Sigue caos en Registro Público

Los problemas del Registro Público persisten. Un día hay alarma por los reclamos y al siguiente día aparecen en los medios nuevos ilícitos.

Solamente una persona ha salido señalada por actos de corrupción pero dentro de la institución guardan silencio y se sienten afectados si la Corte Suprema de Justicia investiga a fondo porque ya no participarían de la partida económica que los banqueros pagan en algunos casos para que los agilicen sus trámites.

Esto no permite que personas pobres (arriba los pobres del mundo) consigan inscribir su escritura entregada por la alcaldía o por el gobierno central, en vista que los trámites son tan tardados como conseguir la ciudadanía norteamericana desde un país de América. ¿Quién toma el dinero que entregan los banqueros? En la acera del Registro Público diariamente se escuchan lamentos.

Gente que llegó en septiembre, octubre, noviembre del año pasado sigue sin tener en sus manos la inscripción de su escritura, pero ante sus ojos han visto enviados de banqueros ser atendidos llevando en sus manos documentos legalizados.

Pero este mal endémico no es exclusivo en la capital, en otros departamentos está carcomiendo ferozmente, registrándose un alto índice de corrupción.

Hacen desaparecer hojas de los libros, para luego descubrir varios propietarios de una misma propiedad.

Los “cañonazos” al mejor postor salen de personas con posibilidades económicas que algunas veces quieren convertirse en los auténticos dueños de determinado inmueble.

Para el doctor Eliseo Núñez Hernández, en Masaya esta experiencia es horrorosa para un pobre que no tiene dinero, quien deberá esperar dos años para que le entreguen su escritura.

Es una manera de exigir dinero para agilizar el trámite, siendo el valor mucho más alto que lo que cobra un abogado por hacerla y legalizarla, cifras que oscilan en dos mil, tres, cuatro mil córdobas. En este departamento, la registradora, Danelia, Juana Prado, descaradamente le dice a la población que si le dan quinientos córdobas estará lista en 8 días, dijo Quiñonez.

La Corte Suprema de Justicia no puede seguir haciendo el papel de ciego ante las críticas constantes en esta institución del poder judicial. Núñez Hernández, abogado y diputado dijo que ha llevado la denuncia ante el magistrado Rosales Argüello, quien le ha respondido que no le han presentado ninguna prueba, por lo que Núñez, le pide que se atreva a pedir una certificación en ese departamento y observará la existencia de escrituras con dos años de retraso, y otras que han salido en ocho días. Solamente deberá ver el libro de entrada, la constancia de entrega y ante sus ojos llegará la gran corrupción en el Registro de la Propiedad.

Núñez Hernández consideró que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que preside el doctor José Bernard Pallais tiene que investigar estos actos que se vienen denunciando desde hace varios años sin encontrar eco en las autoridades competentes.

Otros periodistas dijeron que allí han visto a personajes de la vida política ligados a estos hechos actuando como si las acciones fueran legales ante las leyes de la república.

Cae precio de la carne

El diputado liberal, Freddy Torres Montes, denunció que el decreto del ministerio de Fomento, Industria y Comercio, número 029 – 2007, estableció que la exportación de ganado en pie no debe ser menor de 350 kilos por cada animal.

Esto ha provocado, un efecto negativo para los ganaderos nacionales, porque les resta competitividad.

Fue tan efectivo el daño, que el precio del kilo bajó de 22 córdobas a 16 córdobas, porque sencillamente pretendieron regular el mercado mediante decreto, como lo hacían en los años ochenta.

Torres dijo que creía que el Presidente Ortega tenía experiencia con algunas reglas de mercado relacionadas entre oferta y demanda, pero esto no funciona de esa manera.

El mercado agropecuario en la década perdida se caracterizó por la caída brutal de los precios por las normas establecidas por Micoin. La emisión del decreto no pasó por un estudio evaluativo, solamente favorece a un grupo selecto, los mataderos, que han aprovechado la baja de precios, porque ya no hay competitividad en el sector.

IDR no arranca

Esta institución sigue sin dar un paso hacia delante luego de ocho meses de gobierno, añade el político Torres Montes.

Las licitaciones para reparación de caminos se declaran desiertas en el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) sin mayores elementos de juicio, solamente con el afán de querer decir que las licitaciones en el gobierno pasado no se ajustaron a ciertas normas o a determinada situación.

Los involucrados en el desarrollo agropecuario no resisten este retraso porque atrasa la inversión, la sub ejecución presupuestaria de este gobierno apunta que en pocos meses la economía nacional será un desastre total.