“La única que ha violado los derechos humanos del pueblo costeño son Rosario Murillo y el presidente Daniel Ortega” porque “nosotros no llegamos a imponer nuestra voluntad sino que a escuchar. Ella es la única que no quiere se escuche la voz del pueblo”, dijo ayer indignado el diputado José Pallais, presidente de la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional al ser consultada su opinión sobre los comentarios de la primera dama.

Murillo acusó a los diputados liberales Pallais, Víctor Duarte y Enrique Quiñónez de haber violado los derechos de los habitantes de la Costa cuando fueron a la Costa a entrevistarse con los sectores que piden elecciones y los que no están de acuerdo con los celebrar comicios en noviembre próximo.

Murillo justificó la violencia asegurando que fue una reacción a la visita de los parlamentarios.

Según Pallais, la decisión del CSE “debe ser revertida” ya que “es una violación flagrante a la Cn. Y más grave aún porque atenta contra la esencia de la democracia misma. No puede haber democracia sin elecciones. La decisión afecta por igual la periodicidad electoral y es además grave que el CSE se quiera arrogar facultad para elegir sustituyendo al pueblo votante”.

Anunció que “como PLC vamos a hacer uso de todos los mecanismos judicial y político para poner fin a la arbitrariedad, nula y carente de legitimidad”. Pallais dijo que “la resolución es una burda manipulación del derecho”.

Aunque la Constitución establece que no caben recursos a las resoluciones del CSE, el parlamentario liberal dijo que “van a presentarse algunos recursos ante la Corte Suprema y todas las medidas políticas dentro de la no violencia y dentro de la ley”.

Afectados deben recurrir

Pallais dijo que a los candidatos a alcaldes, vicealcaldes, concejales, ciudadanos y partidos políticos “corresponde presentar recursos de amparo” ya que la función del Consejo “es organizar y regular las elecciones y la materia electoral que es el conteo de los votos. Éste ganó o éste no ganó. Suspender las elecciones en un municipio no es materia electoral y por el contrario es una vio9lación a los derechos humanos”.

En cuanto a recurrir a organismos internacionales, como la OEA, Pallais, quien fue vicecanciller de la república, dijo que “primero hay que agotar las vías internas, todos los mecanismos políticos y jurídicos que establecen nuestras leyes para revertir esta barbaridad” y sólo “si fracasa esto entonces vamos a denunciar ante la OEA la violación de la Carta Democrática”.

No descartó esta acción porque “somos signatarios de acuerdos internacionales” y porque “al salirse del cauce democrático, el Consejo amenaza la seguridad de Centroamérica, amenaza la paz de la región por sus implicaciones regionales”.

A la acción

Pallais dijo que en la reunión del CEN del PLC celebrada ayer acordaron pasar “de la reacción a la acción”, una de ellas “usar la trinchera de la Asamblea Nacional para impulsar medidas que pongan fin a esta violación constitucional, para que se restablezca la legalidad”.

Agregó que “vamos a hacer presión al Ejecutivo, con todas las posibilidades que nos da la democracia” incluyendo mantener congelada la discusiones de leyes enviadas por el Ejecutivo.

“Vamos a tomar la agenda del parlamento en defensa de la democracia”, agregando que “vamos a hacer uso de todos los métodos pacíficos” como es la discusión de una ley cuyo objetivo será obligar al Consejo Supremo Electoral a realizar las elecciones en esos tres municipios costeños.

Pallais advirtió a los magistrados del Consejo Supremo Electoral que aprobaron la resolución que “están violentando la Constitución y haciéndose responsable de la comisión de delitos contra la Constitución”.

Expuestos a un atentado

El diputado liberal reiteró su rechazo a las declaraciones de Murillo ya que “ella es la única que ha violado los derechos humanos junto al presidente Daniel Ortega. Ella es la única que no quiere se escuche la voz del pueblo”.

Recordó que la instigación de funcionarios del gobierno, que hoy son respaldados por Murillo y su esposo, los expuso ante un atentado. “Fuimos cercados por funcionarios de gobierno que fueron convocados por carta por sus jefes para que no nos dejaran tomar contacto con el pueblo”.

Concluyó que “turbas sandinistas nos atacaron para no dejarnos salir”.