La visible pugna en las entrañas del FSLN y el gobierno por el caso de los Cenis aún no termina, pese a que el pasado viernes el presidente Daniel Ortega dictó un virtual fallo en que exonera a los bancos tenedores de bonos, (aunque los señaló de beneficiarse de la corrupción), culpó a los ex funcionarios vinculados en las operaciones hechas tras la emisión de los certificados y ordena pagar los $45 millones de dólares previstos en el presupuesto 2008 para honrar el compromiso.

Fuentes judiciales dijeron que tras una prolongada reunión, el viernes, en la que participaron magistrados, judiciales y el juez Julio César Arias decidieron dotar al Juez V Penal de Audiencias de una escalera para bajar un poco, sin desmontar la “bomba de tiempo” que estallaron un día antes cuando ordenó congelar el pago de los Cenis.

La decisión del juez Arias que en los círculos políticos y empresariales atribuyen a un presunto “grupo de talibanes” que opera en áreas del sector judicial para el gobierno sandinista, desató una crisis que obligó a los organismos empresariales,COSEP y AMCHAN, a cerrar filas con la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, ASOBANP.

Los informantes dijeron que el juez V Penal de Audiencias tiene como primera opción para hoy lunes llamar a la Fiscalía y Procuraduría de la República a exponer sus puntos de vista sobre la petición hecha el pasado viernes por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, ante ese tribunal, para anular la orden de congelar el pago del compromiso.

O bien, el juez Arias acoge la decisión y revoca su resolución, lo que dejaría mal parado a la Fiscalía y Procuraduría y daría una “estocada”, casi mortal, al proceso de investigación porque implicaría admitir los argumentos del presidente del BCN quien alegó que un juez penal no tiene competencia para invadir el campo mercantil o civil, y que tampoco hay una ley que ordene parar este tipo de pagos.

Pero, existe una tercera alternativa, según el análisis hecho por el panel de magistrados y jueces sandinistas: que el juez decida abrir una ventana en su resolución y descongelar los pagos a los tenedores de bonos cada vez que así lo solicite el Banco Central o el Ministerio de Hacienda.

Ello permitiría “rescatar” la resolución judicial, mantener una pistola en la sien de los banqueros, dejar en manos del BCN y Hacienda el desembolso de los pagos y preservar la investigación.

Los informantes dijeron que la Fiscalía y la Procuraduría analizaron este fin de semana los hechos y que una nota de pesimismo embarga a los funcionarios de ambas instituciones que prometieron concluir antes de medio año sus averiguaciones.

La intervención del presidente Ortega y el papel protagónico del equipo económico del gobierno ha descalificado en gran medida el proceso conducido por el Ministerio Público y la PGR.

La lógica de algunos de los argumentos barajados por los técnicos de ambas instituciones es que si el presidente de la república declaró en público que los Cenis y los banqueros son lícitos y por tanto pagará el monto acordado para este año, no tiene sentido perseguir sus orígenes y consecuencias.

Además, el mandatario acusó a un grupo de ex funcionarios de ser corresponsables de un acto de corrupción del que se beneficiaron los compradores de tales certificados. Con eso puede derivarse que la Fiscalía y la Procuraduría sólo podrán incoar señalamientos de orden administrativo o civil contra los ex empleados gubernamentales.

Eso hace prever que la investigación podría ser una parte de su labor eximiendo de responsabilidad a los tenedores de bonos. En ese caso, si la deuda es corecta y honorable no hay nada que perseguir, comentó la fuente.

Empresarios unidos

Mientras tanto, las cámaras de empresarios del país cerraron filas, el viernes por la tarde, alrededor de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, ASOBANP, mientras mandaban un mensaje al gobierno porque la situación causada por la resolución del juez Arias “ nos obliga a hacer un llamado de atención a nuestras autoridades, por el hecho que estas decisiones provocan serios daños a la institucionalidad, al estado de derecho y a la estabilidad económica del país y sus ciudadanos”.

En una reunión privada los banqueros expusieron en detalle a los presidentes y directivos de las cámaras del COSEP y AMCHAM el impacto que el congelamiento de los pagos tendría en las finanzas bancarias y en la economía nacional.

Ello está resumido en un comunicado firmado por las tres organizaciones y que en esencia dice:

“Estas acciones:

1. “Aumentan la inseguridad jurídica que vive el país y afectan la imagen de Nicaragua, limitando seriamente la inversión privada interna y externa, indispensable y determinante para la generación de riqueza y la creación de más y mejores empleos, que es la única forma de reducir la pobreza que tanto nos agobia y que es la meta prioritaria de todos los nicaragüenses.

2. “Deterioran la calificación de riesgo del país, restringiendo la oferta de crédito o encareciéndolo, provocando un aumento en la tasas de los préstamos, afectando negativamente la producción y el crecimiento económico.

3. “Afectan adversamente la credibilidad del Estado, dificultando la colocación de deuda por parte del Gobierno y del Banco Central de Nicaragua, reduciendo la capacidad del Gobierno de honrar sus obligaciones mediante la emisión y colocación de títulos valores, y dislocando la capacidad del Banco Central para combatir eficazmente la inflación”.

Concluyen que “estas acciones tomadas en forma injustificada solamente causan perjuicios al país, por lo que instamos a nuestras autoridades a la reflexión acerca de la gravedad de estos eventos, para evitar que en el futuro se presenten situaciones similares que afectan el proceso de fortalecimiento económico e institucional de nuestra nación”.

“Fin de la comedia”

Para el economista independiente Néstor Avendaño el discurso del presidente Daniel Ortega es “el fin de la comedia” porque deja al sistema judicial sin capacidad para actuar y a los fiscales y procuradores sin aval del estado para proseguir el caso.

Insistió que la investigación debe ampliarse a la quiebra de los bancos y a las actuaciones del ex presidente del BCN, doctor Noél Ramírez.

“La clave está en la venta de los bienes de Interbank a Banpro en la suma de $152.7 millones de dólares, de los cuales $93.1 millones de dólares fueron pagados con Cenis a una tasa del 21.43%”, declaró.

Según el economista “esta es la madre del cordero” porque la tasa pactada fue dolarizada lo que nunca se ha visto en el mundo”.

Agregó que “por esa acción benévola” el banco comprador credió 2.5 veces su tamaño y aumentó su patrimonio en un 62%.

Dijo que “ya pagamos la deuda original de $332 millones de dólares pero aún la seguimos pagando por los actos inapropiados” de los ex jerarcas del BCN.