“no es posible que en medio de la desgracia que vive el pueblo nicaragüense hayan dos o tres personas o particulares que estén haciendo el negocio de su vida”.

El contralor colegiado Lino Hernández Triguero se quejó ayer de que el gobierno sandinista no da información a las instituciones que lo requieren y aún a la prensa nacional.

“El gobierno no ha asimilado la necesidad de hacer transparente la información que manejan sus funcionarios”, dijo Hernández Triguero quien se quejó de que “no hay una buena oficina de relaciones públicas, no hay quien de información”.

Hernández Triguero dijo que esta es una de las razones que lo ha llevado a proponer a sus colegas de la CGR el inicio de una auditoría a las instituciones involucradas en el acuerdo petrolero con Venezuela, las denuncias de que estamos contrayendo deuda pública no autorizada y las compras de energía al exterior que no han sido autorizadas por la entidad fiscalizadora.

“ENEL no puede endeudar al país sin la autorización de la Asamblea Nacional”, comentó el servidor público, en relación al más reciente anuncio del presidente Daniel Ortega quien dijo que “Albanisa prestará a ENEL” la suma de un millón de dólares para adquirir energía eléctrica en el mercado regional.

El contralor colegiado aseguró que toda compra arriba de un monto especificado en la ley, y este salta muy por encima de lo establecido, debe ser aprobado por la Contraloría. Y si se trata de adquirir deuda pública es resorte de la Asamblea Nacional.

Falta de transparencia

“Lo que no deja de preocuparme es que aparentemente el gobierno no asimila la necesidad de la transparencia de los actos públicos” de sus funcionarios, dijo Hernández Triguero quien agregó que “ellos (el sandinismo) deben recordar que ya no están en la oposición y de acuerdo a la norma ética y jurídica que rige a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, todo acto público está sujeto a control”.

Y en ese rango la fiscalización es de la Contraloría, las instituciones estatales con capacidad jurídica para hacerlo y hasta los organismos no gubernamentales que por medio de la ley pueden pedir información puntual.

El gobierno no sólo viola la ley de acceso a la información sino que las de las entidades, como la CGR, que tienen facultades para solicitar y que se les entreguen los datos que requieran.

Petronic, la llave

Hernández dijo que su intención, al proponer la auditoría, no fue “crear una polémica” pero que “pedir información a empresas en donde hay participación estatal, como Petronic, es parte del desenvolvimiento normal de la Contraloría”.

Insistió que “cualquier institución que maneje fondos del presupuesto en los que el estado tiene intereses debe ser sometido al escrutinio de la Contraloría”.

Dijo que en el ambiente nacional “hay incertidumbre sobre los petrodólares” y “los fondos que producen los anunciados créditos de Venezuela”.

Hernández Triguero comentó que “estoy seguro de que la intención del gobierno venezolano es ayudar a la población nicaragüense pero vemos con preocupación que los precios de los derivados del petróleo en Nicaragua son los más altos de Centroamérica, en otras palabras, la gente se está quejando de que no ve ni siente el presunto beneficio del crédito contratado supuestamente para ayudar al país”.

Ojo con los negociados

Para el contralor colegiado es una obligación iniciar una auditoría a Petronic por sus vinculaciones con Albanisa “de la que se ha dicho es una entidad privada, y que el negocio petrolero es entre privados, pero de todas maneras es bueno aclarar las situaciones”.

Agregó que “desde todo punto de vista es prudente y bueno que la Contraloría pueda ver qué es lo que hay detrás de todo. Y si se trata de empresas particulares habrá que determinarlo. Lo que nos preocupa es la polémica de si se está generando una deuda pública o no”.

En cuanto a la adquisición de deuda pública dijo que su preocupación es que 2si alguna vez es debatida por la Asamblea Nacional se apruebe o no ya sería muy tarde y creo que debe ser vista con tiempo”.

Hernández Triguro insistió que hay mucho dinero en juego, “son decenas de miles de millones de dólares los que están moviéndose y tenemos el compromiso de exigir transparencia”, indicó el contralor Lino Hernández Triguero.