El ministro de Educación, Miguel de Castilla está provocando el rompimiento de relaciones de la jerarquía católica con el gobierno, que hábilmente el Presidente Ortega ha logrado estabilizar en este periodo presidencial.

La Contraloría General de la República deberá auditar la partida presupuestaria asignada al ministerio de Educación para entregarse a colegios católicos. De Castilla no tiene ninguna potestad para transferir fondos designados a colegios no estatales y utilizarlos para construir escuelas públicas, obligación que corresponde al FISE, (Fondo de Inversión Social).

El titular de esa cartera ante los reclamos de las diócesis del país, optó por remitirlos al Ministerio de Hacienda y que hagan nueva solicitud para sus necesidades, una decisión absurda.

Esas partidas fueron estudiadas por la Comisión Económica que dirige el doctor Francisco Xavier Aguirre Sacasa y aprobadas por los diputados de la Asamblea Nacional y bajo ningún argumento se puede “desviar fondos”.

El Vicario de Prensa de la Iglesia Católica, Padre Rolando Álvarez, afirmó que se está afectando 900 escuelas subvencionadas por el estado y a 90 mil alumnos. El Ministro señala que esas “escuelas son muy caras”, sin embargo muchos bachilleres se están quejando que en el instituto maestro Gabriel, les estregaron sus diplomas en blanco y los alumno deberán buscar se les imprima el nombre con letra especial para guardarlo como recuerdo.

Miguel De Castilla actúa con los mismos procedimientos de Enrique Bolaños que suspendió partidas para mantenimiento de templos católicos coloniales y el alimento de los animales del zoológico.

No hubo inversión en la Zona Franca. Diez módulos de 15 mil dólares están vacíos, cada uno aloja 500 trabajadores, otras han reducido personal de 3 mil 800 a 2 mil 700 como Hansete, Nings Sing y cerró, Rocedes.

También hay quejas de excesivas restricciones, hostigamiento de sindicalistas y un código laboral genial para los trabajadores, pero dañino para las empresas.

El director de la Corporación de Zonas Francas, Álvaro Baltodano dijo que había nuevos ingresos de inversionistas pero Everly de Nicaragua se fue porque no aguantaba a los dirigentes sindicales.

Si la industria no cumple con la propuesta de exportaciones la dirección de Zona Franca impone multas del 20%. La inspección del Ministerio del Trabajo es constante y agobiante, dice la fuente, a veces de noche cuando no hay nadie, pero si ven las luces encendidas, los inspectores aducen que no les quisieron atender, entonces multan con 10 mil córdobas.

La Dirección General de Aduanas cobra hasta por sacar un barril de basura y antes se debe informar que se hará con esa basura (trapos viejos, recortes de telas, o si es para colchones, almohadas, o será incinerado.

Cada módulo paga 15 mil dólares mensuales, los cuales no se registran en el Presupuesto General de la Republica y su destino final. Cualquier consulta para trámites el General Baltodano cobra 85 dólares, una costumbre nueva.

Otros dicen que esos 85 dólares son mensuales aunque la empresa no haga ninguna consulta. Las exportaciones del 2007 bajaron a 900 millones de dólares. La Zona Franca Industrial es un lugar donde se paga por todo, si un trabajador quiere entrar en taxi, debe obtener un carné que cuesta 60 córdobas.

Los empresarios coreanos obsequian a sus trabajadores barriles que una vez les llegaron con mercadería pero para poder sacarlo de la instalaciones debe pasarse por burocracias desagradables, incluso pedir permiso a la Dirección General de Aduanas y detallar en la carta que será utilizado para conservarlo con agua potable.

Luego hay informarle a la administración de la Zona Franca que saldrá un barril vacío y ésta último decide si sale o no. En la administración de Gilberto Wong y Ramón Lacayo nada de esto era necesario.

Malestar y ganas de dejar el país se observa de los fabricantes. Algunos sindicalistas afiliados a la CST se comportan con lujo de exigencia, amenazan con detener la planta si hay atraso, algunos aducen que gozan del respaldo pleno del Comandante Ortega.

Corinto no es suficiente para exportar, la mercadería sale por Puerto Cortés en Honduras y Puerto Limón en Costa Rica. En cada embarque la aduana revisa minuciosamente, también un inspector de la Zona Franca, de inmediato revisan los TPL, si no cumplen la sanción se aplica sin discusión.

Trabajar horas extras es limitado. Nadie puede trabajar más de 9 horas extras a la semana y los sindicalistas denuncian a través de sus contactos en el Mitrab y luego viene la multa. El Mitrab desconoce cualquier acuerdo entre la empresa y un trabajador, muchas veces los dirigentes sindicales parecen patrones insultando a sus mismos compañeros de labores.