Año 8 No. 1879 Jueves 12 de Julio del 2007 Managua, Nicaragua



El informe de Aminta

Fuentes bien informadas nos dijeron que la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera Sacasa, se reunió en privado con el presidente Daniel Ortega, a quien hizo una apasionada y vehemente exposición sobre el combate al narcotráfico y los reveses que ellos, y la Fiscalía, obtienen constantemente en los juzgados.

La reunión tiene varios elementos interesantes de resaltar: primero, fue un domingo en horas avanzadas y con carácter de emergencia; segundo, fue a solas y la primera comisionada Granera Sacasa llevó mucha “información privilegiada” para mostrársela a Ortega; tercero, el gobernante reaccionó rápidamente y movió sus influencias para suspender a los magistrados de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua.

Por Hamlett
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En términos globales fue una decisión exitosa del gobernante ya que la suspensión logró el consenso absoluto de instituciones y sectores de la nación. Desde los medios que le critican, magistrados, formadores de opinión pública, policías y militares respaldaron la decisión convirtiéndose en uno de los escasos momentos en que el sandinismo logra unir a la nación alrededor de un tema.

Hace poco Ortega logró otro éxito que no pudo completar por diversos factores, me refiero al tema energético. El mandatario accionó un poco tarde y de forma incompleta. Aún así fue un buen paso en la dirección correcta.

Volviendo al tema. En los días siguientes, oficiales claves de la Policía Nacional se reunieron con magistrados del Poder Judicial para entregarles evidencias presuntamente comprometedoras para algunos magistrados y jueces de la república. Una rara ocasión en que la Policía Nacional abre los archivos de inteligencia para compartir con las autoridades.

¿Perdiendo entusiasmo?

Paralelamente vimos al jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Hallesleven Acevedo, reuniéndose con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez Sevilla, para hablar del combate a la narcoactividad.

Hallesleven expresó su temor de se pierda el entusiasmo entre los soldados y oficiales de campo que luchan sin cansancio contra este flagelo y que ven cómo se diluye su trabajo en la oficina de un tribunal.

Por supuesto, la responsabilidad es de todos, porque los jueces actúan conforme a las leyes y aún nadie ha cambiado el espíritu de la Constitución que establece la inocencia de la persona hasta que se demuestre lo contrario y que el sistema judicial protege los derechos individuales y sociales.

Y la inocencia o culpabilidad sólo la determinan los jueces.

Sin embargo, la certeza de que nos acercamos velozmente a un enfrentamiento entre las autoridades de seguridad con los carteles de la droga, y que será escalonado, está en el ambiente.

La batalla no será fácil

La organización, cada vez más compleja de estos grupos delincuenciales, el involucramiento creciente de individuos en sus operaciones, los considerables golpes de la policía y el ejército son el caldo de cultivo de una batalla de grandes dimensiones.

De allí que el Ejecutivo debe dar un paso adelante organizando y articulando a las fuerzas nacionales en este combate. Seis meses después, el gobierno aún no muestra una vocación de trabajo en equipo. Ortega llenó de esperanzas al país cuando, recién llegado, fue hasta la Asamblea Nacional a pedir los votos de las bancadas para aprobar la ley Marco.

¿Recuerdan el rostro muy atento de Eduardo Montealegre frente al presidente de la república, ante el semi vacío de otras bancadas?

Pero, Ortega volvió a encerrarse, y cada día lo hace mucho más, en su casa-secretaría-presidencia y no volvió al Parlamento.

En cuanto al combate a la narcoactividad, el gobierno debe mostrar los músculos del estado nacional frente a esa amenaza y aún con aquellos presuntos aliados que suelen meter leña al fuego, de acuerdo a sus conveniencias.

Es saludable que la nación lo vea reunido con los mandos de la Policía y el Ejército, magistrados del Poder Judicial, Fiscalía, Procuraduría, asociaciones de jueces y magistrados, organizaciones de abogados, entre otras instituciones, y organizar –como lo hizo en el caso de la energía- los recursos y armonizar voluntades para ofrecer un frente sólido a esta amenaza.

Lo más adecuado sería comenzar con una reunión de los presidentes de los poderes estatales, una práctica de las administraciones Chamorro y Alemán, que suspendió Enrique Bolaños Geyer por su vocación de pelearse con todo el mundo.

Cambiar estilo de gobierno

Claro, esto no es de solo reuniones. La Policía y el Ejército necesitan apoyo, desde una mejoría salarial para los agentes y soldados, hasta helicópteros y aviones rápidos. Los jueces y magistrados necesitan protección real y las autoridades de los penales la garantía de que podrán cumplir el mandato de mantener encerrados a los responsables de violar la ley.

Además, este es un estilo de gobierno que le evitaría muchos problemas a Ortega. Lo venimos diciendo hace rato, la próxima emergencia de carácter nacional será la consecuencia del irregular invierno 2007.

Una parte considerable de la cosecha de primera se perdió y por ese mismo rumbo va la de postrera. Eso significa hambruna en muchas partes y esa posibilidad está a la vuelta de la esquina.


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