El presidente del Banco Central, Antenor Rosales Bolaños reiteró ayer que los dos temas fundamentales que discutirán a partir del próximo lunes 25 con una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) son la aprobación de un presupuesto en línea como lo establece el programa acordado con ese organismo, y las medidas tendentes a disminuir las pérdidas por el mal uso de los servicios de energía.

Al respecto, Rosales, señaló que lo primero “ya lo cumplimos”, mientras que “estaríamos esperando que al momento de elaborar ese informe (con el FMI) esta ley (anti fraude eléctrico) ya esté vigente en Nicaragua”.

Sobre el tema, el Asesor Económico del Gobierno Bayardo Arce Castaño confirmó que anualmente se pierden 50 millones de dólares por robo de energía y por problemas técnicos, según datos de la distribuidora Unión Fenosa.

Arce, comentó durante un debate televisivo, que si al menos la mitad de esa cifra fuera por robo, esos 25 millones de dólares “nos lo clavan (cobran) a nosotros, a ustedes, a todos en los recibos”. Por ello, llamó a “no dejarse manipular” de que la ley presentada ante la Asamblea Nacional por el presidente Ortega afecte a los consumidores de menos de 500 kilovatios/hora, que constituye el 95 por ciento de los consumidores de este bien.

Compartió con César Zamora, Presidente de AMCHAM y Gerente de Empresa Energética Corinto, de que se apruebe dicha ley, porque de lo contrario esas pérdidas por robo se continuarán pagando en tarifa o subsidio. “Se trata de reducir pérdidas. El llamado del sector privado es no politizar el tema. Requerimos que la sociedad política analice el tema, y que sea lo más riguroso en promulgar una ley que ayude a que nos pierden 35 millones de dólares cada año. Con precios alrededor de 75 dólares el bunker, hablamos que el país por factura eléctrica genera alrededor de 350 millones de dólares y las pérdidas son del 9%, las pérdidas andan por 32 millones de dólares”, comentó el empresario.

Mérito de la Ley

Zamora subrayó que es importante ver el mérito de la ley y no politizar el tema, porque lo importante es reducir el robo de energía.

“La magnitud es enorme, si esa cifra se reinvirtiera en los próximos cinco años, el país pasaría de una cobertura del 50 por ciento al 80 por ciento de la población para que tenga energía”- Por ello, “es un llamado a ver la ley por sus méritos y lo que implica para el interés nacional”.

Dijo desconocer los detalles de la Ley, pero de acuerdo a las discusiones hace dos días en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, “es por este camino que tenemos que reducir el robo de energía y que no se haga con fines para afectar a los que menos tienen”.

Esta Ley, incentiva al sector privado, porque al reducir las pérdidas, se fortalecerá el sistema y tendrá mejores mecanismos para pagar la energía que generan las plantas generadoras, por lo que habrá una mejor forma de pago, explicó Zamora, quien dijo que esto es un mensaje que ha recibido el sector privado. Destacó tres nuevos proyectos en ejecución: Eólico Amayo (40 megas), dos plantas de hidro de 20 megas. “Esto es que hay disposición del sector privado de invertir” en el sector energético, dijo..

Los aumentos salariales

En otro orden de temas, el Presidente del Banco Central, se refirió al aumento salarial para el sector salud. “El compromiso era aprobar el presupuesto con el 12 por ciento de la masa salarial. Ese cálculo que realizó el gobierno contempla un aumento diferenciado a los diferentes sectores beneficiados con ese aumento.

De allí que, por lo que he leído, el sector salud recibirá el 16 por ciento. Pero no se trata de romper el compromiso que establecimos, que la masa salarial solamente podamos incrementarla al mismo ritmo de crecimiento nominal del PIB”.

En relación a la visita el próximo 25 de febrero de una misión técnica del FMI, dijo que se trata de la revisión del programa de servicio y crecimiento y lucha contra la pobreza, los supuestos de crecimiento, de inflación, creación de empleo, el déficit del presupuesto, todo lo contemplado en el programa y los criterios de desempeño, y los indicadores de referencia estructural.

En cuanto a lo dicho por el Ministro de Hacienda de que algunos economistas han delinquido al opinar sobre las causas de la inflación, Rosales comentó que en Nicaragua, “en el Estado de Derecho que vivimos, todos tenemos derecho a opinar sobre elementos que consideremos relevantes y aún los intrascendentes. La libertad de opinión y pensamiento es un derecho constitucional de los nicaragüenses”.