios de maestros y trabajadores de la salud, así como la reducción drástica en las asignaciones para compra de medicamentos y de reparación y mantenimiento de escuelas, hospitales y centros de salud.

El congelamiento de los salarios nominales de maestros y trabajadores de la salud, se reflejó en una ostensible reducción de sus salarios reales desde 1992 hasta 1997.

Se ha dicho que la política actual en educación y salud es la de “desprivatizar” estos servicios sociales fundamentales. Ahora bien, lo que uno debe preguntarse, con toda seriedad, es que implica “desprivatizar” de verdad la educación y la salud.

Más que eliminar los cobros

Es evidente que esto implica mucho más que simplemente eliminar los cobros en educación y salud (aunque esto constituya un primer paso indispensable).

En términos generales “desprivatizar” de verdad estos servicios fundamentales, implica revertir el proceso de traslado hacia los hogares -que en su gran mayoría deben sobrevivir con ingresos per cápita inferiores a US$ 2 y US$ 1 - de la responsabilidad de financiar, de sus escuálidos bolsillos, porcentajes crecientes del gasto nacional en educación y salud.

En contrapartida, esto implica que el sector público debe volver a asumir, de manera muchísimo mas plena, esa responsabilidad, de cubrir el costo del financiamiento de la prestación de esos servicios a la población. A su vez, implica asignar a los ministerios de Educación y Salud los recursos presupuestarios indispensables.

Pero aún esta afirmación debe ser precisada.

El hecho, por ejemplo, de que los gastos de gran parte de los gastos de operación, reparación y mantenimiento de los centros escolares descansara en los aportes de los escuálidos bolsillos de los hogares pobres, significa que dichos gastos también eran necesariamente pobres, lo cual explica el estado de deterioro de la infraestructura escolar.

De manera que no basta con “reponer” los recursos escuálidos que los hogares aportaban, sino que un Estado que recupera su responsabilidad, debe asumirla asignando a las escuelas recursos que les permitan afrontar, de mucha mejor manera, los costos requeridos para prestar, cada vez mas, una educación de mucha mayor calidad.

Decimos de calidad, porque no se trata de continuar prestando “servicios pobres para los pobres”.

La meta es el 2010

También la “re-asunción” por parte del sector público de su responsabilidad por asegurar de manera cada vez mas plena el derecho a una educación de calidad para TODOS, implica superar el enorme rezago salarial de los maestros, y cumplir con el mandato del “Plan Nacional de Educación”, el cual fue resultado de un amplio consenso, de alcanzar en 2010 el promedio salarial de los maestros centroamericanos.

Implica también superar la aberración descomunal, que uno no encuentra ni siquiera en los países africanos, de un gasto público por estudiante de secundaria inferior a la mitad del gasto por alumno de enseñanza secundaria (recuérdese que formar un estudiante de secundaria es mas costoso, por definición, que formar uno de primaria: en primaria un solo maestro imparte todas las materias, en secundaria hay un maestro, mas calificado, que imparte cada materia, con libros de texto más grandes y complejos, se requieren además laboratorios, etc.).

Que el Estado asuma, de nuevo, de manera mas plena, su responsabilidad por asegurar el derecho a una educación de calidad para todos, implicaría llevar el Presupuesto Global de Educación (incluyendo universidades) al mismo nivel por lo menos, que dicho Presupuesto ha alcanzado por otros países tan pobres como Nicaragua, tales como Honduras y Bolivia, y también por países mucho más pobres que Nicaragua, como Malawi, Kenia, Lesoto y otros, y que es el nivel que recomienda la UNESCO: el 7% del PIB.

Terminar de lograr que el estado recupere su papel y responsabilidad fundamental, implica comprometerse con llevar el gasto en educación a ese nivel, ni mas ni menos que eso, para el año 2010.

Pero además, el apremio en el caso de Nicaragua, reside en el hecho brutal, frente al cual los políticos muestran su indiferencia e irresponsabilidad de siempre, de que Nicaragua tiene una ventana demográfica de oportunidad única y muy delimitada, para evitar que dicha oportunidad se convierta una catástrofe demográfica irreversible.

Sin embargo, el rumbo por el cual se ha decidido avanzar no está nada claro. Porque, por ejemplo, no se resolvió, desde hace varias semanas atrás, el asunto del pobre aumento salarial que estaba contenido en el proyecto de Presupuesto 2007 de Don Enrique, el cual fue negociado en condiciones políticas, y con unas proyecciones de recursos muy distintas a las que existían en el momento en que se efectuó la “reformulación presupuestaria” de marzo.

La advertencia del FMI al nuevo Gobierno, el 11 de Diciembre de 2006, fue que “el nuevo gobierno necesitará ejercer vigilancia con respecto a las presiones por aumentos de los salarios y compensaciones del sector público”.

¿Desde ya el Gobierno se está sometiendo a esta “advertencia”? ¿Se adoptarán las medidas requeridas para que el Estado pueda contar con los recursos indispensables para lograr estos objetivos? Obviamente, el Estado no tendrá los recursos indispensables para asumir estas responsabilidades, sino impulsa una reestructuración a fondo de la onerosa deuda interna, y la búsqueda de un sistema tributario que busque acercarse a la progresividad (para lo cual, dicho sea una vez mas, no basta, ni mucho menos, la eliminación de las exenciones y exoneraciones).