El Partido Liberal Constitucionalista rechazó ayer los argumentos de los diputados rojinegros Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, y de José Figueroa, un cercano asesor del presidente Daniel Ortega, de que no es posible crear un institución para la cedulación ciudadana sin reformar la Constitución.

Según Castro esa función es asignada en la Carta Magna a un poder estatal y despojarla de esta requiere de 56 votos. En el mismo sentido se pronunció el diputado Figuero.

El PLC respondió la tarde de ayer que insistirá en la creación del Instituto Nacional de Cedulación pese a la negativa del FSLN.

Una nota de prensa de ese partido dice qua la posición del oficialismo “confirma una vez más que su labor como partido político y partido de gobierno no es en función de Nicaragua y las necesidades de la población y la negativa de apoyar la creación de un Instituto Nacional de Cedulación “independiente” demuestra que únicamente quieren favorecer a una minoría que los respalda y no a la gran mayoría de los nicaragüenses”.

La nota de prensa agrega que “el control del frentismo en las estructuras del Consejo Supremo Electoral (CSE) está atropellando cotidianamente los derechos de las mayorías”.

Denuncia que el sandinismo “está despidiendo ilegalmente a los presidentes electorales departamentales que no militan en el frentismo, se niega a invitar a observadores electorales nacionales e internacionales, un centenar de funcionarios de ideología opuesta al frentismo han sido despedidos sin razón alguna del CSE y la lista de irregularidades se pica y extiende”.

Concluye anunciando que “vamos a seguir trabajando en función de un proceso electoral transparente que goce de la suficiente observación electoral nacional e internacional como fue el caso de las elecciones nacionales en las que la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su satisfacción con el proceso electoral y la única violación electoral fue el robo descarado de la diputación de Julián Gaitán del PLC en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) como lo demostró Ética y Transparencia y otros observadores electorales”.

“Hoy mas que nunca estamos convencidos que la única manera de detener las actitudes dictatoriales del frentismo es mediante la consolidación de la unidad liberal y de las fuerzas democráticas”, remata la nota de prensa.

Tres miembros de la alianza que preside Eduardo Montealegre han expresado su intención de competir en elecciones primarias para escoger al candidato a alcalde por la unidad liberal. Aunque los tres creen que Montealegre debe ser “el candidato de consenso” en el fondo piensan, como la diputada Jamilet Bonilla, que no debe lanzarse a esta aventura.

Se trata del ex ministro del Trabajo Virgilio Gurdián. Roberto Serrano y Pedro J. Chamorro Barrios, quien fracasó en las elecciones de hace cuatro años cuando APRE dividió el voto liberal.

Gurdián cree tener un considerable caudal político dentro de ALN para disputar unas primarias al mismo Montealegre. Chamorro Barrios piensa en términos similares, de que acumuló mucho prestigio como candidato del PLC que hoy puede invertir en las primarias de la alianza.

Sin embargo, después de la votación del pasado lunes en el consejo de ALN ninguno de ellos lanzará su candidatura. Temen ser aplastados o perder confianza en el círculo montealegristas.

Después de un año de acusaciones y evasivas, el congresista de Illinois, EEUU, Jerry Weller, dio a conocer una parte de sus operaciones financieras ante el comité de ética de la Cámara de Representantes.

Weller, republicano, fue señalado por el diario Chicago Tribune de haber ocultado al Comité de Ética y a la oficina de impuestos IRS (por sus siglas en inglés) sus negocios inmobiliarios en San Juan del Sur en donde tiene un desarrollo de lotes que vendió a un promedio de 45 mil dólares cada pedazo.

Además que se desconoce cómo llegó el congresista Weller a obtener tierras vírgenes en San Juan del Sur y sobre todo las autorizaciones del gobierno de Nicaragua para hacer el negocio, la prensa de Chicago descubrió que el diputado estadounidense no las declaró ante las autoridades.

Una organización ciudadana dedicada a vigilar las probables irregularidades de sus congresistas calificó a Weller como “el más corrupto” de los miembros de la Cámara.

Según el reporte presentado ante el comité de ética del Congreso, Jerry Weller gastó $172.517 dólares en gestiones legales al bufete Wiley Rein LLP.

Su primer pago fue de $140,893.05 dólares, hecho el 2 de octubre, dos semanas después de que la organización “Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética” publicaran un informe detallando numerosos problemas éticos y posibles violaciones a la ley.

Weller está casado con Sury Ríos Montt, hija del polémico líder guatemalteco, quien también es miembro del congreso de su país.

El Chicago Tribune dijo que hay evidencias de que la fundación de Sury Ríos Montt sirvió de mampara para algunos de los negocios internacionales de Weller, presumiblemente los de Nicaragua y Guatemala.

Sinembargo, el representante republicano no ha querido comentar su reporte financiero con la prensa de su país. El Chicago Tribune dijo que “Weller y su vocero Andy Fuller no respondieron inmediatamente a los mensajes telefónicos”.

El gasto de $172,000 en sus asuntos legales és el más alto pagado por él en cualquier otro periodo de los últimos años.

Luego de las denuncias Weller decidió no renunciar pero si no postularse a otro periodo al Congreso de Estados Unidos.

Weller alegó que él está exento de revelar los fondos de su esposa porque él no sabe nada sobre ellos.

El diputado Enrique Quiñónez, presidente de la comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, invitó para hoy a los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, entre otros, para que expongan sus ideas sobre la amnistía.

Ayer comparecieron ante la comisión, delegados de las iglesias de Dios (que estuvieron de acuerdo con la aprobación de una ley en tal sentido), del Cenidh (que no está de acuerdo) y un abogado llamaado Fanor Avendaño.

El diputado de ALN Augusto Valle anunció su apoyo al dictamen de mayoria. En tanto, los diputados del FSLN no llegaron al trabajo de la comisión y anunciaron un dictamen de minoría.