La Procuraduría General de la República promoverá juicios civiles “para el resarcimiento de daños ambientales que han venido deteriorando la calidad de los recursos naturales”, anunció ayer la oficina de comunicación de la institución.

Según esa oficina “todas aquellas personas naturales o jurídicas que han ocasionado daños al ambiente que se traduzcan en pasivos ambientales severos, deberán asumir los costos de la remediación de los mismos”.

“Es momento que las grandes empresas honren el invocado término de “ciudadanos corporativos responsables” y den inicio a la reparación de los daños ambientales que han ocasionado como resultado de sus actividades productivas, que únicamente se traducen en ganancias para las mismas, señala una nota de prensa.

La PGR retomó ayer una denuncia de los pobladores de San Rafael del Sur en contra de la empresa CEMEX, por la supuesta contaminación de la zona.

La PGR interpuso denuncia ante MARENA y está a la espera de que se dicte una resolución “acorde a la realidad ambiental de la empresa”.

Dice el informe que “La PGR garantizará que CEMEX asuma cualquier pasivo ambiental que genere, pues ha sido una práctica de las transnacionales que una vez que se retiran, no asumen sus responsabilidades corporativas y es el Estado quien debe asumir los costos de reparación o los perjuicios que implica no poder aprovechar recursos que han sido degradados o altamente contaminados”.

Anunciaron también que la Procuraduría General de la República va contra el Banco Centroamericano de Integración Económica, que asumió los restos y el fracaso de la empresa PENWALT S.A, cerrada en los años 80 por causar severos daños a los trabajadores, lago y comunidades adyacentes.

La maquinaria, instalaciones y terreno donde operó PENWALT son propiedad del Banco Centroamericano de Integración Económica y será responsabilizada por “la contaminación existente en el sitio (que) aún hoy continúa avanzando hacia el Lago Xolotlán. El BCIE a sido llamado a asumir su responsabilidad en relación a la limpieza y remediación del sitio, así como a indemnizar a cualquier afectado de conformidad a lo establecido en el Arto. 145 de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.”

El caso ORMAT

La Procuraduría General de la República también promoverá un proceso administrativo en contra de la empresa ORMAT Momotombo Power Company, que opera el campo geotermico ubicado en Momotombo.

La empresa, según la PGR, ha incumplido las condicionantes del permiso ambiental, contaminando de manera reiterada los suelos aledaños y aguas del Lago Xolotlán, mismo que actualmente es sujeto de un proceso de saneamiento millonario.

“No es posible que se estén realizando esfuerzos por recuperar lo que podría ser una fuente de agua vital para el país en las próximas décadas, mientras empresas con poca responsabilidad evitan realizar las inversiones necesarias para mitigar los efectos contaminantes de su actividad”, dijo la vocería de la empresa.

Además del proceso administrativo, ORMAT podría ser sancionada de conformidad a la Ley de Delitos Ambientales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles en que pueda incurrir por los daños ocasionados a los recursos naturales y al medio ambiente.