¿Dónde está el poder del pueblo?

Por Hamlett
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Para responder a la pregunta hay que establecer algunas premisas básicas. Primero, el sandinismo no permitirá que Ana Quiroz, presidenta de la Coordinadora Civil continúe siendo el “portavoz” de la sociedad civil; segundo, el Conpes, si sobrevive, no estará compuesto por el arco iris de organismos que encabeza el COSEP y que además integran el Movimiento por Nicaragua o el Movimiento de Mujeres Autónomos, por ejemplo, o la Comisión de Derechos Humanos que dirige Marcos Carmona. Tercero, el Frente Sandinista tiene un concepto muy diferente de la “participación ciudadana” del que han tenido los dos últimos gobiernos y los organismos financieros internacionales.

Rosario Murillo, responsable del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dio la pauta para pensar que el gobierno tomará otro camino porque –dijo ella- Daniel Ortega conduce un “un gobierno que representa los intereses de todos los nicaragüenses, pero que tiene una filosofía, una perspectiva, una visión y un contenido distinto”.

Explicó una de las tareas del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, a su cargo: “Queremos trabajar para que cada ciudadano y ciudadana nicaragüense conozca sus derechos constitucionales y pueda ejercerlos. Eso es lo que verdaderamente representa la construcción de Ciudadanía y Democracia; que podamos vivir en un país donde, cada persona, tiene conciencia plena de sus derechos y sabe cómo ejercerlos”.

En resumen, la “sociedad civil” versus “el poder de la ciudadanía” o “poder popular” es la próxima batalla que veremos en la cartelera política.

Vacío de poder

Los sandinistas tienen un reto ante sí: llenar el vacío de poder que les heredó Enrique Bolaños Geyer, y el propio. Es decir, demostrarle al 62% de la población que no votó por el FSLN, que ahora son gobierno y que no les temblará la mano para ejercer toda la autoridad que puedan.

Las primeras acciones presidenciales así lo demuestran, desde el “asalto” al Olof Palme, el descarte de la Casa Presidencial, la formación de los concejos de ciudadanía hasta la barrida en la Policía Nacional.

En el caldo de estas medidas, que son constitucional y jurídicamente del resorte del presidente de la república, hay una preocupación por la desventaja que tienen en algunos poderes, como en la Asamblea Nacional, que en dos ocasiones, en menos de quince días, lograron cambiar “algo” de las propuestas del mandatario.

Pero, como bien decía en el plenario del Parlamento el flamante asesor presidencial, Bayardo Arce Castaño, hay tantos concejos y leyes creadas –hasta ahora- para facilitar la participación ciudadana que resulta innecesario seguir creando más.

La participación ciudadana

Tenemos, por ejemplo, la ley de Participación Ciudadana, cuyo contenido y alcance es suficiente para organizar al pueblo a la medida del FSLN. Entonces, ¿para qué crear los nuevos concejos de ciudadanía? ¿Es un prurito de los revolucionarios porque esa ley fue creada bajo la óptica de gobiernos burgueses?

El artículo 7 de la Constitución Política dice que Nicaragua goza de una república “democrática y participativa”. Todos entendemos que la Asamblea Nacional es la representación básica del concepto, aunque hay muchos más foros en los que se expresan organismos e instituciones, que tampoco nadie sabe cómo se constituyen en voceras del pueblo.

El artículo 50 de la Carta Magna agrega que el Estado garantizará la participación del ciudadano en condiciones de igualdad en los asuntos públicos y nacionales. Que si este artículo es cumplido o no, eso puede determinarse mediante una buena auditoría social.

Ahora veamos el artículo uno de la ley de Participación Ciudadana que define como su objetivo básico: “…promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la libertad y la democracia participativa y representativa, establecido en la Constitución Política de la República”.

Es tan amplia la definición que permite cualquier concepto y formulación acerca de esa participación política. Es más, Rosario Murillo pudo haberla usado como base para la creación de esos concejos sin necesidad de desgastarse en la Asamblea Nacional. Bastaba un reglamento hecho por la presidencia de la república y su publicación en La Gaceta.

Por el uso racional del poder

Entonces, ¿qué nos quiere decir el presidente Ortega? El mensaje básico es que usará el ciento por ciento de su poder y el que comparte en otros poderes del Estado, para unirlo al de las masas organizadas a su manera para desarrollar su propio concepto del Estado y su dirección.

Que la construcción de este proyecto genere contradicciones o anticuerpos en el resto de la sociedad es el reto principal de quienes están en la otra acera de las organizaciones democráticas: evitar que Nicaragua salga de su cauce.

El retorno de Ortega tiene asustadas a muchas personas que han acuñado la amable palabra “incertidumbre” para explicar sus temores. Pero, en beneficio del gobernante debemos decir que está demostrando madurez en sus primeros quince días de gobierno aunque su silencio y primeras acciones, como los acuerdos secretos con Venezuela e Irán, no sostengan la afirmación con la que cierro mi columna.