El presidente Daniel Ortega cambió la seña a su propia gente y convocó, sin decir agua va, a una especie de asamblea congresal (integrada por la Asamblea Nacional y los miembros del Congreso FSLN) para imponer a Alexis Arguello como el candidato a Alcalde de Managua.

Esto fue lo único que no sorprendió a los aturdidos congresistas-asambleístas ya que cuando Ortega anunció que la fórmula del tricampeón sería la periodista Daysi Tórrez, las miradas estupefactas brotaron por doquier.

Tórrez no estaba en los cálculos de nadie, menos en los del FSLN. Con esta decisión quedaron en el camino las aspiraciones de Ever Cárcamo, a quien le doblaron el brazo la semana pasada, y del diputado socialcristiano Agustín Jarquín Anaya, quien ha esperado por más de diez porla bendición de Ortega, que ya ha recibido en dos ocasiones consecutivas el ex campeón mundial.

Tórrez es una conocida reportera que laboró para Canal 4 y actualmente es la relacionista público de TELCOR.

Recientemente, la primera dama Rosario Murillo la puso al frente de un programa para recomponer las relaciones con la prensa nacional, especialmente la sandinista, cuando se quejaron por la falta de publicidad.

Militante probada del FSLN y de origen humilde, Tórrez ha gozado de la confianza del matrimonio presidencial desde hace mucho tiempo.

También fue sorpresivo conocer que la lista de candidatos a concejales por Managua estará encabezada por el cronista deportivo de Canal 12, Enrique Armas Rosales, conocido como La Ardilla.

La señora Murillo descansa su esperanza de triunfo en varias encuestas internas del FSLN, hechas en Managua, y que le sugieren que el triunfo en Managua lo tienen asegurado. Sin confirmación de nuestra parte, la fuente dijo que en una encuesta el FSLN resulta ganando casi con un 70% de preferencia en la capital.

En los círculos judiciales se preguntan qué juego está manejando el magistrado Armengol Cuadra, quien está semana fracasó intentando concentrar en su escritorio el expediente del ex presidente Arnoldo Alemán mientras ponía en libertad al asesino del periodista Carlos Guadamuz.

Cuadra, quien recibe instrucciones de su colega sandinista, el magistrado chontaleño Marvin Aguilar, tiene sobre sí graves acusaciones de “toma tierras” en Puerto Sandino, y parece estar decidido a mejorar su puntuación en Casa Presidencial.

La familia Abohasen de León mantiene un litigio con Cuadra, quien se ha apropiado de un considerable terreno costero aprovechando que las alcaldías deciden sobre una franja de esta propiedad. Otros magistrados, altos funcionarios del Poder Judicial, y hasta diplomáticos venezolanos han invadido propiedad privada siguiendo la pauta de Cuadra.

En los corrillos judiciales aseguran que Cuadra “quiere algo de doña Rosario Murillo”, a quien estaría acercándose sin el éxito que él se esperaba.

“Pero, todo lo ha echado a perder. El magistrado Cuadra se ha echado encima al periodismo nacional sacando al asesino de Guadamuz, tiene encima a los organismos vigilantes de los derechos humanos y ahora está poniendo en peligro las relaciones políticas de la Presidencia queriendo disponer sobre la convivencia familiar del ex presidente Alemán”, comentó un conocido litigante consultado sobre el tema.

Cuadra cometió otro error al mandar a traer a la familia de la periodista asesinada María José Bravo para mejorar su imagen ante los medios pero más bien se enredó porque ha quedado claro quien es verdaderamente el que maneja los hilos de esta trama ya repudiada por la opinión pública.

“Yo le recomiendo al magistrado Cuadra que mejor se quede callado y no haga nada porque ya metió las de andar y si continúa provocando a la opinión pública, más rápido le volverán a sacar los trapitos al sol”, dijo el litigante consultado por Trinchera de la Noticia.

Mario Amador, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, calificó ayer de confiscatorio el decreto de la presidencia de la república que establece el cobro de agua extraída de pozos privados a un considerable número de empresas agro industriales.

“Es un decreto confiscatorio” que “afectará al sector productor de alimentos y bebidas”, dijo Amador, quien llamó al gobierno a revertir la medida.

La presidencia de la república estableció un cobro de C$12.00 córdobas por cada metro cúbico de agua extraído por “fuerzas privadas en fines industriales, comerciales y turísticos del país para conservar y proteger los acuíferos, reservas de la nación y garantizar el derecho de los nicaragüenses a habitar en un ambiente saludable”.

El decreto 10-2008, afecta principalmente a las embotelladoras, cervecerías, procesadoras de café, entre otras, que estarán sujetas a este nuevo cobro.

El decreto establece otro cobro, de C$8.00 córdobas por metro cúbico extraído, “por no ser industriales” a los colegios privados, universidades privadas, restaurantes, zonas francas y embajadas.

“Esos costos se van a trasladar a los productos y eso causará más inflación porque hará más inaccesibles estos artículos para el consumidor”, dijo Amador.

Un empresario dijo que el sector arrocero será especialmente golpeado ya que el costo de producción por manzana se elevará en un mil dólares al menos.