Prestigiosos economistas nacionales sostienen que el país no tiene capacidad para cumplir el acuerdo de exportación de carne y granos a Venezuela.

Ortega comprometió con Chávez la venta de 500 toneladas mensuales de carne, seis mil vaquillas, miles de toneladas de frijoles y otros granos básicos.

Manuel Álvarez, vicepresidente de Upanic, y los economistas René Vallecillo, Alejandro Martínez Cuenca y Sergio Santamaría han dicho que no hay capacidad para cumplir.

El comercio Nicaragua–Venezuela gira alrededor del petróleo, comentó el economista Mario Alegría. El intercambio de otros bienes y servicios no llega a los dos millones de dólares, una cifra insignificante.

“En Venezuela el petróleo abunda pero la política de Chávez Frías es desacertada, ese es un país desabastecido, en su negociación con el gobierno de Nicaragua lo que busca es que le den un precio preferencial”, agregó.

El especialista dijo que “lo que Venezuela necesita lo pueden comprar a cualquier país sudamericano, lógicamente su alianza con Ortega es el “precio especial”.

Para los exportadores nacionales hay alternativas porque los precios internacionales están subiendo. “La economía de libre empresa no significa la no participación del estado. Cuando se define la política comercial, el estado juega un papel y no debe repetirse la historia de la producción de fríjoles, que la escasez fue por haber mejor ofertante en el exterior lo que creó una crisis artificial”, añadió.

Alegría sostiene que “el gobierno debe ser facilitador para aumentar la producción y que el exportador se sienta satisfecho y mejore la economía”.

“La Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) es una firma entre gobiernos, no es comercial, ni siquiera los diputados saben sobre su contenido en materia petrolera”, comentó el economista.

Alegría piensa, similar a Martínez Cuenca, de que Nicaragua no se beneficia con la “ayuda” de Venezuela porque el petróleo lo estamos comprando a precio de mercado.

“Lo que se ha creado es una entidad de carácter privada que maneja grandes recursos económicos, la factura petrolera en condiciones normales que se pagaba de contado antes que Ortega Saavedra tomara la presidencia de la república era de 750 millones de dólares anuales, con el apoyo de Chávez promedia los mil millones, el beneficio recibido es de poder pagar 40% de contado y el 60% a largo plazo”, resumió.

Según el economista, el riesgo, si los rojinegros no siguen en el poder después del 2011, es que esa deuda será kilométrica que deberá pagar el pueblo nicaragüense se vendría al piso ya que se trata de acuerdos políticos.

El importe de las sanciones por la Ley energética quedara en el Fondo de Desarrollo de la Industria Eléctrica, (FODIEN) la cual nadie conoce y en que se invertirá.

Otra sanción será publicar los nombres de violadores de la ley, con la debida aprobación de INE, que según deja entender de la ley, la entidad quedara sujeta a la manipulación de la compañía cobradora de energía eléctrica, según articulo 25.

Actualmente es común ver vehículos haciendo mediciones y entregando cartas en sábado y domingo, algo que se había prohibido.

El artículo 27, inciso D, señala que el cliente hará uso del INE en última instancia y todas las ventajas de la ley son a favor de Unión FENOSA.

Si el INE no se pronuncia entonces se entiende que el silencio administrativo favorece a la compañía española. Si el medidor tiene roto los sellos y no posee aro, toda la culpa siempre será del usuario, sin importar que alguna vez el error sea de los técnicos. Hay experiencias que al llegar a una vivienda y el cliente no está, reportan que hay robo de energía. Si el usuario de la energía se opone a revisión al censo de carga, no hay problema, FENOSA hará el cálculo a su manera, multiplicará las extensiones de líneas, las horas de uso mensual en que existió la infracción, imponiendo lo que consideren conveniente.

Para someter al cliente a más presión, Unión FENOSA puede cobrar hasta doce meses, pero el cliente tiene que cancelar en 90 días.

La ambigüedad de la ley expresa cobro de intereses por mora. El ante proyecto ya está en la Asamblea Nacional y debe ser sometida a estudio exhaustivo.

El MRS está en contra de la ley, no es posible – dice Víctor Hugo Tinoco – que a la gente le llamen pueblo presidente y le impongan una ley que favorece a una compañía internacional.

El doble discurso del mandatario se manifiesta cuando oculta su gestión de una ley que va contra los pobres, dando potestad de enjuiciar y confiscar los bienes de cualquier usuario de la energía sin importar lo que tiene.

Es un negocio que tiende a favorecer a los empresarios de Unión Fenosa y arremete contra el ciudadano, eso no significa que no debe haber sanción contra los que roban energía.

Tanto se critica a Arnoldo Alemán Lacayo de tener supuestos privilegios especiales por las autoridades del poder judicial. Alejandro Fiallos Navarro perseguido, supuestamente, por la INTERPOL por malversación de fondos públicos, sigue haciendo publicaciones en un diario de la carretera norte sin que nadie se interese por hacer justicia.

Tranquilamente estribe un artículo sobre la portuaria nacional desde Miami, sin que le pongan debajo del nombre: Prófugo de la justicia nicaragüense.