Alguien violó y estranguló a Doris Jiménez en su pequeña boutique de ropa hace más de 14 meses. Desde entonces, el sistema judicial del país ha estado en juicio.

El caso se ha convertido tanto en una disputa internacional como en un espectáculo político. Y no ha probado quién mató a Jiménez sino que la justicia aquí es un concepto nebuloso, subjetivo al punto de la abstracción.

El Presidente de Nicaragua intervino en el caso Jiménez, al igual que el Departamento de Estado estadounidense. La Suprema Corte de Nicaragua se ha entrampado en el caso. Y una jueza que emitió su fallo al respecto se cuida las espaldas por temor a que podrían matarla también.

En febrero pasado, una jueza nicaragüense encontró culpable a Eric Volz, un estadounidense que ahora tiene 28 años, de asesinar a Jiménez de 25 años, una nicaragüense con quien había salido algunas veces. Volz, originario de Nashville que vendía bienes raíces y dirigía una revista en Managua, la capital, insistió que tenía una coartada sólida y que no tenía nada en contra de ella. Sin embargo, después de un juicio de tres días, la jueza Ivette Toruno dijo estar convencida de que él y otro hombre son culpables.

No obstante, nunca quedó claro si Volz realmente es el culpable. Presentó evidencia de que estaba en Managua el 21 de noviembre cuando alguien entró en la boutique de Jiménez cerca de Rivas, a unas 55 millas al sur, y la estranguló. Amistades y conocidos respaldaron su relato. Al igual que registros del teléfono celular que lo ubican en la capital alrededor de la hora en la que se cree que Jiménez fue asesinada, así como registros de computadora que muestran que se estaba comunicando por medio de mensajes instantáneos en ese momento.

Nada de eso persuadió la jueza o la comunidad.

Aun cuando ninguna evidencia física vincula a Volz con el asesinato, un testigo lo hizo, Nelson López, un surfista local. Se detuvo inicialmente a López en el caso, pero después se le concedió inmunidad a cambio de su declaración, en la que señala al estadounidense. Y la población local percibe con claridad a Volz como el asesino. Cuando lo transferían del tribunal de Rivas durante el juicio, la policía tuvo que contener habitantes furiosos que parecían listos para atacarlo.

Volz recibió una sentencia de 30 años y empezó a cumplirla mientras su abogado apelaba la resolución. Desde su celda, Volz dijo a quien quisiera escucharlo que los tribunales tienen al hombre equivocado. En Estados Unidos, su familia y amistades iniciaron una campaña para obtener su liberación vendiendo camisetas con la leyenda: ``Liberen a Eric Volz”, brazaletes y pegatinas para los coches para integrar un fondo para la defensa jurídica y establecer un sitio en (www.friendsofericvolz.com) para propagar lo que denominaron un fallo de culpabilidad injusto.

Después, el 17 de diciembre, un tribunal de apelaciones en Granada, una ciudad al sureste de Managua, falló que Volz y sus partidarios estaban en lo correcto.

Dos miembros de un panel de tres jueces decidieron que probablemente no era el asesino y que las pasiones locales probablemente habían influido en la decisión de culpabilidad. Ordenaron su liberación. El tercer juez, Norman Miranda, un miembro del gobernante partido sandinista, encontró deficiencias en el caso que ameritaban un juicio nuevo, pero no ordenó la liberación de Volz.

Los tres jueces estuvieron de acuerdo en que el coacusado nicaragense en el caso, Julio Martín Chamorro, debería permanecer en la cárcel.

Roberto Rodríguez, el juez que redactó la decisión en favor de Volz, dijo en una entrevista a finales del mes pasado que al principio supuso que Volz era culpable. Sin embargo, tras revisar los registros del juicio, se convenció de que la evidencia indicaba que el joven estadounidense no podía ser el asesino, dijo.

Su decisión no fue suficiente para sacar de inmediato a Volz de prisión. Toruno, la jueza del juicio, retrasó la liberación durante días dando excusa tras excusa. Miranda, otro juez, perdió temporalmente el expediente del caso. El Departamento de Estado hizo un llamado a Nicaragua para que siguiera sus propias leyes y lo liberara.

Entre tanto, los fiscales apelaron la orden de liberación y buscaron mantenerlo tras las rejas. Sin embargo, de alguna forma liberaron a Volz, quien abandonó el país, lo cual impactó a Julio Centeno, el procurador general de Nicaragua. ``Cómo salió, no lo sé``, dijo Centeno en una entrevista el 27 de diciembre, cuatro días después de que se fue Volz.

Llevado a toda prisa por las calles de Managua con demasiada seguridad, Volz entró al aeropuerto por un acceso privado y se metió en un avión privado. Funcionarios gubernamentales sellaron su pasaporte y lo sacaron.

‘’No estamos celebrando’’, dijo Volz el viernes en entrevista telefónica. ``Siguen con mi juicio’’.

Rodríguez, el juez que falló en favor de Volz, dijo que sabía que su decisión sería polémica. Sin embargo, incluso él se sorprendió por el alboroto que siguió.

Nicaragüenses de todas las esferas condenaron el fallo increpando a Rodríguez y su colega Alejandro Estrada Sequeira. En los ojos de muchos nicaragüenses, se liberó un estadounidense rico debido a su influencia, y se dejó detrás un nicaragüense pobre para sufrir.

``Este asesino tenía dinero para pagarle a los jueces”, dijo Silvia Sánchez, una amiga de Jiménez.

El presidente Daniel Ortega, quien critica a Washington con regularidad, intervino señalando con desdén que dos de los jueces que liberaron al estadounidense convicto habían sido designados por los partidos que se oponen a los sandinistas en el gobierno.

Mayra Sirias, coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua, calificó la exoneración de Volz como ``producto de un sistema judicial corrupto que liberó un asesino y violador”.