Los conservadores se quedan con su candidato Mauricio Mendieta Herdocia, quien fue impugnado por Luciano García, Javier Vallejos, Julio Ruiz Quezada y Eduardo Chamorro Coronel argumentando que no era miembro de ese partido.

Los comentarios entre la población giran alrededor de la posposición de elecciones y la violación a las leyes por el poder electoral.

Luís Benavides, magistrado del CSE, alegó en su oportunidad que ese poder no está facultado para suspender las elecciones.

Ya salió la publicación oficial de candidatos a concejales, suplentes, alcaldes y vice alcaldes, pero obviaron a los tres municipios en disputa Puerto Cabezas, Waspan y Prinzapolka.

Al consultarle al doctor Benavides Romero dijo que no los tomaron en cuenta para hacer el listado porque ellos (magistrados sandinistas) están dispuestos a no hacer elecciones. Dentro del Concejo Electoral le están dando seguimiento a los pasos que la oposición va tomando para contrarrestar esta medida.

En el Consejo Supremo Electoral esperaban más bulla y gente con la manifestación de protesta del pasado martes que organizó el Movimiento Por Nicaragua, patrocinado por Enrique Bolaños.

Muchas renuncias del PLC llegaron hasta el último día poniendo al partido en una posición difícil para buscar reemplazos y algunas se hicieron fuera de calendario, lo que fue protestado por los partidos políticos.

Hay pocas impugnaciones a candidatos y la mayoría son del PLC.

Las introducidas por ciudadanos particulares no son tomadas en cuenta por diversos factores, solamente se aceptan las de partidos y alianzas políticas.

No las aceptan porque algunas personas al no salir electas, practican la venganza para dañar al postulante haciendo señalamientos de que no vive en el municipio, deudas pendientes, etc.

La impugnación contra Mauricio Mendieta fue declarada sin lugar, así como los argumentos de que no es militante del partido, dijo Benavides.

“Decir que se violentó las leyes internas del Partido Conservador para impugnarlo no es tomado en cuenta porque eso es cuestión estatutaria del partido, nosotros resolvemos los casos electorales con la Constitución y Ley Electoral en la mano”, indicó.

Renuncias aceptadas fueron las que estaban en tiempo y forma, el trabajo fue intenso para que salieran publicadas el día sábado de manera oficial, son miles de personas inscritas en 153 municipios por siete organizaciones.

Los que renunciaron sin ajustarse al calendario electoral no se tomaron en cuenta, porque existen plazos fatales.

No incluir candidatos para Bilwi, Prinzapolka y Waspan, fue determinado por la Oficina de Atención a Partidos Políticos a cargo de Julio Acuña.

Allí se hace el “peinado final”, porque es la oficina que inscribe a candidatos y encargado de mandarlos a publicar. Todo lo hicieron siguiendo instrucciones de la presidencia porque ellos deliberaron no publicar candidatos, esa fue la filosofía que siguieron, allí no participamos los magistrados del PLC, nos opusimos a la resolución, afirmó el magistrado.

No está descartado que el gobierno y el Frente Sandinista por medio de sus organismos de contraataque como los CPC recurran de amparo contra el decreto del poder legislativo y neutralizar la interpretación de la Ley Electoral.

Para Edwin Castro Rivera se requiere de 56 votos pero José Pallais Arana, presidente de la Comisión Jurídica parlamentaria rechazó su posición.

Este decreto lleva como fin obligar a que prevalezca la legalidad y la Constitución y la Ley Electoral está por encima de cualquier arbitrariedad.

Cualquier medida que tome el poder ejecutivo profundiza más una situación que está fuera del marco constitucional, las cuales son clarísimas.

El Consejo Supremo Electoral debe organizar el proceso electoral para el 2 de noviembre, si el gobierno intenta un amparo u otro soporte jurídico, será una leguleyada de la serie de arbitrariedades que han venido incurriendo

Ellos persisten en su actitud de clara violación a la Constitución y las leyes.

Nicaragua con este gobierno se aparta del cauce democrático y eso ha sido tomado en cuenta por organismos regionales e internacionales, lo cual puede generar violencia y confrontación, dijo Pallais.

El diputado no cree que esto llegue al filo de la navaja porque tienen estrategias y campo de acción, tampoco creen que al salir el decreto el gobierno y el CSE mantengan la misma posición.

En el presupuesto general de la republica no se incluyó dinero para verificación, tampoco los magistrados del poder electoral lo solicitaron. Se cree que el argumento será falta de dinero para celebrar elecciones en los municipios del caribe.