.::Trinchera de la Noticia-Al Cierre::.

El problema económico más explosivo que ha tenido el presidente Daniel Ortega en su primer año de gobierno fue la inflación anual de 17%, acelerada por los precios de los alimentos y los combustibles, y las reiteradas afirmaciones de altos cargos públicos desde inicios de noviembre que proyectaban la inflación anual entre 14.5% y 16%, lo cual reactivó la inercia inflacionaria dada la memoria inflacionaria cortoplacista de los agentes económicos del país. Se debe también reconocer que la inflación de 2007 nunca estuvo asociada con problemas monetarios, porque el control de la emisión de dinero ha sido excelente y el las reservas internacionales netas ajustadas del Banco Central superaron un poco más de tres veces la meta de aumento anual de 60 millones de dólares suscrita con el Fondo Monetario Internacional, al observar un incremento de US$194 millones en el transcurso del año pasado.

Los consumidores son los más preocupados en el actual escenario económico nacional, porque a la tasa de inflación anual se agrega el hecho del incremento de precios de la nueva canasta de 53 productos de consumo básico, establecida por el Ministerio del Trabajo desde septiembre recientemente pasado, se incrementó 29% en 2007. El 50% de los ocupados en Nicaragua es asalariado y éste ha visto deteriorado en 12% su poder de compra en 2007, pero el 57% de los ocupados no tiene capacidad para comprar la obsoleta canasta de consumo básico oficial que existió hasta agosto del año pasado.

Además, con base en datos de la IV Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2005, el 65% de las familias nicaragüenses posee un ingreso familiar mensual menor de US$250, pero el costo de la nueva canasta de consumo básico es equivalente a US$420; otro dato preocupante es que el 76% de la población tiene un ingreso per cápita igual o menor de dos dólares, y esta población, con grandes dificultades, puede adquirir la cantidad mínima de alimentos para sobrevivir.

Por otro lado, en el sector gubernamental los trabajadores peores remunerados son los que laboran en los sistemas de salud y educación, además de los miembros de la policía y del ejército, y para ellos es justo y posible que se le reconozca un ajuste salarial del 20% en el presupuesto nacional, pero dicho ajuste tendría que ser financiado con el recorte de gastos en otras partidas presupuestarias para este año. El Fondo Monetario Internacional (FMI) debe estar sólo interesado que no eleven el déficit fiscal antes del registro de las donaciones externas, y que el nuevo gasto salarial tenga financiamiento permanente en los futuros presupuestos. Ahora que el programa económico-financiero suscrito en octubre pasado ha sido elaborado por primera vez por el Gobierno de Nicaragua, la Asamblea Nacional tiene la potestad soberana de modificar partidas presupuestarias sin violentar el techo del gasto presupuestario.

El salario mínimo legal mensual vigente desde el 1 de junio de 2007, C$1,025.90 (equivalentes a US$54) más la comida en las actividades agropecuarias y a C$1,732.28 (equivalentes a US$92) promedio para el resto de actividades no agropecuarias, se ha visto acompañado de una tasa de inflación acumulada de 11% durante el período junio-diciembre de 2007. Tomando en cuenta el ajuste de 18% en junio recientemente pasado y un posible nuevo ajuste a partir de enero de 2008 de 11% para compensar la tasa de inflación acumulada en los últimos siete meses del año pasado, los dos ajustes salariales acumularían un 31%, muy cercano al 29% que observó el alza del costo de la nueva canasta de bienes de consumo básico oficializada por el Ministerio del Trabajo a partir de septiembre de 2007.

Mi consejo a la Comisión Nacional de Salario Mínimo en cuanto al ajuste del salario mínimo legal que tendrá que darse en enero de este año es que, con el ánimo de no echar más leña al fuego de la inflación vía costos de producción, provocado en la actualidad por los precios internacionales de los hidrocarburos, es que se incremente en no más de 11%. Además, el ajuste del salario mínimo no debería ser homogéneo para todas las actividades económicas, sino diferenciado para proteger en mejor forma a los trabajadores que devengan los menores salarios mínimos en el país. En otras palabras, los trabajadores en las actividades agropecuarias y el gobierno, en mi opinión, son los que se beneficiarían con el ajuste máximo de 11%; en cambio, los trabajadores que devengan actualmente los mayores salarios mínimos, tales como los que laboran en el comercio, las instituciones financieras, la construcción y la empresas del régimen de zonas francas podrían recibir un ajuste salarial menor que los que laboran en el campo y el gobierno, con el fin de no exacerbar la presión inflacionaria de este año, la cual estimo alrededor del 15% si el precio CIF promedio anual de un barril de petróleo pagado por Nicaragua pasa de US$83 en 2007 a un rango de US$90-US$95 en 2008. Por lo tanto, coincido plenamente con la posición gubernamental y del FMI sobre el ajuste del salario mínimo legal, un precio de referencia en el mercado laboral, que no debe sobrepasar un 12%, porque compensa la tasa de inflación de 11% registrada desde junio, cuando se puso en vigencia el actual salario mínimo legal, hasta diciembre del año pasado.

