Las plantas industriales que operan bajo el régimen de zonas francas están en un callejón sin salida. La economía mundial, arrastrada por la crisis de Estados Unidos, ha lanzado un manto de incertidumbre sobre los contratos de las maquiladoras mientras los aumentos al salario mínimo y el costo de la energía hacen perder competitividad a Nicaragua.

Fuentes del sector confirmaron la pérdida de los primeros 3,500 empleos en las zonas francas, que han comenzado a bajar su ritmo de producción, cifra que podría aumentar hasta los veinte mil a finales del año.

La Secretaría Técnica de la Presidencia informó que las zona francas generaron 86 mil empleos el año pasado de los cuales 53 mil están en las plantas de Managua.

El grupo Nien Sing, el más antiguo y más fuerte del país, estaría preocupado por el futuro de los contratos mientras la empresa Formosa Textil S.A. aclaró que no se marchará de Nicaragua pese al difícil panorama.

El pasado fin de semana, un organismo sindical pro sandinista declaró que “el cierre de ocho empresas de régimen de zona franca enviará al desempleo y el desamparo a gran cantidad de mujeres nicaragüenses que son sustento de sus hogares”.

En las fábricas amenazadas de cierre el 75 por ciento de la mano de obra es mujer, de ellas un 38 por ciento mujeres solteras, señaló Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas. El cese de actividades representa ocho mil 850 plazas menos, aclaró Ramos.

Pérdida de competitividad

El encarecimiento de la energía eléctrica en Nicaragua, la más alta de Centroamérica, se puede convertir en un obstáculo para la inversión que tanto necesita para salir de la pobreza.

Los problemas de abastecimiento energético y su carestía, combinados con trabas políticas y la ausencia de buenos puertos en el Atlántico para sacar las exportaciones que se dirigen a la costa este de Estados Unidos, ha llevado a algunas empresas, sobre todo asiáticas, a buscar países con menos riesgos de inversión, declaró a la agencia internacional AFP, el presidente de la Cámara de Industria de Zonas Francas, Gilberto Cuadra.

Según Cuadra, unos 9.000 trabajadores nicaragüenses podrían ser despedidos en los próximos tres meses de maquiladoras asiáticas que planean cerrar este año operaciones en el país, con lo que se agudizaría el problema del desempleo en el país.

La última subida en la tarifa de electricidad, del 8,5%, entró en vigor este viernes, y se suma al 9,5% que se aplicó de manera gradual en los últimos tres meses, informó el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

“El país tiene la energía más cara de la región, debido a que el 80% de la producción de energía funciona con derivados de petróleo como el bunker y el diesel, que el país compra de acuerdo a las fluctuaciones del precios internacional”, afirmó el dirigente de la Red de Defensa del Consumidor, Gonzalo Salgado.

Según INE, el costo de energía se elevó el año pasado por efecto del precio del bunker, provocando un déficit de 33,5 millones de dólares en las operaciones financieras en el sector energético.

A eso se suma la débil infraestructura del sistema eléctrico, con plantas que operan con máquinas absoletas con 30 y 40 años de existencia que fallan y salen del sistema causando déficits.

A estos problemas se agregan los cargos por factor potencia que cobran de manera indiscriminada las generadoras a la empresa distribuidora de electricidad, la española Unión Fenosa, que también registra pérdidas de energía por fallas técnicas y robos.

“Los generadores han venido duplicando los cobros impositivos a Fenosa, sin ninguna regulación. Hay empresa de generación con plantas viejas, como GEOSA, de capital privado, que cobra un cargo de 9 dólares por megavatio”, explicó Salgado, a la AFP.

Deudas del sector energético

Fenosa por su parte, la única empresa de comercialización que opera en Nicaragua desde hace mas de siete años, registra pérdidas por falta de mantenimiento e inversión en sus redes, y los frecuentes robos de energía de muchos usuarios, pese a que desde 2002 ha efectuado incrementos de las tarifas que alcanzaron 64,7%.

Esto ha llevado al sector energético a acumular una deuda de más de 80 millones de dólares entre generadores y la distribuidora, que el INE -ente regulador- y el gobierno se proponen parcialmente resolver con un ajuste tarifario y un préstamo puente que será otorgado con fondos del presupuesto.

El gobierno de Daniel Ortega por su parte se propone inyectar 180 megavatios de energía al sistema en el primer semestre del año.

La viceministra del Ministerio de Energía, Lorena Lanzas, informó que entre marzo y mayo de este año entrarán a funcionar dos nuevas plantas procedentes de Venezuela, con capacidad de 40 y 20 megavatios.

La empresa venezolano-nicaragüense ALBANISA, por su lado, compró a Hyundai una planta que generará 120 megavatios a base de fuel oil, mientras el gobierno desarrollará fuentes de energía renovables en los próximos cinco años.