El Ministerio Público, los Jueces de Distrito Civil y de Distrito Penal de Audiencia, la coordinadora de las Oficinas de Apoyo Procesal del nuevo modelo de gestión de despachos judiciales y el Instituto Nicaragüense de la Mujer, se comprometieron a agilizar decenas de juicios de adopción introducidos por el Ministerio de la Familia que se encuentran pendientes de resolver en los tribunales capitalinos.

El acuerdo surgió durante un encuentro sostenido a solicitud de la ministra de la Familia Rosa Adilia Vizcaya, en la cual se suministró a los jueces un listado de los juicios que están en trámite. “Hemos promovido este esfuerzo de colaboración desde el ambito del interés de este ministerio por que se garantice el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia”, señaló Vizcaya.

“Hemos convocado a este encuentro de coordinación y articulación entre esta institucion que es la que tutela los derechos de la niñez y adolescencia y los operadores de justicia, para que estos derechos realmente se ejerciten. Estamos preocupados por la gran cantidad de casos sin resolver ya que tenemos la demanda de los padres de familia y la población que percibe como que si no estuviéramos velando por la tutela de esos derechos”, dijo la ministra.

“Fue una reunión bastante fructífera porque miramos el fondo de los problemas que existían con respecto a los juicios de total desamparo a favor de niños abandonados que han sido introducidos por el Ministerio de la Familia. Nos pusimos de acuerdo para buscr la forma de agilizar todos estos juicios, ya que existen muchos niños que quieren ser adoptados, pero primero tienen que ser declarados en total desamparo para luego realizarse el juicio de adopción”, declaró el juez Cuarto de Distrito Civil Néstor Catillo Vanegas.

Vizcaya citó algunos casos concretos, como el de un niño que cuando tenía ocho años se inició al proceso de adopción y a la fecha tiene 16 años sin haber sido adoptado. No se trata de que se esté violando el Código de la Niñez, “los jueces están aplicando lo que a ellos les corresponde en materia legal desde el punto de vista del código de procedimiento civil, pero debemos articular y trabajar de manera coordinada para que encontremos entre las dos instituciones mecanismos que nos lleven a tutelar de manera efectiva los derechos de la niñez”, señaló la funcionaria.