El anuncio del presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, de que honrará la deuda pública, pese a la decisión de un juez de ordenar el congelamiento del pagos de los bonos, originados por los Cenis, habría puesto al descubierto una sofisticada jugada política destinada a presionar a Eduardo Montealegre para que no acepte la candidatura a la Alcaldía de Managua y se retire del proceso de unidad de los liberales.

Esta última afirmación fue compartida por dirigentes políticos opositores que condenaron lo ocurrido mientras acusaban a sectores radicales del Frente Sandinista de “manosear las instituciones y compromisos” del país en un afán de evitar el proceso unitario de las fuerzas democráticas.

La firme posición del presidente del BCN, quien recurrió ante el juez V Penal de Audiencias de Managua, Julio César Arias, para que revise la medida, recibió ayer por la tarde el respaldo de la Asociación de Bancos Privados, COSEP, AMCHAM y otras entidades del sector financiero.

Voceros de la empresa privada que pidieron el anonimato mostraron su alarma por la situación causada por la rápida decisión del judicial a la petición del fiscal que investiga el caso de los Cenis y que afecta la credibilidad y confianza en la nación.

Los informantes políticos dijeron que “a todas luces hay una pugna interna en el gobierno del Frente Sandinista entre quienes están por la institucionalidad y el respeto al estado de derecho y los que quieren usar el poder para mezquinos propósitos políticos”.

Las alarmas en este sector se encendieron a inicios de la semana cuando personajes sandinistas mandaron a filtrar en algunos medios de información que Montealegre no aceptaría ser el candidato a alcalde de Managua y que se retiraría del proceso de unidad liberal.

Montealegre ha contribuido a esas especulaciones porque no ha ratificado el penúltimo punto del acuerdo de unidad electoral entre el PLC y ALN que lo nomina, por la vía de hecho, candidato de consenso para las municipales de Managua.

Ayer tampoco dio una respuesta definitiva a los periodistas que le preguntaron sobre el tema ni dio una fecha, mientras el reloj avanza.

Reporteros de medios nacionales han buscado afanosamente la confirmación de que Montealegre habría dicho a un reducido grupo de allegados que no aceptaría la nominación.

En este marco de incertidumbre es que se produjo la inesperada solicitud del fiscal especial al juez Arias que respondió en 24 horas ordenando congelar los pagos y además ponerlos bajo su cautela, en el caso de que la Fiscalía presente acusaciones penales contra algunos de los investigados.

Fuentes del FSLN dijeron que “aquí hay libretazos… decisiones inconsultas” refiriéndose a la rápida acción judicial.

Sin embargo, el presidente del BCN dio un golpe certero a la jugada política y puso de relieve el peligroso juego con los Cenis.

“Vamos a cumplir con la ley”

Rosales dijo ayer, tras reunirse con directivos de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, que “la ley general de títulos valores dice que (los bonos) se pagan a la presentación… independientemente de cualquier otra manifestación”.

Acompañado del presidente de UPANIC, Juan Álvaro Munguía, que respaldó las declaraciones de Rosales, agregó que “todos debemos cumplir porque vivimos en un estado de derecho que establece cómo se pagan los títulos valores”.

Munguía anotó que “los certificados representan los depósitos de los pequeños ahorrantes” y que ante “esta situación delicada… la ley establece cómo y cuándo deben pagarse”.

El empresario llamó a los periodistas a “ser prudentes” con las informaciones sobre este tema “porque esto afecta la credibilidad del país”. Munguía recordó que los bonos de deuda pública de Nicaragua “circulan internacionalmente y Nicaragua tiene obligaciones que cumplir”.

Nada lo impide

Rosales indicó que “no hay una condición que impida cumplir la ley” que “nos manda a que seamos los encargados de velar por los compromisos, somos los responsbles de velar por las leyes, la ley nos manda a ser consejeros del gobierno, a ser agentes financieros del gobierno, la ley nos manda a pagar los títulos valores. Así de sencillo”.

El presidente del BCN repitió en varias ocasiones que “la ley dice cómo se pagan o cómo no se pagan” mientras enviaba un mensaje al Ejecutivo y al Poder Judicial de que “los órganos de gobierno deben actuar armónicamente”.

En cuanto al proceso de negociaciones con los tenedores de los bonos, especialmente con dos bancos nacionales, dijo que la comisión presidida por el asesor financiero Bayardo Arce Castaño “tiene como misión renegociar… la deuda del gobierno de Nicaragua” y que él, en calidad de presidente del Banco Central “hasta el momento no he recibido instrucción del Presidente que me releve de esa misión o me cambie la misión de renegociar la deuda”.

Sin embargo, dijo sin agregar detalles que “estamos cerca de un acuerdo definitivo”.

Nicaragua respeta mercado de capitales

Rosales dijo a la prensa nacional que “nuestros esfuerzos están encaminados a fortalecer el estado de derecho, a garantizar la convivencia, el respeto y la unidad de los nicaragüenses alrededor de estos temas oara que Nicaragua sea reconocida como un país en donde los inversionistas están seguros de sus inversiones”.

Indicó que “nos apegamos a la Constitución y las leyes” y aunque aseguró respetará las resoluciones del poder judicial indió que “hasta el momento es la opinión del presidente del BCN que debemos pagar esos títulos”.

En cuando a la resolución del juez Arias dijo que “debe analizarse si esta es la forma en que una autoridad puede ordenar a una autoridad administrativa” no pagar los bonos y que “voy a cumplir con la ley”.

Rosales llamó la atención de la prensa de que, aún antes de ser funcionario de gobierno, ha sostenido que “no debemos confundir la nulidad de los títulos con la nulidad de la emisión” y que “los títulos gozan del principio de autonomía. Lo digo desde hace rato”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez Sevilla, llamó “disparate” a ka ordenada suspensión del pago de los Cenis.

“La suspension de pagos es una cuestión mercantil” y que “el estado es el deudor más responsable que puede haber” en el país.

Martínez anotó que “no se puede recurrir a esos ardides para no pagar”.

El asesor presidencial Bayardo Arce Castaño dijo ayer que el estado honrará sus compromisos con los tenedores de bonos.

“La Fiscalía puede solicitar lo que quiera, las instituciones del Estado tienen que cumplir sus compromisos”, agregando que “la posición clara del Estado es que va a honrar los compromisos de deuda, en tanto estos no hayan sido anulados totalmente”.

A esta posición se sumó el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Francisco Rosales, quien dijo que un juez no puede violar la Ley General del Presupuesto aprobada esta semana por la Asamblea Nacional.

“No es el juez quien debe decidir si se aplica o no se aplica la ley, eso no está en las competencias del juez”, dijo Rosales.

Juarez espera notificación

Mientras tanto, el fiscal especial Armando Juárez dijo que espera la notificación del juez Arias al Ministerio de Hacienda y al Banco Central suspendiendo el pago de los bonos.

Según la resolución la suspensión del pago es “hasta en tanto el Ministerio Público no ejerza la acción penal correspondiente”.

Juarez dijo que “recibimos la notificación a las once de la mañana” y que la acción deje ejercerse “desde el momento de su notificación”.

Además dijo que el alcance de la decisión es más amplio. “Si la Fiscalía decide acusar estos recursos deben estar a la orden del juez que conocerá de la causa. Ante él deben quedar sujetos los fondos”, dijo.

Aseguró que la resolución no admite amparo alguno.

Sin embargo, Juárez admitió que si hay un arreglo entre el gobierno y los bancos “cederemos”.