Conflicto por tierras costeras

• Familia Abohasen de León teme perder más terreno a causa de anunciada refinería
  
• Alcaldía de Nagarote, magistrado y militares se apropiaron de terrenos en Miramar
  
• Guardas armados con fusiles de combate tensan situación entre dueños y ocupantes
  

Redacción Central
Trinchera de la Noticia

La familia Abohasen de León tiene razones para temer que su finca, San José de Limón, pierda una buena parte de sus 830 manzanas de extensión, que incluyen 20 frente a las costas de Miramar, en el Pacífico, además de lo que ya ha perdido a causa de las invasiones y ocupaciones ilegales que ha sufrido en los últimos años cuando la Alcaldía de Nagarote resolvió aplicar, con el apoyo de los jueces, una arcaica ley agraria de 1917.

Según la ley, los municipios y el Estado tienen derecho sobre una latitud, franja, de dos kilómetros, de las costas del país.

La alcaldía de Nagarote, resolvió, además, entregar a particulares, lotes de terreno frente al mar pese a que los tribunales y la Procuraduría aún no se pronuncian sobre el reclamo de la familia Abohasen.

Entre los beneficiados por la Alcaldía, que controla el FSLN, está la esposa de un magistrado del Poder Judicial, oficiales del Ejército y profesionales.

La información pública es que la refinería de petróleo del gobierno de Nicaragua será construida en Puerto Sandino en donde el Estado, ni la Alcaldía de Nagarote, tienen terrenos en cantidad suficiente para la gigantesca planta.

La única forma en que el gobierno puede conseguir las tierras necesarias para la edificación sería comprándolas o declarándolas de utilidad pública, sinónimo de confiscación. Y casualmente la única finca que tiene la extensión y ubicación es la de don José Abohasen Narah y sus hijos, dueños de San José del Limón. De allí su principal temor aunque no es la única fuente de preocupaciones.

La rica propiedad viene siendo objeto de una especie de “depredación“, desde hace varios años cuando la Alcaldía de Nagarote tomó parte de las tierras de la finca.

Según miembros de la familia que visitaron la redacción de Trinchera de la Noticia, el conflicto fue aprovechado por diversas personas para tomar lotes por su cuenta, apoyándose en la falta de protección de las autoriddes.

Las propiedades invadidas, en poder de personas armadas, incluyen dos salineras de los Abohasen.

Entre las personas -mencionadas por los dueños- que recibieron terrenos de la Alcaldía está la esposa del magistrado del Poder Judicial, Armengol Cuadra, Guadalupe Pineda Chamorro, ex Miss Nicaragua 1979, oficiales del Ejército de Nicaragua y dirigentes del FSLN. Inclusive mostraron fotografías de una casa de playa, aún en construcción, que pertenecería a la familia del magistrado Cuadra, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Un poco de historia

	Las fotos muestran la casa de playa en construcción, el medidor de energía instalado por los ocupantes de la vivienda.

En 1980, los revolucionarios sandinistas confiscaron el reparto El Velero y lo entregó al Seguro Social. Las nuevas autoridades del INSS negociaron con Abohasen Nahra quien pidió acciones del Velero a cambio de los terrenos que él poseía en el balneario.

Una parte de la finca fue vendida para construir la instalaciones de la Esso en Puerto Sandino, otra para las instalaciones de la generadora eléctrica Censa-Amfels y la planta de Tizcuco. Luego, deslindó la propiedad entre sus hijos y herederos.

Pero los problemas del finquero arreciaron hace dos años y se han incrementado en 2007 con nuevas invasiones y la intransigente posición del alcalde de Nagarote, Felipe Reyes Chávez.

La familia también denunció que oficiales del Ejército han ocupado una faja considerable cerca de las costas con la presunta intención de construir una Marina, sin el permiso de los dueños y aparentemente con la “autorización” de la Alcaldía.

La familia mencionó al mayor Pablo Corea como uno de los protagonistas de esta grave situación. Hombres armados con armas de guerra, uniformados de camuflaje y verde olivo, custodian algunas de las propiedades tomadas por la fuerza.

También apareció un constructor de nombre Marvin Castillo con un lote de terreno costero contiguo a otros que ocupan altos funcionarios del Estado.

Jueces sin autoridad

La familia Abohasen, dijeron a nuestros reporteros, pidió a la Procuraduría General de la República una certificación de la propiedad lo que ordenó hacer la Dra. Magali Bravo a la delegación de León del Catastro.

Sin embargo, por presiones de los invasores las inspecciones de las autoridades y aún las disposiciones de los jueces departamentales han sido incumplidas.

Es el caso de la jueza Cuadra de León a quien una orden superior le impidió ejecutar una sentencia que protegía los derechos de los poseedores. La judicial habría sido llamada a presentar un informe ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia.