Presionan a Suprema

• Quiñónez advierte a presidente de CSJ que su periodo se le vence en un año
  
• Ahora agregan a Montealegre en lista de los “intocables”
  
• Sandinistas tienen listo plan B contra el presidente de ALN
  

Redacción Central
Trinchera de la Noticia

El diputado liberal Enrique Quiñónez Tuckler presionó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, su correligionario Manuel Martínez Sevilla, para que no vote por un fallo que decapite al “intocable” diputado conservador Alejandro Bolaños Davis, aseguró una fuente del PLC.

Quiñónez Tuckler “recordó”, con menos tacto y más arrogancia, a Martínez Sevilla que el próximo año se le vence el período a cuatro magistrados del Poder Judicial, y que él está entre ellos.

El magistrado Martínez “entendió el mensaje”, dijo una fuente, describiendo la reacción del presidente del máximo tribunal como “profundamente digna y comprensiva”. La plática fue justamente eso, una conversación en aprente tono de amigos que “estuvo cargada de mensajes amenazadores” para los miembros del Poder Judicial que provienen de miembros del liberalismo.

La reunión se produjo la semana pasada a solicitud de Quiñónez Tuckler, quien justificó el encuentro, “el primero que ambos sostienen de forma oficial, o sea de diputado a magistrado, en la oficina del presidente de la Corte- para pedir su intermediación con el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo.

Según el diputado liberal y ex jefe de campaña en las pasadas elecciones, Alemán no lo había llamado ni establecido comunicación alguna con él, desde la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PLC en la que tuvo una agria discusión con magistrados del Consejo Supremo Electoral.

Consultado al respecto, el ex mandatario dijo que “eso no es cierto porque todos los diputados y autoridades del partido hablan conmigo cuando quieren, respetando las instancias a las que cada uno se supedita. Los diputados discuten los temas legislativos en la bancada, los directivos los asuntos políticos en las reuniones del CEN cada semana, y así los alcaldes y dirigentes departamentales, municipales hasta nivel de barrio”, comentó Alemán.

Sabor amargo

La referencia hecha por Quiñónez al vencimiento del periodo de los magistrados fue interpretado por cercanos al magistrado Martínez Sevilla y sus colegas del poder judicial como “una clara amenaza de que la bancada del PLC no votará por ellos si ese partido decide volver a postularlos”.

El informante anotó que “una visita a Manuel Martínez para pedirle que hable con Arnoldo Alemán para que éste, a su vez, se comunique con él es la excusa más tonta que hemos escuchado para mandar un mensaje de amenazas”.

Quiñónez y el jefe de la bancada liberal, Maximino Rodríguez, declararon a la prensa nacional, hace menos de un mes, que no votarían por la reelección de los magistrados liberales en el Consejo Supremo Electoral a quienes responsabilizan por la pérdida del diputado 26 en las elecciones de la circunscripción de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.

Esto provocó una áspera reunión del Comité Ejecutivo Nacional, a la que fueron los magistrados José Marenco y René Herrera, calificada de “sumamente franca”, comentó una fuente.

El contenido de la sesión no fue divulgado oficialmente.

El Plan B de los sandinistas

Mientras tanto, fuentes políticas dijeron que los diputados Rodríguez y Quiñónez agregaron al listado de “intocables” de las bancadas del PLC y ALN al diputado Eduardo Montealegre a quien impondrán, al final de esta semana, una resolución de responsabilidad penal por la Contraloría General de la República a causa de la emisión y uso de los Cenis.

Fuentes de la CGR dijeron que “están cerca de la unanimidad” para imponer esa presunción a los ex directivos del Banco Central de Nicaragua y al ex ministro de Hacienda.

Diputados de las bancadas de ALN y PLC, esta última representada por Quiñónez y Rodríguez, estarían apoyando el cerco de protección a Montealegre para evitar su desafuero, ante la cada vez más cercana posibilidad de que el ex candidato presidencial sea enviado a los tribunales.

Sin embargo, la fuente política dijo que los sandinistas tienen un Plan B que acabaría con la carrera política de Montealegre sin necesidad de victimizarlo con la presunción de una pena carcelaria.

Basta, explicó el informante, con la imposición de glosas y un juicio civil en su contra para sacarlo del juego.

Los daños estimados por los expertos que causó el uso de los Cenis al patrimonio nacional es de 500 millones de dólares de tal manera que una sanción equivalente al 7% ú 8% de esa cantidad le sería imposible de cumplir al presidente de ALN.

Además, un juicio civil en su contra tardaría años y nadie con una causa pendiente en los tribunales puede ser candidato presidencial o para alcalde.

Montealegre tiene el respaldo del PLC para ser el candidato a alcalde de Managua de un liberalismo reunido, y el “tiro” de los sandinistas sería inhibirlo con un sistema más sofisticado: un largo juicio civil y glosas de reclamo por más de $35 millones de dólares.