El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, continuó ayer sus conversaciones con altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, en la sede central de Washington, D.C., en un ambiente muy positivo pero duro en cuanto a la flexibilización del organismo en temas sensibles del país.

Una misión del FMI, llegará al país el próximo 25 de febrero suponiendo que para entonces ya deberá estar aprobado el presupuesto general de la república, que en estos momentos enfrenta a diputados de las distintas bancadas en el tema del aumento salarial del 12 por ciento para los sectores salud y educación.

Fuentes gubernamentales calificaron la misión de Rosales de muy difícil aunque hay confianza de que logrará eliminar cualquier reducto de inflexibilidad ante sus peticiones de flexibilizar las políticas del gobierno debido a los problemas que enfrenta la economia nacional.

Los funcionarios del FMI esperan, comentó el informante, “el cumplimiento de los acuerdos en relación al presupuesto y a los temas relacionados con el sector de la energía, particularmente la ley antifraude y una fórmula para indexación de la tarifa”.

El presidente de la Comisión Económica del Parlamento, diputado liberal, Francisco Aguirre Sacasa, propuso avanzar en la discusión del presupuesto dejando íntegro el aumento del 12 por ciento, tal como fue enviado por el Ejecutivo y pendiente de aumentarlo una vez se liberen los fondos que se pagan a los bancos por los Certificados Negociables de Inversión.

Dura posición del MRS

La bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), propugna por un 20 por ciento de aumento y el diputado Hugo Torres, incluso sostiene que se puede incrementar hasta un 40 por ciento, si el presidente Ortega, incluye las ganancias por las compras de petróleo venezolano.

El principal argumento de esta bancada es que el año 2007 cerró con una inflación de casi el 17 por ciento y este aumento, solamente logrará cubrir esa brecha.

El tema de los salarios es sumamente delicado a juicio del diputado Aguirre Sacasa, quien declaró hace poco que el representante del FMI para el Hemisferio Occidental Anoop Sing le comentó que un aumento sostenido de salarios, podría mover un “motorcito inflacionario interno”.

El gobierno y las centrales sindicales firmaron en enero, un nuevo aumento del salario mínimo que lo elevó en 33 por ciento en menos de un año.

Como la ley establece que el salario mínimo se discuta dos veces al año, al parecer eso provocó el temor de algunos inversionistas y una empresa asiática abandonó el país dejando en el desempleo a 3.000 trabajadores.

Dirigentes sindicales de la maquila y el presidente de la Cámara de Zonas Francas, Gilberto Cuadra, señalaron que los despidos podrían llegar a 9.000 en los próximos 3 meses.

El fantasma de la inflación

El gobierno se comprometió ante el FMI a mantener una inflación del 8 por ciento este año y un crecimiento del 4.5 por ciento pero el reciente aumento al precio de la energía en 8.5 por ciento y que totalizó un 17.5 por ciento en tres meses, ha provocado una espiral alcista de precios.

Además de los combustibles, los nicaragüenses están pagando más esta semana por la libra de queso, el litro de leche, la mantequilla, cereales y otros productos como el jabón de lavar ropa.

La inflación del año pasado fue atribuida en mayor parte al incremento en el precio de los alimentos, que es una tendencia mundial.

El directivo de la Comisión Nacional Ganadera, Ronald Blandón, destacó la tendencia alcista en el precio de este producto pues la tonelada en polvo pasó de 2 mil a 6 mil dólares.

Esa es la principal razón de la alta demanda de leche líquida porque las plantas procesadoras no quieren pagar el alto precio de la leche en polvo.

Los productores avícolas por su parte están presionando por un aumento en el precio de la libra de pollo y los huevos por el alto costo de la energía.

La Ley Antifraude

Otro tema que preocupa al FMI y que por cierto es parte de sus condicionalidades es la aprobación de la Ley Contra el Fraude Energético, cuyo proyecto fue enviado a la Asamblea Nacional de Nicaragua para su aprobación.

La ley se encuentra en la Comisión de Transporte e Infraestructura y es severa con los usuarios que sean descubiertos alterando medidores o usando cualquier otro método para desviar la corriente eléctrica y evitar el pago de su factura.

Aunque seguramente el gobierno de Daniel Ortega, temió ser criticado por esta ley no tuvo más remedio que enviarla para poder lograr seguir encarrillado en el programa trienal que firmó con el FMI el año pasado.

El diputado del MRS, Víctor Hugo Tinoco, declaró recientemente que era un contrasentido como un gobierno que se proclama de los pobres, se lance contra los pobres a través de esta ley, aunque el presidente Daniel Ortega sigue sosteniendo que los usuarios de más bajos recursos que consumen hasta 150 kilovatios hora al mes, no serán perjudicados.