Sociedad Civil pide diálogo al gobierno

• Dura crítica a la “concentración de poder” y los consejos de ciudadanía
  
• Reclaman divulgación de programa económico y acuerdos internacionales
  

Redacción Central
Trinchera de la Noticia

	Georgina Muñoz.

Georgina Muñoz, dirigente de la Coordinadora Civil, reclamó también a los poderes del Estado que se despojen de los megasalarios, la reducción del número de magistrados, asesores, consultores y la eliminación de las exoneraciones fiscales para los diputados y altos funcionario.

Muñoz pidió al gobierno que la lucha contra la corrupción no quede en la denuncia y que haga uso de la Contraloría y Fiscalía para llegar al fondo de los delitos denunciados.

Mario Quintana, miembro de la Coordinadora Civil, pidió al gobierno que divulguen el contenido del plan económico para que “sea consensuado con los sectores” así como los convenios firmados con Venezuela, Irán y otros países.

Reclamó que “las negociaciones sean públicas y no secreto de Estado como han sido históricamente”.

En un documento distribuido a los periodistas, la Coordinadora Civil ha reafirmado “su autonomía e independencia de gobiernos, partidos políticos, grupos económicos, religiosos y de la cooperación”.

Aseguran que “seguiremos acompañando” a los “ciudadanos informados y empoderados” en la “construcción de ciudadanía activa para la incidencia en políticas públicas”.

El pronunciamiento pide que se “reestructure la onerosa deuda pública interna y se impulse una reforma tributaria que eleve la eficiencia y progresividad del sistema tributario”.

Crítican formación de consejos

La Coordinadora Civil condicionó el apoyo al gobierno, entes autónomos y poderes del Estado cuando sus acciones sean “en beneficio del país, de la ciudadanía, movilizándonos en contra de la violación de los derechos humanos contenidos en convenios internacionales, Constitución de la república y leyes del país”.

Sin embargo, expresan en el documento algunas preocupaciones como “la fragilidad de la institucionalidad democrática del país, en cuanto a la aplicación de reformas a leyes fundamentales como la Ley 290… la creación de consejos de participación ciudadana que compiten con el marco jurídico de participación establecida en el país”.

Agregan que “este tipo de reformas al marco jurídico de la participación tiene sus antecedentes en acuerdos y pactos ante diferentes fuerzas políticas que promueven la partidarización de los poderes del Estado”.

La Coordinadora Civil señala su preocupación por “la tendencia de concentrar el poder y las decisiones desde los entes gubernamentales”.

Añaden su temor porque “se ponga en peligro la institucionalidad y la profesionalización del Ejército y de la Policía Nacional, desarrollando acciones, como en las zonas francas, que ponen en riesgo la integridad física de los ciudadanos y la estabilidad del país”.