La Defensoría Pública planteó su problemática con el nuevo sistema de gestión de despachos.

El equipo de coordinación operativa del nuevo modelo de gestión de despachos judiciales que se aplica en los juzgados de Managua ordenó una serie de medidas para mejorar y garantizar el pleno acceso de los abogados miembros de la Defensoría Pública a las oficinas recién creadas por el proyecto piloto.

La Defensoría Pública y el equipo coordinador resolvieron algunos problemas que obstaculizaban el trabajo de los defensores públicos a raíz de la implementación del nuevo modelo de gestión judicial.

Luego de concluir una reunión con la doctora María de los Ángeles Mendoza, titular de la Defensoría Pública de Nicaragua, la doctora Celia Villanueva, coordinadora del programa de fortalecimiento judicial y acceso a la justicia CSJ/BID, informó que las dificultades derivaron de la falta de comunicación y coordinación que inicialmente se produjo.

Entre los problemas se señaló que en algunos juzgados locales de lo civil los defensores públicos estaban siendo impedidos de asistir a sus representados. Asimismo se les impedía consultar los expedientes en la Oficina de Autoconsulta y realizar otros trámites propios de su labor.

Villanueva aseguró que a lo inmediato se orientó a todos los secretarios permitir la presencia de los defensores públicos junto a sus representados en los despachos judiciales. Además se asignaron dos códigos de acceso en la Oficina de Autoconsulta para que los defensores públicos puedan revisar sus expedientes mediante el sistema informático.

¿Ver al juez?

Mariana Gómez, Lesbia Bojorge Pérez y Heberto Orozco Izaguirre, representantes de los abogados capitalinos ante el comité operativo de Gestión de Despachos.

Al igual que en el caso de los abogados litigantes, los defensores públicos plantearon el “perjuicio” que según ellos les causa el que no puedan entrevistarse en privado con los jueces. El nuevo modelo de gestión judicial no permite a los jueces brindar audiencias personales a las partes o sus abogados, para que al momento de dictar sus fallos se ciñan nada más al cuerpo de la ley. El contacto directo con los judiciales se realiza únicamente durante los juicios y audiencias orales y públicos.

“Lo que acordamos en este punto es que los supervisores del colectivo de defensores pueden solicitar por escrito al juez o jueza la celebración de una reunión, para lo cual deben determinar el asunto que van a tratar y qué expedientes desean examinar”, explicó Villanueva.

La funcionaria reconoció que aún existe un “nudo” en la Oficina de Archivo en Trámite, donde la accesibilidad al expediente muchas veces atrasa el trabajo de los defensores. El mejoramiento del cableado que conecta a todos los jueces bajo el sistema informático “Nicarao”, permitirá agilizar la transmisión de información y con ello la evacuación de proveídos por parte de la autoridad judicial.

Finalmente la doctora Villanueva destacó que las quejas por el desempeño de la Oficina de Mensajería Interna han disminuido considerablemente, por cuanto los escritos que las partes presentan en ORDICE ya están llegando con fluidez a su destino final, es decir, los expedientes.

Litigantes recomiendan ajustes al nuevo modelo de gestión judicial

	María de los Ángeles Mendoza, directora de la Defensoría Pública de Nicaragua.

Los litigantes capitalinos integrados en el comité operativo de seguimiento al nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, preparan el documento en que plasmarán las recomendaciones que a su juicio disminuirán o desaparecerán los atascos que el sistema presenta actualmente.

Miembros del comité operativo presidido por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas y la coordinadora del programa CSJ/BID, Celia Villanueva, recorrieron la “ruta de la justicia” con cuatro representantes de los abogados encabezados por la licenciada Mariana Gómez Morales.

Según los abogados, el objetivo de recorrer paso a paso dicha ruta (oficinas y judicaturas que tramitan los juicios), es detectar dónde se originan los obstáculos que afectan la implementación del nuevo modelo.

“¿A qué hora entrás a trabajar?, ¿a qué hora salís?, ¿cuántos casos ingresan a tu oficina?, ¿cuántos laboran aquí?, ¿dónde trabajabas antes?, ¿por qué se retrasan en entregar las sentencias?”, fueron algunas de las interrogantes que Gómez Morales formuló a los distintos coordinadores de oficina.

Críticas de litigantes

Algunos litigantes consideran que el nuevo sistema de tramitar los juicios violenta su derecho al trabajo, el procedimiento judicial y el derecho de los usuarios de acceder a la justicia.

“Falta personal en Mensajería Interna y que ordenen la jornada laboral del personal; se redujo el número de secretarios en los juzgados civiles; en general tardan hasta 30 días para entregar una sentencia y así no podemos preparar los escritos de apelación en el plazo de ley”, explicó la licenciada Gómez Morales.

El equipo de abogados también valoró que los trabajadores judiciales no cuentan con las condiciones necesarias para laborar. “Si entran a las ocho de la mañana y se quedan hasta las siete de la noche, sin comida, sin transporte, corriendo peligro que los asalten al salir, ¿con qué ánimo van a trabajar?; al final, ¿quiénes son los perjudicados?”, se preguntó.

“En Nicaragua, antes del parto las embarazadas dicen “que sea feo pero que respire”, igual decimos los abogados, que el modelo tenga defectos pero que respire, ya que lo que percibimos es desmotivación del personal, no quiero ser negativa, pero no estamos para sentarnos a esperar que nos resuelvan el problema de retardación de justicia”, precisó.