La aprobación de la Normativa de la Ley de Carrera Judicial representa el punto final de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Si bien esta independencia e imparcialidad es cuestionable, lo que la ciudadanía ignora son las consecuencias fatales que tendrá sobre la justicia la normativa por aprobarse.

En 1979 al colapsar el régimen somocista se inició una trama bien hábil en desmontar el sistema judicial que desde el gobierno liberal de Zelaya habíamos heredado los nicaragüenses. No era un sistema modelo ni ejemplar por su funcionamiento, pero permitía la impartición de la justicia dentro de un sistema que gozaba de cierta imparcialidad y sus funcionarios en su mayoría tenían el respeto y estima del entorno profesional jurídico de la época.

La Excelentísima Corte Suprema de Justicia tuvo en su presidencia personalidades como Roberto Arguello Hurtado, Vilma Núñez de Escorcia y Alejandro Serrano.

Durante el periodo de 1979-1989 los requisitos para ocupar los cargos de jueces locales, de distrito, registradores de la Propiedad y Magistrados de Apelaciones eran mínimos y se nombraban en base a su militancia revolucionaria sandinista.

Se dio inicio a un masivo nombramiento de estudiantes de Derecho, específicamente de las facultades de Derecho jesuitas y UNAN León. Una gran parte de ellos pertenecía a las filas del ejército y la policía.

El sábado y domingo era cosa común encontrarlos de uniforme verde olivo, cargando de armas de guerra.

En los tribunales intermedios se dieron nombramientos de jóvenes que no habían cumplido el mínimo de la edad requerida y tampoco ostentaban un título académico.

Esto fue una cosa común con los tribunales de la RAAN, RASS, Río San Juan y Chontales.

Para 1990 ya un 80 % de los jueces locales penales y civiles de la república pertenecían a las filas militantes sandinistas. Usualmente provenían de las organizaciones de masas CDS, ATC, AMLAE, JS19 de julio, quienes recibían una educación semi jurídica-política de las facultades de Derecho bajo el control del partido sandinista.

Magistrados de la CSJ, Tribunales de Apelaciones, Ministerio de Justicia, no solo eran profesores de las facultades de Derecho sino que ocupaban decanaturas en estas universidades.

En el período 1990-1995 se vio desfilar por los más altos cargos del Poder Judicial a Orlando Trejos Somarriba, Rafael Chamorro Mora y Ramón Romero. Todo este periodo fue utilizado por el partido sandinista para reforzar sus cuadros en los juzgados de Distrito, registros de la propiedad y Tribunales de Apelaciones.

Todos los atropellos de la “piñata” sandinista se dio en estos 5 años, la presidencia de la República ya no estaba ocupada por Daniel Ortega sino por Violeta Chamorro.

Durante el período 1979-1995 (16 años) el sandinismo y sus organizaciones periféricas se tomaron el sumo cuidado de enviar a Europa del Este, Unión Soviética y Cuba la mayoría de sus cuadros judiciales a especializarse y a buscar mejor formación profesional.

Estos cuadros eran seleccionados por el entonces ministro de Justicia, quien era el brazo político de la Compañía de Jesús en Nicaragua.

A raíz del triunfo liberal de 1996 la élite política sandinista empezó a preocuparse y estudiar la forma de institucionalizar la presencia sandinista en el Poder Judicial. Eran necesarias leyes que garantizarán que solamente cuadros escogidos de su militancia pudieran optar a los cargos dentro de la justicia y de esta forma garantizar la permanente presencia del partido en este poder del estado.

Esto fue necesario para dirimir todos aquellos litigios en que estuviese en juego la libertad de los ciudadanos y la propiedad de los nicaragüenses. La libertad y la propiedad son los elementos básicos del ser humano en Nicaragua y en cualquier parte del mundo.

El control sobre la libertad y la propiedad de los nicaragüenses ha dado pie al desarrollo de una nueva clase de poder político y económico. Han prosperado los hoteles, casinos, los bares y restaurantes, los balnearios exclusivos y de lujo y repartos enteros de casas de todo precio y tamaño. En un país empobrecido como Nicaragua lo anterior solo es posible si se descubren extensos yacimientos de hidrocarburos y metales preciosos.

Alguien puede pensar que en todo esto no hay nada dañino, que mientras haya progreso, que importa de donde provenga? Mientras hayan nicaragüenses campeones de boxeo, nos visiten luminarias de la música y el suministro de ron, aguardiente y tabaco a la población esté garantizado, que importa que el poder judicial caiga irremediablemente en manos del sandinismo?

Pero la realidad es otra. Una vez aprobada la Normativa de la Ley de Carrera Judicial solamente podrán optar o ingresar al Poder Judicial militantes egresados de cualquiera de las 36 facultades de Derecho controladas por el sandinismo.

Los candidatos vendrán acompañados de documentos que los acreditan como miembros de carné del partido. Será indispensable la presentación de una credencial del CPC. Cuando haya promociones a cargos superiores, tanto el propietario como el suplente provendrán del arsenal de recursos humanos del sandinismo, cuando hayan becas disponibles solo serán beneficiados los que oriente el partido y se va a exigir que el escalafón judicial sea exclusivo de la militancia sandinista.

La inspectoría judicial, es la oficina que recibe las quejas de la ciudadanía en contra de Magistrados,

Jueces, abogados y notarios en el ejercicio de sus funciones. Las más numerosas son las quejas en contra de judiciales sandinistas.

Algunos tienen más de 50 quejas pero estos jamás son objeto de disposiciones disciplinarias, por el contrario, son promovidos constantemente y son los más estimados ante la jerarquía partidaria. Jamás son objeto de sanciones ni traslados y son prácticamente intocables.

Inevitablemente, cuando el judicial se equivoque en el fallo, cuando sea indiferente en su barrio a las demandas de su CPC, cuando en las facultades de Derecho no provengan de la trinchera partidarias, cuando no se haya distinguido como fuerza de choque contra empresarios del transporte, o contra nicaragüenses de otras ideologías o simplemente no simpaticen con el rojinegro, serán removidos y enviados sin piedad al desempleo.

Aquí empezará apenas la tragedia del profesional del Derecho, ya en la calle no podrá litigar ni ganarse la vida pues será considerado un indeseable, un elemento hostil al Poder Judicial sandinista.

Aquellos ilusos que piensan de buena o mala fe, que la Carrera Judicial y su Normativa son un paso adelante hacia la independencia y estabilidad del Poder Judicial, están en un error monumental. La verdad es otra y quizás será muy tarde para revertir el gran daño ocasionado al pueblo nicaragüense.