“Prisión preventiva y arresto inmediato”, decretó la licenciada Concepción Ugarte, del Juzgado II de Distrito de Audiencia para lo Penal de Managua, en contra de un grupo de toma tierras acusados por la Procuraduría General de la República, adherida a la acusación presentada por el Ministerio Público, MP.

Dicha acusación tiene sus antecedentes en una primera acusación interpuesta por el MP por usurpación de dominio privado y asociación ilícita para delinquir, al haber penetrado y asentado de forma ilegítima en la propiedad denominada Santa Elena, ubicada en el Km 13 ½ de la carretera Norte.

Posteriormente, la Fiscalía amplió dicha acusación por estelionato, robo con fuerza, daño, usurpación de dominio privado, tala raza, corte, transporte y comercialización ilegal de madera, tala en vertientes y pendientes y lotificación, urbanización y construcción en contra de 11 personas liderados por Estelvina del Carmen Duarte Rivera.

De esta segunda acusación, la PGR se adhirió, por lo que hace a los delitos ambientales, “los que afectan de forma directa el Patrimonio del Estado, contenido en el Arto. No. 2 de la Constitución Política de Nicaragua, a través de actos que han deteriorado los recursos forestales, hídricos y fauna silvestre que se encuentran en el sitio”, indicó el Procurador General de la República, Hernán Estrada.

Basado en la acusación y respectiva adhesión de parte de la PGR, se celebró el día de ayer audiencia inicial con características de preliminar en el Juzgado II de Distrito de Audiencia para lo Penal de Managua, con el fin de valorar si las respectivas acusaciones contenían mérito suficiente para elevar la causa a Juicio Oral y Público.

Luego de los alegatos de las partes acusadoras y los abogados defensores, la judicial a cargo de la audiencia, accedió a las peticiones de la PGR y el MP en cuanto a decretar prisión preventiva contra todos los acusados y remisión de la causa a juicio oral y público, que se celebrará el día 15 de abril del año en curso.

“La PGR promoverá cuantas acciones legales sean necesarias para salvaguardar el derecho a un ambiente sano, la protección de los recursos naturales y la efectiva tutela jurídica que el Estado debe garantizar a los titulares de las distintas formas de propiedad, reconocidas en la Constitución Política”, afirmó el Procurador General de la República, Hernán Estrada.