La misión del Fondo Monetario Internacional que llegará a Managua el próximo lunes trae en su portafolio el tema petrolero. Las denuncias públicas sobre la falta de transparencia en el contrato entre Petronic y Pdvsa más las declaraciones de las bancadas de oposición de la Asamblea Nacional de que no reconocerán deuda pública originada por esta fuente llamaron finalmente la atención del FMI.

El Fondo advirtió el año pasado al equipo económico del presidente Daniel Ortega que Petronic debía ser incorporada como parte del “sector público para transparentar sus operaciones financieras”.

Un año después el régimen sandinista proclama que Albanisa (Petronic+Pdvsa) es una empresa privada que no está obligada a dar información al estado, salvo a las instituciones fiscales, aduaneras y municipalidades.

El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, precursor del acuerdo petrolero, tiró la pelota a los diputados de la Asamblea Nacional y a la Contraloría de la República diciendo que basta con pedir a Petronic un informe sobre sus operaciones en el marco petrolero con Venezuela para averiguar la verdad.

Temor a compromisos

El gobierno sandinista pensaba que el Fondo se contentaría con la aprobación del presupuesto de la república y la presentación de las leyes contra el fraude y la indexación de la tarifa de energía para pasar el examen que comienza el próximo 25 de febrero. Pero, el volumen de compromisos que está haciendo la estatal Petronic ha encendido las alarmas en Washington, D.C.

Informes de los sindicatos de la energía indican que Enel acumula deudas por compras de petróleo y sus derivados por casi $60 millones de dólares que no están respaldados hoy por la tarifa.

La falta de flujo de caja en el sector eléctrico, causado por los desajustes tarifarios, llevaron al gobierno a romper una promesa de campaña electoral recurriendo a la autorización de alzas que aún no compensan la brecha entre el costo de la energía y los precios pagados por los usuarios.

El FMI está preocupado porque las empresas estatales generadoras de energía ya tienen sobre sus hombros una carga importante como es el subsidio a los consumidores de 150 Kv. hora o menos.

Y hay otra preocupación adicional. El 40% del petróleo entregado por Venezuela será pagado a un plazo de 25 años, compromiso que ha sido avalado por el presidente de la república.

Un primer “aviso”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya adelantó al gobierno del presidente Ortega su intención de abordar el tema cuando su misión llegue a Managua. Desde Washington mandaron a decir que Petronic debe ser incorporada como parte del sector público para transparentar sus operaciones financieras.

Petronic manejará una factura petrolera anual con Venezuela de unos en $320 millones de dólares anuales, que no están incluidos en el presupuesto de la nación.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, confirmó la preocupación del organismo financiero internacional. Desde el año pasado, “el Fondo hizo un planteamiento de incorporar a Petronic en el sector público consolidado y, por supuesto, estamos haciendo los cálculos que corresponden para ver si no habría ningún efecto en el ejercicio que habíamos elaborado”, dijo el titular del BCN.

Agregó que el asunto se discutió durante la última reunión con los miembros del FMI, en Washington, convocada para tratar un nuevo acuerdo económico y financiero de tres años con Nicaragua.

Rosales dijo que el FMI “manifestó la intención de permitir que Nicaragua pueda hacer uso de la factura petrolera de la cooperación venezolana en los términos que está establecido, hasta dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB)”, unos 112 millones de dólares, para programas sociales.

A su vez, diputados de la Asamblea Nacional han señalado que “si es necesario” podrían discutir una declaración o ley estableciendo que no reconocerán deuda generada por el contrato petrolero.

Otras preocupaciones

Además del tema petrolero, el Fondo quiere evaluar el desempeño de la inflación, el tema de la masa salarial y las leyes vinculadas al tema eléctrico, aspectos sujetos a evaluación de la misión, de cuyo informe dependerá que el directorio del FMI apruebe la primera revisión al programa económico.

Antenor Rosales dijo que cuando acudió a la sede del FMI en Washington, antes de la aprobación del presupuesto, fue para buscar aclaraciones sobre “los efectos externos e internos que se han presentado y que van a tener un impacto en la economía”.

El funcionario indicó que “fuimos a dar a conocer por qué la inflación (16,88%) ha llegado a esos niveles” en el último año.

Entre los compromisos adquiridos con el FMI está la aprobación en el parlamento de una ley que castigue el robo de electricidad, que según la compañía distribuidora, Unión Fenosa, tiene un impacto millonario.

Nicaragua también discutirá con el FMI convocar a un grupo consultivo para abril, a fin de obtener ayuda financiera de la comunidad internacional para aliviar la crisis económica y social dejada por el huracán Félix en la costa Caribe.

No serán bienvenidos

Sindicatos afines al gobierno de Daniel Ortega convocaron a una marcha de protesta contra la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que nos visitará la próxima semana.

Esa manifestación es promovida por la Federación Nacional de Trabajadores (FNT), que preside el diputado sandinista Gustavo Porras.

La marcha, a realizarse el próximo 26 de febrero, saldrá de las inmediaciones del Zumen, al sur de Managua, y concluirá en las afueras de la sede del Banco Central de Nicaragua (BCN), donde también está ubicada la representación del FMI en Managua.

Ese día está previsto que una misión del FMI, encabezada por Luis Cubeddu, se reúna con las autoridades nicaragüenses para analizar el acuerdo económico financiero firmado con el Gobierno de Ortega en octubre pasado.

Los organizadores calculan que 2.000 trabajadores participarán en esa marcha, en la que protestarán por las supuestas imposiciones del FMI.