El presidente George W. Bush llamó ayer al Senado de su país a “cumplir con su responsabilidad constitucional” resolviendo lo más rápido posible las nominaciones pendientes de confirmación.

Bush sometió al Congreso de su país 200 nombramientos que requieren de la aprobación de las comisiones correspondientes.

Según Bush, en un discurso pronunciado en la Casa Blanca, 30 de los nominados “han esperado más de un año por el voto del senado”, la mitad de los propuestos “han esperado cien días o más y nueve nominados han esperado más de dos años”.

Además de diplomáticos, el presidente Bush sometió al Congreso cargos de alto nivel en secretarías y comisiones de su administración. En el listado de los 200 que aguardan la decisión del Senado está Robert J. Callahan, el nuevo embajador en Nicaragua

El general retirado Humberto Ortega Saavedra no resistió ayer criticar la política de comunicación del gobierno que dirige su cuñada, la primera dama Rosario Murillo.

En una entrevista con el programa El 10 en La Nación, Ortega dijo que la presidencia debía hacer un mejor esfuerzo por informar a los comunicadores sociales sobre los avances del gobierno y sus problemas.

En los círculos políticos aseguran que las relaciones entre Murillo y Humberto Ortega son frías y distantes, aunque las de los dos hermanos Ortega Saavedra han mejorado desde el año pasado.

La crítica de Ortega Saavedra a la política de comunicación del gobierno es un tema que también comparten otros sandinistas que como Humberto han sido relegados desde que el actual gobierno tomó posesión de la presidencia.

Un informe del diario salvadoreño El Mundo, publicado ayer, asegura que los alcaldes del FMLN, que suscribieron un acuerdo petrolero con Venezuela, recibirán desde Nicaragua los embarques de los derivados del crudo.

El pasado fin de semana, la llamada Alba Petróleos, la empresa FMLN-Venezuela, puso la primera piedra de un complejo de tanques para depositar los combustibles a un costo de $40 millones de dólares.

Sin embargo, dice el diario, mientras la obra no sea construida la base de almacenamiento para los efemelenistas serán los depósitos de Petronic en el puerto de Corinto.

Se trata de los ahora famosos tanques disputados a la transnacional Esso que pusieron en tensión las relaciones entre la empresa privada y el gobierno y de Estados Unidos con Nicaragua.

Esta semana, el gerente de la Esso en el país dijo que los tanques de Corinto fueron vendidos al gobierno (¿o a Albanisa?) para que éste pueda usarlos con absoluta libertad.

El diciembre pasado, los alcaldes del FMLN recibiron los primeros envíos de combustible desde Nicaragua. Ahora también se ha iniciado un fuerte debate en aquel país acerca de la deuda petrolera.

El primer cargamento fue de 100 mil barriles, por los el FMLN deberá cancelar $6 millones de dólares. El 60% ($3.6 millones) debe pagarse 90 días después de recibido. El resto se podrá cancelar en 23 años a un interés del 1% y dos años de gracia.

Guillermo Gallegos, jefe de fracción parlamentaria de ARENA, pidió al gobierno investigar si por medio de esa empresa es que Chávez está mandando dinero al FMLN para las elecciones.

El presidente de FISE, Nelson Artola, uno de los sandinistas más cercanos al presidente Daniel Ortega, reaccionó ayer lanzando “chinitas” contra el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, Artola defendió el plan llamado “calles para el pueblo” y que él administrará al margen de la Alcaldía de Managua. El presidente Daniel Ortega criticó muy duro el estado de las calles de la capital y otras ciudades y anunció un fondo de 42 millones de córdobas.

Artola aclaró que con ese dinero apenas podrán pavimentar dos kilómetros de calle en los barrios de Managua.

Sin embargo, dijo que los que critican al plan son “enemigos del progreso” que se dedican a “minimizar las obras del gobierno”.

Artola comentó que “terminamos con los apagones de energía y hay malos nicaragüenses que están en contra del fin de los apagones”, sin referirse necesariamente al alcalde Marenco.

Las proyecciones de crecimiento económico del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para Centroamérica fueron rebajadas a consecuencia de las alzas del petróleo y de la recesión de Estados Unidos, informó ayer Pablo Rodas, economista jefe de la entidad.

De entre los países de la región, Panamá y República Dominicana, El Salvador se ubica, según prevé el BCIE, en el segundo puesto con el crecimiento más bajo, superado solo por Nicaragua con una proyección de entre 2.6% y 3.6%.

Rodas aclaró que en tres meses se presentará el resultado de un reajuste en las proyecciones, debido al impacto que la crisis en Estados Unidos (EUA) está teniendo en las economías.

Según Rodas, el periodo actual de la recesión norteamericana podría prolongarse más que la registrada en el 2001, que duró nueve meses. Los efectos directos se reflejarían en una disminución de exportaciones, menor crecimiento de remesas y reducción del flujo turístico.

La bancada sandinista anunció ayer que no apoyará ningún incremento salarial superior al 12,55% en el sector público, para no poner en riesgo el programa económico acordado entre el gobierno de Daniel Ortega y el FMI.

“La posición de la bancada sandinista es mantener el programa (con el FMI) y no alterar la masa salarial más del 12,55%” propuesto en el proyecto de presupuesto anual enviado por el gobierno al Congreso, y que próximamente entrará a discusión, afirmó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.

Explicó que el gobierno no tiene “en estos momentos recursos para financiar más allá de lo que se plantea en incrementos salariales” para este año, porque de lo contrario se provocaría una mayor inflación a la del año pasado, que cerró en 16,88%.

Los sandinistas rechazaron de esta forma el aumento del 20% propuesto por los opositores de la disidencia sandinista, para cumplir con los parámetros económicos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El cumplimiento del programa, pactado por tres años, permitirá al gobierno sandinista acceder a un desembolso de 111 millones de dólares.

La decisión de los diputados oficialistas fue respaldada por los liberales, a la cual el gobierno intenta desde hace dos meses convencer de que apruebe el presupuesto del 2008, de conformidad a los límites financieros establecidos por el FMI.

El parlamento se propone, sin embargo, aprobar exorbitantes presupuestos para mantener buenos salarios, pagos de teléfonos celulares y otros privilegios a los diputados, funcionarios del poder judicial, el tribunal electoral y pagos de pensiones vitalicias a los ex presidentes, entre otros.