En los círculos de los productores lecheros aseguran que el gobierno estudia la posibilidad de cargar con un impuesto del 3% las exportaciones de leche y queso, para desestimular la salida de estos productos del mercado nacional.

El Ministerio Agropecuario y Forestal está preocupado por la demanda de este líquido y sus derivados en Honduras y El Salvador que podrían desabastecer a los consumidores nacionales en los meses más secos del verano, como son marzo y abril.

Aunque la semana pasada el gobierno se comprometió a no intervenir en los procesos de formación de precios o exportación como un mecanismo para controlar la inflación y las alzas de los artículos de consumo básico en la práctica están a punto de hacer lo contrario.

Sin embargo, el probable mecanismo que el gobierno adoptaría sería eliminar el arancel del 3% que las plantas cobran a los lecheros para enterarlo al estado y aplicarlo a las exportaciones.

Los informantes creen que, a una seña del gobierno, la DGI cambiaría las reglas del juego eliminando el cobro del 3% con el objetivo de bajar los costos de producción y comercialización de la leche y sus derivados.

La medida podría ser casuística, dirigida a desestimular las ventas a Honduras cuyo gobierno anunció que cubriría el déficit de abastecimiento comprando a Parmalat de Nicaragua y a Dos Pinos de Costa Rica.

El ministro de Hacienda, Alberto Guevara, desconoció ayer la posición del presidente del Banco Central, Antenor Rosales, de que la negociación con los banqueros tenedores de bonos originados por los Cenis y que sólo falta la ratificación del consejo directivo para ejecutarla.

Guevara avaló la posición del Ejecutivo que impulsa el Procurador Hernán Estrada y el presidente de la Contraloría Luis Ángel Montenegro de que lo obtenido por el BCN es muy poco y que se puede lograr mucho más.

El vaivén de la política gubernamental hacia los banqueros es interpretada en círculos empresariales como una “peligrosa provocación” del presidente Daniel Ortega a las negociaciones que el equipo económico financiero del gobierno tiene con una misión del FMI. Otras opiniones dicen que la decisión de Ortega de desconocer los acuerdos preliminares alcanzados por el presidente del BCN, Antenor Rosales, con los banqueros debilitará su posición negociadora no sólo con el FMI sino que con los bancos.

Para el presidente del Banco Central la renegociación con los tenedores ya terminó y que sólo el consejo directivo del BCN tiene facultad para ratificar los compromisos.

El ministro Guevara, miembro del equipo económico que negocia con el Fondo, dio ayer “media vuelta” endosando el discurso presidencial de que las pláticas no han terminado.

Como un efecto del estira y encoge de las autoridades gubernamentales Mirna Liévano, representante del BID, dijo que la cooperación internacional depende de lo que diga el informe de la misión del FMI.

Mientras tanto, el representante de uno de los bancos con los que Rosales negoció el acuerdo respaldó la posición del presidente del BCN.

“Nosotros sentimos que hemos terminado el proceso. Durante un tiempo hemos negociado, lo hemos terminado y sólo falta la formalización de eso”, comentó por su parte Julio Cárdenas, directivo de Bancentro,.

Agregó que ellos esperan que el acuerdo será por dos años y que accedieron a las negociaciones por la demanda de que faltan recursos para financiar los programas de alivio a la pobreza.

“Tenemos confianza en la dirección del Banco Central” dijo Cárdenas, quien agregó que siguen comprando bonos y títulos valores emitidos por esta entidad.

El Ejército de Nicaragua se prepara para garantizar la seguridad de las próximas elecciones municipales que se celebrarán en noviembre de este año, informó el jefe de esa institución, general Omar Hallesleven.

El militar dijo que sostienen reuniones con las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) para ultimar detalles acerca del plan de seguridad que estará ejecutando la institución castrense para los comicios municipales.

La misión contempla, agrego, la movilización de componentes de tierra, de la fuerza naval y aérea y sus medios, comunicación, camiones y vehículos ligeros. Agregó que el ejército necesita unos ocho millones de córdobas (cerca de cuatrocientos 21 mil dólares norteamericanos) para la ejecución de su plan de aseguramiento de los comicios.