El litigio entre Enrique Dreyfus y Harry Brautigahm está congelado en las gavetas de la Corte Suprema de Justicia. Carlos Arroyo Ugarte abogado defensor del ex canciller de Nicaragua en tiempos de Violeta Barrios de Chamorro denunció que el representante del BCIE en Nicaragua tiene apoyo de magistrados del máximo organismo de justicia.

Se sabe que allí se barajan las sentencias, existe la estrategia del “dame que te doy” y casualmente en el caso Dreyfus - Brautigahm salió una sentencia de que el BCIE otorga préstamo al gobierno, y raíz de una publicación impresa en un diario de circulación nacional, el BCIE responde entregando 350 millones de dólares.

Ahora se dice que hubo “mano pachona”. Arroyo Ugarte había solicitado emitir explicaciones a varios magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como estaba el caso en demanda y jamás dieron respuesta, menos que hayan dado audiencia, derecho que todo ciudadano tiene.

El proceso está en dos etapas: ejecución de sentencia, en el que se trata de liberar a Dreyfus de la responsabilidad penal, donde se encuentra pendiente un recurso de revisión en la sala antes mencionada para demostrar que no hubo delito alguno.

Otro argumento del defensor de Dreyfus es que el fallo fue emitido en el momento que la convulsión jurídica estaba girando en el caso Volz y dentro de ese paquete incluyeron el apoyo a Brautigahm, dejando como beneficio el préstamo millonario al estado nicaragüense.

Hubo medios que relacionaron el caso Volz y Dreyfus con la sentencia a favor de Erick Volz.

Para Arroyo estuvo la mano del imperio de las barras y las estrellas, oportunidad que permitía sacar algunos fallos que se perdían con el tiempo en la Corte Suprema de Justicia. La gente opina que allí se negocian las sentencias.

El diputado Eduardo Montealegre aún dudaba ante Enrique Quiñónez la aceptación para postularse como alcalde de Managua cuando aparecieron ciertos elementos en radio 15 de Septiembre repartiéndose el cuero del venado.

Dicen ser amigos de Quiñónez Tuckler, y que merecen ser nombrados concejales con salarios que dignificara su cargo, entiendase subirlos.

La población exige unidad, los mensajes de Álvaro Somoza Urcuyo se encierran en lo contrario con panegirismo para Montealegre y recriminaciones al PLC.

En la Comisión Económica de la Asamblea Nacional llegaron los primeros funcionarios para conocer su opinión sobre la Ley Antifraude que con carácter de urgencia envió el gobierno de la república.

Hablo Emilio Rapacciolli, ministro de Minas y Energía y el ingeniero David Castillo, director de INE.

La ley en mención no tiene aceptación de la población y se está discutiendo porque parece ser una exigencia del Fondo Monetario Internacional.

Un diputado del FSLN apenas tomó asiento durante la discusión y dijo que era requisito del FMI aprobar la ley, respondiéndoles los liberales que eso era inadmisible.

Ese cuento de la urgencia les dijeron es similar al de Enrique Bolaños para que le dieran preferencia a sus ante proyectos de ley. Carlos Gadea Avilés señaló que es una medida draconiana y quien se oponga a la inspección le cortan de inmediato la energía, los presidentes anteriores les han hecho comparsa y ahora Ortega sale apoyando esta medida brutal contra el pueblo de Nicaragua. Amarres y cosas ocultas se observan con esta ley caníbal, dijo Gadea.

En España estuvo Bayardo Arce negociando y solicitando el favor del Rey Juan Carlos para una cita con Unión Fenosa y a raíz de eso el gobierno no vuelve a molestar a la transnacional.

Existen cosas curiosas, porque de los fondos de Venezuela le entregan dinero a Geosa, son negocios raros.

Ruth Selma Herrera estando en la llanura pedía no pagar recibos, luego José Antonio Zepeda engaña a los maestros con manifestaciones pidiendo aumento salarial.

Gustavo Porras procede de manera similar, pero en las reuniones de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional hacen resistencia para que le mejoren salario a esos gremios.

No es cierto que ley anti fraude afecta a un sector, pero eso es pretexto, es más amplia la aplicación de esa ley.

La iniciativa aun se procesa, los cabildeos siguen, pero pasará al plenario.

Cuando sea aprobada, las amenazas estarán como espada de Damocles sobre la cabeza de cualquier ciudadano no importa quien altere el medidor del agua o la luz, eso será suficiente argumento para acusar penalmente al usuario.