En el Partido Liberal Constitucionalista está creciendo la tesis de que la cada día más probable aprobación de una ley de amnistía debe estar vinculada a dos aspectos: primero, que esta sea para beneficiar a ex funcionarios del gobierno señalados de cometer actos lesivos al presupuesto, segundo, que la Contraloría General de la República certifique que éstos funcionarios no cometieron tales delitos.

Con tales argumentos se caería la campaña del gobierno sandinista de que la amnistía servirá para liberar a delincuentes comunes y aquellos vinculados al lavado de dinero proveniente de la narcoactividad.

Según la Constitución Política la única institución capaz de determinar responsabilidades penales y civiles contra funcionarios o ex empleados del estado es la Contraloría.

De allí, sostienen, que si uno de los artículos de la ley de amnistía establece este requisito y aún si lo dejara abierto para muchos ex funcionarios a los que se les sigue procesos o auditorías habría menos oportunidades para descalificar la iniciativa que impulsan diputados de ALN y del PLC.

En los corrillos de la Asamblea Nacional también hay otros criterios que podrían aplicarse en el proyecto de ley de amnistía.

Uno de ellos es que no debe cubrir a los parientes de los ex funcionarios acusados de cometer tropelías contra los bienes del estado.

Según esta posición, sería un error que cuestionaría la ciudadanía de que los beneficios de una ley de este tipo sirvan para cobijar a personas que no tuvieron en sus manos responsabilidades en el manejo de la cosa pública.

Carlos Arguello, agente de Nicaragua la Corte Internacional de Justicia y embajador en Holanda, no dio detalles de la reunión sostenida ayer con la presidenta del máximo de justicia del mundo.

Se trató de una reunión privada en que los representantes de Nicaragua y Colombia fijaron el tiempo que necesitan para hacer sus presentaciones en el inicio del juicio.

Una vez que la presidenta de la Corte escuchó las propuestas de los embajadores, tomará una decisión que posiblemente será mañana miércoles o el jueves próximo, calculó Argüello.

“Hoy (ayer) fue una reunión privada y en ella se escucharon las opiniones de las partes sobre el plazo que necesitan para presentar sus documentos. Luego de escucharlos la Corte dictará una ordenanza para que Colombia conteste la demanda”, agregó.

El embajador nicaragüense no comentó declaraciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre este tema diciendo que esa era una responsabilidad del presidente de la república.

El diario El Tiempo de Colombia reportó en su edición de internet que “los agentes colombianos expresaron ante la Corte Internacional sus consideraciones sobre el tiempo que necesitan para entregar los argumentos de su defensa”.

“A pesar de las recientes declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de varios de sus funcionarios atacando la posición del gobierno colombiano, EL TIEMPO conoció que durante la audiencia ante la Corte Internacional de esta mañana no se presentó algún tipo de altercado”, agregó la nota periodística.

El embajador Argüello también confirmó que la reunión transcurrió en la normalidad y sin incidentes.

El canciller Samuel Santos viaja a Nueva York para entregar mañana ante la ONU una carta de protesta contra Colombia. El gobierno considera que Colombia ha incumplido la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (emitida el pasado mes de diciembre) sobre límites marítimos.

El petróleo marcó el lunes un máximo de un mes por encima de los 94 dólares el barril, luego de que Venezuela amenazó con interrumpir sus exportaciones petroleras hacia el mayor consumidor mundial de energía, Estados Unidos.

El crudo estadounidense ganaba 2,04 dólares, a 93,81 dólares el barril, a las 1646 GMT, tras avanzar más de 3 dólares el viernes. Los futuros transados en la Bolsa Mercantil de Nueva York alcanzaron un máximo intradiario de 94,72 dólares el barril, también su nivel más alto desde el 10 de enero.

En Londres, el crudo Brent subía 1,79 dólares, a 93,73 dólares el barril.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, lanzó su amenaza en la víspera, tras el dictamen logrado por la petrolera ExxonMobil para congelar más de 12.000 millones de dólares en activos y fondos de la estatal PDVSA, como parte de su batalla legal contra Caracas por la nacionalización en el 2007 de un proyecto de crudo pesado.