En el Partido Liberal Independiente aseguran que el sempiterno presidente de este partido político, Virgilio Godoy Reyes, reasumirá la jefatura de la organización porque no está contento con la dirección de Indalecio Rodríguez.

Godoy se opone, como siempre lo ha hecho, a la posibilidad de una alianza de su partido con el PLC y así lo ha hecho saber a Eduardo Montealegre. En esta ocasión quiere asegurarse que Rodríguez no de un paso en falso si el ex ministro de Hacienda decide ceder a una alianza con el Partido Liberal.

Sin embargo, informes no confirmados indican que Rodríguez habría renunciado al cargo ante las presiones de allegados a Godoy Reyes, entre ellos –señala una fuente confidencial- Ricardo Sotomayor, un antiguo mecenas del líder del PLI, y empresario con negocios en Costa Rica.

El secretario de la Asamblea Nacional, Javier Vallejos, presentó ayer un proyecto de ley dirigido a controlar las “exportaciones” de cobre que provienen del robo de cables de la empresa telefónica ENITEL, las proveedoras de televisión por cable y radioemisoras AM del país.

El proyecto, que pasó a comisión, denunció en su exposición de motivos que en el año 2006 se reportaron 2,518 robos en las redes de Enitel y TV por cable, lo que afectó a unas 180 mil líneas causando un daño a las empresas por $1.7 millones de dólares.

Sin embargo, destacan los mocionistas, estas cifras no recogen el efecto mucho mayor en términos económicos y comunicales que los cortes del servicio telefónico causan a los usuarios de ENITEL, especialmente.

La exposición subraya que las exportaciones de ese metal quedaron suspendidas desde 1974, pero en los últimos años han “aumentado” debido al robo de cables hechos con cobre. Denuncian la existencia de “topes” que compran el producto libremente y lo sacan del país bajo la figura de “exportación”.

Actualmente la ley sólo sanciona el robo patrimonial pero no el consabido daño social, de allí que el proyecto de ley propone el control y regulación de la comercialización y “exportación” de cobre.

Aunque los proponentes aseguran que esta ley no podrá remediar por completo el problema del robo al menos “permitirá controlarlo y regularlo”.

El jefe de la bancada liberal en la Asamblea Nacional, Maximino Rodríguez, presentó ayer a sus colegas un proyecto de ley para destinar fondos públicos del presupuesto de la república para los partidos con representación parlamentaria entre campañas electorales.

Según el proyecto de ley este financiamiento público sería permanente, pero “en tiempos no electorales” dirigido a financiar las actividades de capacitación de sus miembros, organización electoral, tareas editoriales y educación cívica de la población.

El mocionista señala que “muchos países han adoptado esta forma de financiamiento” citando como ejemplos a México, Argentina y Alemania en donde hay leyes que regulan el financiamiento de tipo público y el procedente de fuentes privadas.

Entre otras disposiciones, la ley propone crear la figura del donante anónimo que no podrá dar dinero a los partidos más allá del 5% de la partida que el estado, a través del presupuesto asigne a la organización.

O bien que una persona no pueda donar más de C$50,000 córdobas al año, por ejemplo.

El Partido Liberal Constitucionalista propuso ayer, formalmente, a la Asamblea Nacional la creación del Instituto de Cedulación de Nicaragua.

Según el proyecto de ley que fue puesto en manos de una comisión parlamentaria para su estudio el instituto sería dependiente técnicamente del Consejo Supremo Electoral, pero gozaría de independencia en términos funcionales y administrativos de ese poder.

Su función será emitir las cédulas de identificación ciudadana, conforme a las leyes, a los que cumplan los 16 años de edad como tarea principal. Su ámbito no sólo será nacional si no que se encargará de cedular a los nicaragüenses que viven en el exterior.

El nombramiento de las autoridades del Instituto será hecho por la Asamblea Nacional a propuestas de los diputados, con un período propuesto de cinco años. Bajo su responsabibilidad estará el registro central y se entenderá que su labor será meramente de servicios y confiable en cuanto a la expedición de la cédula.
No tendrá privilegios ni control político de ninguna organización o poder estatal sugiere la propuesta.