Fiallos burló a Contraloría

• “Astilleros” salvadoreños no son reconocidos por Lloyd´s de Londres
  
• EPN no podrá reasegurarlos, cosa que afectará calificación de Puerto Corinto
  
• Hasta pago del IVA autorizó ex presidente de Portuaria

Redacción Central
Trinchera de la Noticia

Nuevos hallazgos de corrupción en el acuerdo suscrito entre Alejandro Fiallos Navarro, ex presidente de la Empresa Portuaria Nacional, EPN, y, la salvadoreña Proyectos de Ingeniería Electromecánica, S. A. (PRINEL), para reparar dos remolcadores de Puerto Sandino, fueron denunciados ayer por fuentes fidedignas.

Las nuevas evidencias confirman que la Contraloría General de la República fue engañada por Fiallos Navarro, cuando solicitó la exclusión de procedimientos para contratar directamente los trabajos de reparación de los remolcadores, por supuesta falta de capacidad en el país.

Además, de que el ex funcionario contrató a una empresa extranjera que nunca se ha dedicado a ofrecer este tipo de servicios se ha comprobado que PRINEL tiene una dudosa reputación entre la empresa privada de El Salvador.

Esos hallazgos confirman, por ejemplo, que las culatas de los motores diesel, motores de arranque y accesorios de las naves, y que según el contrato original serían reemplazados por unidades nuevas, sólo fueron rectificados y en Nicaragua, en los Talleres de la Nicaragua Machinery Company (NIMAC).

El contrato firmado por Fiallos ha sido calificado como “escandaloso” por los técnicos de EPN y sindicalistas que han constatado las irregularidades.

La burla en detalle

Los remolcadores “Rubén Darío” y “Rolando Calderón”, de servicio en Puerto Corinto y Sandino, respectivamente, los que se encuentran atracados en las instalaciones pesqueras de Cutuco, El Salvador.

El perjuicio económico para EPN y la burla al Consejo Superior de la CGR consiste en que esos dos remolcadores, aunque fuesen reparados “con todas las de ley” por PRINEL no podrán ser reasegurados por la empresa Lloyd de Londres, que es a la que recurren -en estos casos- todas las compañías locales a las que les adjudican los seguros de los equipos portuarios, por que PRINEL no está registrado en los archivos de la reaseguradora como un astillero confiable.

Personal de la Dirección de Mantenimiento Portuario de la EPN enviaron a Trinchera de la Noticia un informe señalando que la cantidad autorizada por la CGR para la reparación de los dos remolcadores, US$736,866.04, “debe interpretarse como el tope de lo que puede gastarse”, porque aunque “normalmente se presupuestan muchos posibles trabajos a la hora llegada, cuando suben el barco al dique seco, suelen descatarse reparaciones que no son necesarias”, señalan.

Generalmente, la reparación de los remolcadores del país fueron encargados a los astilleros Braswell, de Panamá, que están debidamente registrados con la reaseguradora Lloyd de Londres.

Lo mismo ocurre con el Astillero Corsain, de Cutuco, El Salvador.

Los gastos “menudos”

Fiallos además incluyó en el contrato cláusulas inverosímiles como someterse a las leyes de El Salvador y que la Portuaria asumiera el pago del 10.5% del valor del contrato en concepto de IVA. Es la primera ocasión que una empresa del Estado nicaragüense asume parte de ese pago.

En las negociaciones posteriores a la firma del contrato, y a espaldas de la Contraloría, Fiallos autorizó cambios que incrementaron el costo de las reparaciones en $250 mil dólares.

A ello hay que sumarle el pago diario de US$408.00 por cada remolcador fondeado en aguas salvadoreñas; el pago de salarios, viáticos y desplazamiento del personal de las dos naves.

El atraso en la entrega de los remolcadores ya supera los dos meses a causa de los problemas que PRINEL tiene en El Salvador con sus proveedores. Mientras tanto, EPN sigue cubriendo esos gastos.

Además, engañaron a la Contraloría General de la República, sobre el hecho que la cantidad autorizada para el pago de esas reparaciones es tope y no pueden sobrepasarla.

También informaron que las tripulaciones de los remolcadores de EPN, son trabajadores sindicalizados cubiertos por convenios colectivos de trabajo, que les garantiza el pago de sus salarios normales, viáticos y gastos de desplazamiento, todo lo cual aumenta el costo total de la obra, por el tiempo que llevan fuera del país.