El Poder Ejecutivo se ha adueñado prácticamente del Poder Judicial. En consecuencia, lo que existe es un Poder Ejecutivo que viola la separación de poderes e impone su voluntad en todo aquello que conviene a sus intereses políticos o personales, por la vía judicial, tanto contra nacionales como contra particulares, tanto contra nicaragüenses, como contra extranjeros.

Lo anterior crea una de las peores crisis que pueden presentarse en cualquier nación independiente, civilizada y democrática –como solemos llamarnos eufemísticamente. Lamentablemente, lo anterior inevitablemente conduce hacia la violencia nacional que tanto daño ha hecho a Nicaragua en reciente data como la década de los 80 por el mismo partido que ahora nos desgobierna.

Dichosamente, hombres de correcto proceder y patriotismo se han aliado para detener el atentado anterior en la Asamblea Nacional, con las lamentables actuaciones de políticos que siempre están atentos a sacar ventajas políticas o económicas, sin importarles el bienestar local, regional o nacional del país.

Las iglesias, algunas veces, con sus decepciones negativas y contraproducentes, también se han pronunciado coherentemente, especialmente la católica –mayoritaria en el país- solicitando el mantenimiento de la paz social a través del cumplimiento de las leyes especiales y aquellas emanadas de la paz social.

En este campo particular –y de tanta importancia- no se ha oído, ni una sola vez, reflexión alguna específica de parte del Cardenal Miguel Obando y Bravo, ahora más cerca del presidente Ortega Saavedra y de su familia, como toda la ciudadanía lo sabe. Y a propósito, tampoco se sabe mucho de su labor en el campo de las tierras cedidas en su oportunidad a los excombatientes de la guerra civil de la década de los 80.

El gobierno debe reflexionar y devolver la paz al país –si es posible de inmediato- porque es el que está actuando irregularmente, como lo hemos señalado al principio de este comentario, que no tiene otro propósito de devolver la constitucionalidad al país y que la administración se dedique a la paz, a la tranquilidad, al abastecimiento de los alimentos de primera necesidad que están tan altos y al crecimiento de la economía nacional.

No agravemos más la situación, que nos perjudicamos todos, comenzando por el gobierno. La crisis nacional es real y nacional, no política, ni ficticia.

Creemos que la Asamblea Nacional está actuando adecuadamente y que debe mantenerse firme en el cumplimiento de sus obligaciones oficiales. No está en contra del gobierno, sino –y aunque muchos interesados no lo crean- a su favor, porque están actuando en beneficio de la nación. Hay que tener presente que es obligación de todos salvar al país.

Bien hace la Asamblea Nacional, igualmente, en analizar y pronunciarse en relación a la deuda de nuestro gobierno con el de Venezuela por el suministro del petróleo, pues después de todo, dicha transacción puede convertirse en una deuda astronómica nacional.

Por agregado, al presente el Frente esta dominado por una sola persona, lo cual lo hace mas vulnerable, porque cualquier equivocación política grave, podría volverse fatal en su contra.

La preocupación de los desempleados por parte del gobierno, asume especial gravedad, porque si bien quienes los reponen, – que se suponen son sandinistas obedientes- estaban de alguna manera empleados, en cambio los cesanteados van al desempleo y si en una familia hay por lo menos esposo, esposa y una hija, hay que multiplicarlos por tres el total de los pasados a retiros sin sueldos y en busca de trabajo que cada día escasea más.