El contralor colegiado Lino Hernández Triguero llamó al presidente de la república, Daniel Ortega, a practicar la transparencia en el uso del dinero asignado a sus funciones y de aquel que se dice es para el país pero que está fuera del presupuesto de la nación.

Sus declaraciones a Trinchera de la Noticia ocurrieron tras una pregunta acerca de si el presidente Daniel Ortega ya había respondido a una carta de la Contraloría pidiéndole explicaciones sobre las denuncias públicas de mal uso de los fondos asignados a la presidencia.

La prensa nacional ha denunciado la presunta contratación de aviones comerciales en los viajes oficiales del goberantes y en los que ha llevado a toda su familia. También hay evidencias de que usó dinero del presupuesto para comprar toneladas de juguetes que repartieron en diciembre pasado o que de fondos públicos fueron comprados miles de boletos para el primer juego de la serie final del béisbol profesional y que repartieron entre los CPC.

“Han surgido interrogantes sobre los gastos de la presidencia que se están haciendo en la Secretaría del FSLN, ahora convertida en casa presidencial, como los gastos del avión…” agregando que “la Contraloría aprobó hace 13 días enviar una solicitud de información al Ministerio de Hacienda y la Presidencia ya que la población demanda una explicación sobre estos asuntos”.

El contralor colegiado dijo que el nuevo mandatario “no ha logrado asimilar la necesidad de la transparencia, que no depende de la voluntad del funcionario sino que es una obligación de todos, sobre todo en un país tan pobre como el nuestro”.

Hernández Triguero señaló que “la transparencia es un signo de los tiempos” de los cuales “hoy dependen la aprobación de préstamos y ayudas internacionales que, sin la transparencia necesaria, no podrán llegar”.

En cuanto a Ortega aconsejó que “el presidente debe asumirlo (la transparencia) como una necesidad, debe transparentar sus gastos y que todo acto de cualquier funcionario está sujeto al examen del organismo contralor”.

Hernandez Trigueros agregó que el mandatario “necesita de una buena oficina de relaciones públicas para ventilar la información, no meterse a manejos equivocados, y no más secretismo. Entre más abiertos sean con la información al público más satisfacción habrá entre la población”.

No hay finiquito

El contralor colegiado dijo que no se acostumbra entregar un finiquito al concluir cada año de gobierno pero “pronto vamos a iniciar la auditoría del último año del gobierno del ex presidente Enrique Bolaños, tenemos una oferta de $250,000 dólares de la comunidad intenacional para hacer la auditoría de la ejecución presupuestaria del año 2006”.

Para el segundo semestre, la CGR espera otros $250,000 dólares provenientes de la comunidad donante para hacer una auditoría a la primera ejecución presupuestaria del gobierno, correspondiente al año. “No se acostumbran entergar finiquitos porque no hay tribunal de cuentas, según la ley tenemos cinco años para investigar lo ocurrido con los fondos públicos”, dijo.

Un trabajo concreto

Hernández Triguero rechazó las críticas de El Nuevo Diario que preguntó, en su edición de ayer, “¿Contraloría para qué?” debido a las multimillonarias glosas en poder del Ministerio de Hacienda y la Procuraduría a causa de un diluvio de recurso de amparo de los ex funcionarios sancionados.

“La Contraloría ejerce una función persuasiva, disuasiva y control real aunque sea posterior”, agregando que “nosotros determinamos la legalidad en el manejo de la cosa pública y eso es una práctica mundial”.

Comentó que “hemos visto en algunos casos que el recurso de amparo es usado para tratar de evadir la responsabilidad. A mi criterio jurídico, una presunción de responsabilidad penal no amerita una suspensión del acto sancionado porque la persona siempre tendrá las posibilidad de defenderse en los tribunales”.

Hernández subrayó que “lo que alegan las personas sancionadas con resoluciones de presunción penal es que les afectan su derecho a la defensa porque los sancionan sin escucharlo” a su juicio “el tribunal de alzada debe asumir el recurso y enviarlo a la Suprema, pero no paralizar la ejecucion del acto”.

“La Suprema está atascada de tantos recurso. El ex presidente Bolaños le ordenaba, por ejemplo, a sus funcionarios que recurrieran de amparo inclusive en casos relacionados con él. Hasta 100 recursos de amparo han sido presentados en un solo caso. Yo escuché, con satisfacción al Dr. Rafael Solís (magistrado de la Suprema) de que van a sacar este mes lo más que puedan de esos rcursos”.

Tres proyectos de resolución

El contralor colegiado confirmó ayer que tres proyectos de resolución podrían salir esta semana. Uno de ellos es sobre los gastos de la presidencia de la república en el periodo de enero a diciembre de 2004.

La Contraloría dictará presunción de responsabilidad penal contra los ex directivos del IDR, por los resultados de una auditoría hecha a los gastos de julio del 2005 a julio del 2006. Entre los señalados están Mario Rosales, Octavio Avarado, Francisco o Sánches, Jaime Arévalo, y el ex presidente ejecutivo José Ramón Kontorovsky.

Se trata de transferencias hechas en cuentas del IDR por un poco más de 18 millones de córdobas de proyectos específicos que fueron usados para gastos administrativos.

“No es que se echaron el dinero a la bolsa, pero es que es desvío de fondos, señalado en la ley como como malversación en el Cógido Penal”.

Según la fuente habrá glosas contra el ingeniero Kontorovsky, José Gabino Flores hasta por siete millones que “deben regresar al erario público”.

En cuanto a Mario Rosales, Alvarado y Fernando Sánchez las glosas serán por más de 21 millones.