Una persona identificada como Marín Pimentel Santiago fue detenido en la Aduana de Peñas Blancas, lado costarricense, en la frontera sur, cuando intentaba pasar de contrabando 10 fusiles AK-47.

Las autoridades nicaragüenses detectaron cuando el sujeto sospechosamente intentaba pasar el paquete de las armas con rumbo hacia el sur e intentaron detenerlo, pero éste buscó refugió en el lado costarricense.

Los ticos se unieron a la persecución de Pimentel quien quiso “camuflarse” como un turista más en la cafetería de la Aduana de Costa Rica. El sujeto fue detenido y remitido a una cárcel de la vecina del sur.

Peñas Blancas es uno de los puntos preferidos por los traficantes de armas para pasar arsenales que generalmente son vendidos a la narco-guerrilla de las FARC.

La guardia pretoriana del presidente Daniel Ortega, conocida como los Camisas Azules, está constituida por ex trabajadores del Plantel Los Cocos, uno de los más “bravos” reductos del sandinismo en la Alcaldía de Managua.

Desde los tiempos del alcalde Herty Lewites los sandinistas comenzaron a seleccionar, extraer y entrenar a miembros de esos sindicatos, cuyas responsabilidades en la comuna van desde la recolección de basura hasta la pavimentación de calles.

Primero fueron vistos como el “anillo exterior” de Daniel Ortega en los actos de masas, cuando la Juventud Sandinista se desplomó y los jóvenes brillaron por su ausencia en los eventos rojinegros.

Luego, Ortega viendo su “eficacia” como “informadores y orejas” del hoy gobernante en cada acto que hacían decidió contratarlos y pagarles por actividad.

La “profesionalización” de los trabajadores llegó cuando el líder rojinegro asumió la banda presidencial y comenzaron los enfrentamientos con el alcalde Nicho Marenco. Entonces los reclutó como parte del personal de Casa Presidencial y los delegó para ser la primera fila de su defensa contra cualquier atentado y para aislarlo de las masas.

Se les dotó de una identidad especial, la famosa camisa azul, para diferenciarlos de los agentes de policía que vestidos de civil controlan la seguridad del mandatario, y aún de la misma seguridad personal.

¿De dónde sale el dinero para pagar los salarios de los camisas azules? Una buena pregunta para el presidente de la Contraloría, el licenciado Luis Ángel Montenegro.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó ayer en lo general un proyecto de Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Básico de Energía, que establece sanciones administrativas para los que roben más de 500 kilovatios de energía al mes y penas de cárcel para los que roben más de mil.

El proyecto fue aprobado por 75 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones.

El diputado Mario Valle dijo que hay que proteger las inversiones, vengan de donde vengan, pero que también hay que defender los derechos de los consumidores, y que esto debe quedar claro en la legislación, que continuará siendo debatida artículo por artículo a partir del 27 de marzo.

Valle dijo que los medidores de consumo de energía están bajo control de Unión Fenosa, fuera de los domicilios de los consumidores, pero al mismo tiempo la empresa responsabiliza a los usuarios por lo que suceda con estos equipos técnicos.

De la aprobación de esta ley dependen desembolsos que tienen que hacer a Nicaragua el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) por 16 y 10 millones de dólares, respectivamente

Fuentes gubernamentales dijeron que con la aprobación en lo general el país podría empezar a recibir desembolsos congelados por ese organismo a partir del mes de abril.

El representante del FMI, Humberto Arbulú, confirmó el ánimo de la organización con la positiva discusión de esta ley.

El Procurador Departamental de Jinotega, Eslin Acevedo, acusó ayer penalmente al Gerente General de Esso Standard Oil por el derrame que se produjo en la estación de servicio “Las Brumas” de la ciudad de Jinotega.

La denuncia fue puesta en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía de Jinotega la que acudió al sitio denunciado para recolectar en coordinación con INE las muestras de suelo contaminado por el derrame.

Una vez que concluya la investigación policial, la PGR solicitará al Ministerio Público para que interponga la correspondiente acusación en contra de la transnacional.

“Es necesario sentar de una vez por todas un precedente que obligue a las petroleras a adoptar las medidas técnicas necesarias para evitar situaciones tan lamentables como la del derrame en la estación de servicio Las Brumas”, expresó el Procurador General de la República, Hernán Estrada, quien añadió que “la PGR como abogado del Estado, promoverá las acciones que sean necesarias para lograr que se imponga una medida ejemplarizante en estos casos que únicamente generan degradación de los recursos naturales del Estado”.