Muchos apostaron a que la “visita” del representante del Fondo Monetario Internacional a la sede del Banco de la Producción (BANPRO), donde se encontraba atrincherado el juez Julio César Arias, sería una señal a tomar en cuenta por parte del gobierno.

Pero una vez más, se demostró que prevalece aquel refrán que dice “esta es mi mula y en ella me monto” y el caso de los Certificados Negociables se ha enredado aún más con evidentes intenciones políticas.

El señor Humberto Arbulú, quien ayer se reunió con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), matizó su discurso y se excusó de contestar situaciones que llamó hipotéticas.

Pero fue bien claro en decir que “cero dinero” sino se aprueba la Ley Antifraude, aunque en el caso de los Cenis, cree que imperará la negociación entre las dos partes.

Ello significa que el país dejaría de recibir 16 millones de dólares de manera inmediata y otros 20 millones de un donante que Arbulú no identificó pero que aseguró no está dispuesto a desembolsarlos si Nicaragua sale del programa con el FMI.

Según el funcionario, a mayo de este año, Nicaragua debería de completar la revisión del programa y recibir las cantidades antes apuntadas.

Indicó que el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales le aseguró que la ley estaría aprobada en abril pero después vino la crisis política en la que está inmerso el país.

Arbulú aclaró que fue el gobierno de Nicaragua el que propuso la aprobación de la ley en vista de que al FMI le interesa se ordene el sector energético.

El representante del organismo financiero fue categórico en decir que al FMI le interesan la gobernabilidad y la estabilidad macroeconómica de Nicaragua y que la una está ligada a la otra.

“Si la ley se aprueba en pocas semanas, todo estaría bien”, indicó Arbulú.

El representante del FMI dijo confiar en la negociación que el gobierno tiene con los bancos y obvió el tema del pretendido secuestro de los bonos que pretende hacer un juez.

Indicó que se presentó al BANPRO para platicar con sus amigos sobre la situación y que el gobierno le ha manifestado que tratan de conseguir mejores tasas de interés y un mayor plazo para pagar los Cenis.

Dijo que hay muchas alternativas para solucionar el conflicto como establecer un período de gracia como pagar solo los intereses por dos años.

“Que la decisión de no pagar resulte de una negociación voluntaria de las dos partes”, dijo.

El ex presidente del Banco Central de Nicaragua y asesor legal del BANPRO, Evenor Taboada, recordó que todo este escándalo dejará una mala imagen del país y del Banco Central de Nicaragua que seguramente de ahora en adelante tendrá más problemas en colocar los Cenis.

Taboada dijo estar sorprendido por la acción judicial porque no hay una acusación ni etapa penal abierta contra el banco que representa y sobre todo porque las negociaciones estaban bien avanzadas.

Indicó que el monto que recibiría el BANPRO es relativamente pequeño y no afecta para nada la estabilidad del Sistema Financiero Nacional.

“La afectación de la imagen del gobierno es lo más grave, creo que debe prevalecer que por bien del país, se debe negociar”, indicó.

Los médicos también decidieron protestar por el incumplimiento del acuerdo de ir equiparando su salario al resto de sus colegas en Centroamérica.

El dirigente de los Médicos Pro Salario, Elio Artola, dijo que están siendo objeto de una serie de arbitrariedades por parte del nuevo gobierno como no cumplir con el convenio colectivo y el despido de dos colegas en el hospital La Mascota.

Uno de los despedidos es el único radiólogo con especialidad en niños y el doctor Carlos Duarte, también está siendo amenazado.

Los médicos anunciaron que interrumpirán la consulta externa y la llamada ruta crítica a nivel nacional para ser escuchados por el ministro de Salud, que ha ignorado varias cartas que les han enviado.

El magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, restó importancia a la marcha que organizó el Movimiento por Nicaragua la que fue acompañada por dirigentes políticos de oposición.