También no deben obviarse los hechos que a finales de 2006 el 29% de los ocupados en el país devengaban menos que el salario mínimo legal autorizado, que a finales de 2007 103,884 trabajadores asegurados devengaban el salario mínimo legal, y que el costo de la nueva canasta de consumo básico es un parámetro de referencia de mediano y largo plazo en materia de política salarial, dado el anémico crecimiento económico anual de 3.3% del país en los últimos ocho años.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el FMI argumentan que el programa económico y financiero elaborado por el gobierno actual y suscrito con el FMI se desalinearía si al personal de la educación y la salud pública se le otorgue un ajuste salarial del 20% en la aprobación del presupuesto nacional de 2008, a sabiendas que devengan los peores salarios entre los trabajadores del sector público y que destinan el 90% de sus ingresos mensuales para la adquisición de alimentos, con más razón debido al alza acumulada anual de 42% de los precios de los alimentos incluidos en la canasta de consumo básico en 2007.

Olvidan los servidores públicos que, por primera vez en la historia económica de Nicaragua, el FMI no intervino en la determinación de la estructura del gasto público, que hoy el programa del gobierno es genuinamente nacional y que es posible ajustar el salario en 20% para el magisterio nacional y el personal médico y paramédico de la salud pública, sin alterar el techo del gasto gubernamental total equivalente a 24.3% del PIB. Además, aparentemente los servidores públicos también han olvidado el -espacio fiscal- que se crearía con el aumento de la recaudación de impuestos que provendría de la reforma tributaria quelas autoridades públicas han anticipado desde el año pasado, la cual garantizaría el financiamiento permanente del pago a estos trabajadores mal remunerados en la planilla gubernamental. Creo firmemente que con el gobierno del presidente Daniel Ortega, Nicaragua ha recuperó su soberanía fiscal.

El representante del FMI en Nicaragua ha señalado públicamente que el programa económico-financiero 2007-2010 se desalinearía si la Asamblea Nacional no aprueba pronto el presupuesto nacional de 2008 y si autoriza un incremento salarial mayor del 12% al personal que labora en los sectores sociales. Creo que ya, antes de la decisión legislativa, dicho programa económico-financiero ya está desalineado, porque sus fundamentos, o sea sus supuestos macroeconómicos sobre la tasa de inflación y la tasa de crecimiento económicos, ya no son realistas, por lo cual sugiero al representante del FMI que solicite al gobierno de Nicaragua que proceda a la actualización del programa económico trienal.

Las recientes palabras del representante del FMI traen a nuestra memoria las repetidas amenazas de miembros de la Comunidad Internacional que Nicaragua no recibiría toda la cooperación programada para el año en cuestión, cuando afirma que "Nicaragua dejaría de recibir entre 500 a 600 millones de dólares de parte de ese organismo (el FMI) y de países cooperantes". Le recuerdo al representante del FMI que el monto de la cooperación internacional que se pone en riesgo es el de las divisas líquidas de libres disponibilidad que suman US$148 millones en este año, incluyendo las donaciones del Grupo de Apoyo Presupuestario. No creo que las fuentes de cooperación que facilitan divisas líquidas atadas a programas y proyectos suspendan la construcción de la red vial, de viviendas de interés social, porque serían corresponsables de la destrucción de los proyectos ejecutados con esos recursos.

Una última observación. El Grupo Consultivo planteado por las autoridades del país, que pretende obtener recursos para atender a la población damnificada por los fenómenos naturales acaecidos en 2007, no debería ser torpedeado por el incumplimiento de algunas condicionalidades macroeconómicas y de reformas estructurales de un programa económico financiero que ya está desalineado por la realidad económica internacional. Siempre reitero que la población nicaragüense, aunque pobre, merece el respeto de la Comunidad Internacional.