Es cierto que lo dijo en momentos de euforia con plaza llena y ante las masas, pero el presidente Daniel Ortega hizo quedar mal a funcionarios como el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales.

El titular del BCN, hasta hace poco, aseguró que no se podía dejar de pagar los Certificados Negociables de Inversión porque Nicaragua perdería su credibilidad ante los organismos financieros y los mismos compradores de bonos.

Y las declaraciones de Ortega amenazando no pagar la deuda de los Cenis, no estuvo sola, porque también les advirtió que podría retirar el dinero que las instituciones del Estado tienen depositado en algunos bancos.

Tal es el caso del Banco de la Producción (BANPRO) que tiene en sus arcas grandes depósitos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y es el encargado de pagar sus cheques de retiro a los jubilados.

Esta institución se considera la principal beneficiada con la operación de los Cenis, mientras tanto el Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), tiene una cartera mínima de depósitos del Estado, según dieron a conocer sus directivos.

Desde el año pasado, el gobierno de Ortega inició negociaciones con representantes de los bancos que compraron los Cenis para respaldar el dinero de los ahorrantes cuando 5 bancos se fueron a la quiebra.

Las supuestas irregularidades en el caso de los Cenis, volvió a tomar fuerza con la citación ante la Procuraduría del ex ministro de Hacienda y ahora diputado, Eduardo Montealegre.

Al político le fue suspendido el sigilo bancario y una reciente decisión de un juez, extendió la medida a su esposa, Elisa Mc Gregor y a las cuentas que los dos tienen en el extranjero.

Interesante será saber como podrá Ortega mantener esta postura ante el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, organismos de los que dependen grandes sumas de dinero que irán alimentar el presupuesto general de gastos de este año, donde precisamente se destinaron más de 300 millones de dólares para el pago de la deuda interna

La dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, Dora María Téllez, sostuvo que los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia, son “decisiones bárbaras” porque declaran de oficio la inconstitucionalidad de algunas leyes.

“La Corte está vez pegó un salto grande en violaciones al Estado de Derecho”, dijo Téllez, quien dijo sentirse asombrada por todos los fallos emitidos por la CSJ y que prácticamente autorizan al presidente Ortega a gobernar por decreto porque siempre contará con la protección de este organismo.

“Lo que se evidenció esta vez es que el amarre personal entre Arnoldo Alemán y Ortega se trasladó a la Corte, ese es el nuevo centro de operaciones”, dijo.

“Ahora si Ortega no quiere una ley, la Corte se encargará de eliminarla de oficio. Estos magistrados son lo peor que ha pasado por la CSJ”, afirmó.

La dirigente mostró su asombro porqué hasta la Ley de Seguridad Social que garantizaba algunos beneficios a las personas mayores, fue eliminada, lo mismo la ley de la Superintendencia de Servicios Públicos.

“Allí está la Intendencia de Defensa al Consumidor que puede defender a la gente de todas las alzas pero a Ortega le estorba esa intendencia porque él mismo está autorizando todos los incrementos”, indicó.

Téllez lamentó que en la presentación del informe a la nación, el mandatario no presentara un plan integral de desarrollo que ayude a combatir la pobreza y eleve los niveles de empleo en todo el país.

El presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, explicó que la Asamblea Nacional puede volver a elaborar las leyes creadoras de la Superintendencia de Servicios Públicos y aseguró que la Intendencia de la Propiedad no ha desaparecido aunque exista un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

“Las leyes están, lo que se eliminó fueron las leyes creadoras pero ya hay una iniciativa de ALN en ese sentido”, dijo Pallais, en referencia a un proyecto de ley que había sido introducido antes por esa agrupación política que no estaba de acuerdo en la vigencia de la SISEP tal como había sido creada.

La instalación de esa institución y todas las intendencias que la componen desató en el 2006, un duro enfrentamiento entre el ex presidente Enrique Bolaños y las bancadas del PLC y FSLN.

Las amenazas del presidente Daniel Ortega contra diversos sectores de la sociedad ya se han vuelto una tradición y probablemente quienes ya están acostumbrados a su estilo, no le ponen mayor atención.

Aunque claro a veces hay que leer entrelíneas el mensaje de Ortega como por ejemplo la acusación de que la Policía Nacional al mando de la Primera Comisionada, Aminta Granera, recibe dinero de la Dirección Antidrogas de Estados Unidos (Dea por sus siglas en inglés).

En este caso muchos interpretaron esta acusación y otras indirectas que iban directamente sobre Granera, quien al parecer no está dispuesta a obedecer todos los desatinos de Ortega, tal como se hacía en la década de los 80.

Esa circunstancia la podía poner en problemas ante el mandatario que seguramente necesita un “sí señor” para continuar con sus planes absolutistas.

De todos modos, el turno principal es para los banqueros a los que Ortega incluso emplazó a quitarles las cuentas que el Estado tiene en los bancos que compraron los Cenis.

Como nadie vio ninguna mejoría o beneficio con el petróleo que Nicaragua compra en condiciones ventajosas a Venezuela, todo mundo se pregunta si ahora que firmaron este acuerdo con la transnacional estadounidense Esso, el ciudadano común y corriente verá algún cambio.

Hasta el momento y según lo que dice Ortega, las condiciones preferenciales en que compra Nicaragua el crudo venezolano ha servido para que se mantenga el subsidio del transporte colectivo y el pasaje en 2.50 córdobas.

El acuerdo permitirá que Nicaragua pueda importar 10 millones de barriles anuales que es la cantidad que se consume en el país. El año pasado solo se logró 1.7 de barriles por la incapacidad del gobierno en el sistema de almacenamiento.

Ahora con la compra del plantel Uno de la Esso, situado en Corinto las cosas marcharán y según Ortega los fondos liberados servirán para combatir la pobreza, el desempleo y mantener el subsidio al transporte colectivo, que hasta el momento el único beneficio tangible.

La insólita expresión salió de la boca del ex candidato presidencial, Edén Pastora Gómez, quien afirmó que si Eduardo Montealegre o José Rizo se hubiesen alzado con la presidencia, seguramente este país sería una catástrofe.

¿Por qué? Según Pastora, con el barril de petróleo llegando casi a 100 dólares, la amistad del presidente de Venezuela Hugo Chávez con Daniel Ortega ha salvado el país porque los otros dos candidatos, quien sabe si hubiesen llegado a un arreglo con el mandatario sudamericano.

El ex candidato del PLC, José Rizo, quien estaba en el mismo programa, le dijo sorprendido que la habilidad de un presidente está precisamente en saber negociar en bien de un país y seguramente cualquiera lo pudo haber hecho pero otra cosa es “entregar la valija”, como lo hace Ortega.

El presidente de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro, insistió en que se debe seguir con la investigación del caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), porque se ha comprobado que en realidad se necesitaba una emisión de 212 millones de dólares y no 492 millones.

“Eso significa que hay 279 millones de más que se llevaron los bancos que fueron beneficiados”, dijo Montenegro, quien agregó que para colmo después la cartera de los bancos quebrados fue vendida a un 9 por ciento de su verdadero valor.