Las dudas que dejó la salida intempestiva del ciudadano estadounidense Erick Volz, se han profundizado con la investigación que han realizado algunos medios de comunicación.

Volz fue acusado y condenado por una juez de Rivas por la muerte de la joven Doris Ivania Jiménez y logró regresar a su país en diciembre del año pasado por una orden de deportación emitida por la Dirección de Migración y Extranjería.

Antes, el Tribunal de Apelaciones de Granada, había anulado la sentencia de culpabilidad, lo que levantó una polvareda sobre la culpabilidad o no de Volz, quien fue acuerpado desde el inicio de su juicio por su mamá, amigos, familiares y ciudadanos de Estados Unidos que miraban su caso como una injusticia del sistema judicial de Nicaragua.

Doris Ivania fue asesinada el 21 de noviembre del 2006 en una tienda de ropa de su propiedad y el 25, la Fiscalía acusó a Armando Llanes, Eric Volz, Julio Martín Chamorro y Nelson López Dangla.

De éstos personajes, Llanes fue liberado y nunca más fue mencionado y López Dangla de sospechoso pasó a ser testigo. Sólo Chamorro permanece ahora en prisión.

El programa “Esta Semana” que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, transmitió el pasado 17 de febrero, un reportaje de investigación sobre el caso que reveló algunas irregularidades que son expuestas por algunos de los protagonistas del caso.

El magistrado Roberto Rodríguez del Tribunal de Apelaciones de Granada, por ejemplo, señaló en una de las entrevistas del programa que él mismo cuando comenzó a leer la sentencia, estaba prejuiciado por todo lo que había escuchado antes.

“A medida que fui leyendo me encontré cosas tan anormales, no sólo anormal en el sentido legal, sino que inclusive en el sentido de llegar a sospechar que había algo más, algo raro”, señaló.

Otro magistrado, Norman Miranda, afirmó que encontró vicios y defectos absolutos y que nunca había visto un caso que tuviese tantos errores y tantos desaguisados.

Señala el reportaje que los magistrados que revisaron el caso Volz encontraron una “montaña de interrogantes” y la misma Fiscalía reconoce que fue un caso difícil que partió con 4 investigados pero después esta misma institución, modifica la denuncia y presenta como presuntos autores a Volz y Chamorro.

Llanes y López Dangla fueron sobreseídos por el juez Edgard Palma, quien fue destituido posteriormente por la Corte Suprema de Justicia.

López Dangla presentaba según el dictamen del médico forense, múltiples lesiones que se asemejaban a las realizadas por uñas y excoriaciones en sus genitales.

El magistrado Rodríguez, señala en este reportaje que la muchacha fue violada anal y vaginalmente y como coincidencia él tiene ese tipo de lesión.

El abogado de López Dangla, César Baltodano, ex jefe de Policía de San Juan del Sur, argumentó que esas lesiones son comunes en personas que practican surf como lo hacía el entonces acusado.

Baltodano presuntamente está ligado a la familia de su defendido y según Volz fue la persona que le hizo la oferta de pagar un millón de dólares a la mamá de Doris Ivania.

Aunque López Dangla había ofrecido otras versiones, nadie profundizó en ello.

El ex jefe de la Policía de Managua, Pedro Aguilar fue otro de los entrevistados del programa y comentó que por la naturaleza de las lesiones de Volz y su argumento, debió haberse reexaminado y corroborar su versión.

Las lagunas son tan evidentes que los magistrados que revisaron el caso, sostuvieron que se debió haber reabierto el caso para volver investigar a los 4 acusados.

“Las incriminaciones contra Armando Llanes son tremendas y tan graves como la López Dangla. Ahí había suficiente para que la Fiscalía mantuviese las acusaciones sobre Llanes”, dijo el magistrado Miranda.

El ex jefe policial Aguilar sostuvo que como hay un montón de lagunas y cosas que no están claras, lo correcto sería “un trabajo que permita confirmar esto”.

Un informe procedente de Costa Rica informo que los procuradores generales de México, Eduardo Medina-Mora Icaza, y de Nicaragua, Hernán Estrada, “intensificaron las negociaciones para repatriar a siete mexicanos sentenciados en 2007 por la justicia nicaragüense a condenas de hasta 22 años por narcotráfico, como miembros de una red del cártel de Sinaloa”.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, magistrado Rafael Solís, y el procurador Estrada confirmaron que las gestiones prosiguen, aunque sin entrar en detalles del proceso, pero negaron que existan presiones de México sobre las autoridades nicaragüenses para lograr que los mexicanos sean repatriados.

Solís rechazó la opción de reducir las penas al grupo del cártel de Sinaloa, una de las principales organizaciones del narcotráfico de México. Los mexicanos “sabían a lo que venían a Nicaragua, es decir, a crear las condiciones, como pistas de aterrizaje, para facilitar el tráfico de drogas”, alegó.

Los mexicanos son José Juvenal Mendoza González, Arturo Ramón Gaspar Rubio, David Ricardo Alvarado Zazueta, Jesús Javier Flores Vega, Juan Rosales Castañeda, Luis Ángel Vale Serrano y Emiliano Rodas Pérez—o José Luis Guzmán o José Luis Monjarrez—y purgan sentencias en una prisión al este de Managua.

Las autoridades antidrogas nicaragüenses dinamitaron la pista de aviación y confiscaron vehículos, armas, aparatos de radiocomunicación y demás bienes de los narcotraficantes, como bodegas para almacenar estupefacientes.

El embajador de México en Managua, Raúl López-Lira Nava, informó hoy a EL UNIVERSAL de México que “hemos estado pendientes de que los presos, como cualquier mexicano, tengan derecho a un abogado y a médicos y de que entienden de qué los acusan”.

“No defendemos criminales. Defendemos que los derechos de los mexicanos sean respetados, como los de cualquier persona en un proceso judicial”, agregó.