Los manifestantes ni siquiera pudieron acercarse al edificio del CSE porque un cordón policial, pocas veces visto en los últimos meses, se los impidió.

El magistrado Rivas afirmó que la marcha no tenía ninguna razón y que quizás solo querían hacer bulla.

“Aunque es un mecanismo de la democracia, del que yo mismo he hecho uso”, dijo.

El funcionario electoral, reveló que había recibido una carta del candidato a la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, en la que pedía un encuentro para abordar algunos temas.

Indicó que está dispuesto a atenderlo pero sin algunos de los “agregados” que aparecían en la carta como un “conocido presentador de televisión, del que se ha hablado en los últimos días” y un reconocido dirigente del Movimiento por Nicaragua.

“Le respondí que recibiría a los representantes de los partidos políticos nada más porque recibir al Movimiento por Nicaragua, sería reconocer un movimiento que no está registrado en el ministerio de Gobernación”, señaló.

Rivas afirmó que éste es un movimiento inexistente legalmente que usan recursos quien sabe de donde y se ha dedicado a boicotear el trabajo del tribunal electoral.

Un grupo de ciudadanos costeños acompañados de dirigentes políticos insistió en la marcha de protesta organizada ayer, se realicen las elecciones el 2 de noviembre tal como estaba previsto.

“Queremos votar y cambiar a las autoridades” y “elecciones, elecciones”, coreaba el grupo al que acompañó el candidato a la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, el diputado Enrique Quiñónez, Enrique Sáenz y Eliseo Núñez Morales.

Quiñónez expresó que el gobierno quiere cercenar el derecho del pueblo de la costa caribe norte y que quien siembra vientos, cosecha tempestades, en alusión a lo que podría ocurrir si se insiste en impedir la votación.

El diputado del Movimiento Renovador Sandinista, Enrique Sáenz, afirmó que se debe defender el derecho del pueblo costeño y resistir a la dictadura que se nos quiere imponer.

Durante la marcha, el diputado Eliseo Núñez Morales tuvo un altercado con el candidato de ALN en uno de los municipios del caribe norte. Los dos se reclamaron fuertemente pero el caso no pasó a más.

El legislador liberal, Maximino Rodríguez dijo que espera que el CSE explique porque si hará una verificación en la zona, no puede realizar las elecciones.

“Lo que pasa es que no quieren elecciones por el negocio de la madera. Les dan 10 dólares a los dueños de la madera y ellos se quedan con 100 por cada árbol, es un negocio que tienen con Venezuela y no quieren que se les caiga cambiando autoridades”, dijo Rodríguez.

El parlamentario, José Pallais, dijo que los donantes están interesados en las elecciones, negando así la afirmación de algunos dirigentes sandinistas de la RAAN, que alegan que celebrando los comicios, da la impresión de que no todo está bien y nos les vendrá ayuda.

“Más bien la comunidad internacional quiere que haya elecciones porque a un país en dictadura y sin elecciones no le dan ayuda”, afirmó.

Pallais, confirmó que hay una estrategia judicial, política y legislativa para que el CSE cumpla con su deber que es organizar las elecciones para que se fortalezca la democracia.

Indicó que en el plano político, los candidatos harán su labor en los lugares donde van a correr como alcaldes y ellos no aceptarán leyes que sean enviadas por el ejecutivo.

“Los nicaragüenses hemos sufrido ya de una dictadura para permitir que autoridades no electas por el pueblo, tomen las riendas, eso es atacar el corazón de la democracia”, indicó.

Agregó que llegar a esos niveles, sería igualar a las monarquías o al autoritarismo de los años 80. “Este es no es temor banal, sino el peligro de que se rompa la esencia de la democracia”, apuntó.

La mayoría de los costeños que ayer marcharon en Managua, acusaron al dirigente de Yátama y aliado del FSLN, Brookyln Rivera de ser el autor intelectual de los actos violentos que se dieron la semana pasada, en el que resultaron varias personas heridas.