El deterioro acumulado en 2007 del poder adquisitivo de los trabajadores que laboran en las empresas fue 10.5%, porque la tasa de inflación de precios al consumidor nacional fue 16.9% y el ajuste del salario nominal promedio mensual realizado por las empresas fue 4.6%, al pasar dicho salario de 4,286 córdobas en diciembre de 2006 a 4,485 córdobas en diciembre de 2007, según cifras oficiales del Ministerio del Trabajo y del Banco Central de Nicaragua. En otras palabras, si un trabajador adquirió 100 unidades de bienes de consumo con su salario mensual en diciembre de 2006, un año después adquirió sólo 89.5 unidades.

Además, el salario mínimo legal se ajustó 18.0% para todas las actividades económicas a partir del 1 de junio de 2007, pero el ajuste del monto promedio simple del salario mínimo pagado en el mercado fue menor al ajuste de salario mínimo legal, al registrar el nivel de 14.0% y, por lo tanto, observó un deterioro en su poder de compra de 2.4%.

Con datos del Ministerio del Trabajo, sólo el gobierno ajustó el salario mínimo pagado conforme la ley, o sea con el 18%; la industria manufacturera lo ajustó en 15%; la construcción, el comercio, las empresas financieras y las de transporte y almacenamiento lo incrementaron alrededor del 13%; las empresas que proveen servicios comunales y personales lo elevaron en 12%; el sector agropecuario lo aumentó en 11%; la minería, 6%; y las empresas de electricidad y agua apenas lo subieron 1%.

Los ajustes de los más bajos salarios no constituyen fuentes importantes de presiones inflacionarias en Nicaragua, lo cual es contrario a lo aseverado por el FMI, porque las brechas salariales se han reducido grandemente en el país. Con base en una muestra de datos correspondiente al período 1994-2007, si el salario mensual mínimo legal aumenta un 1%, el salario mensual mínimo efectivamente pagado en el mercado se incrementa apenas en 0.6% y el salario mensual promedio nacional se eleva sólo en 0.7%, por lo cual la brecha entre el salario promedio nacional y el salario mínimo pagado en el mercado se redujo de 190% en junio de 2001 a 116% en diciembre de 2007, y la brecha entre el salario mínimo pagado en el mercado y el salario mínimo legal también se redujo de 38% a 17% entre las fechas arriba señaladas.

De acuerdo con la receta fondomonetarista, la política salarial mantiene vigentes los principios de que las empresas privadas otorgarán ajustes en los salarios en función de sus capacidades financieras, mientras que los salarios (pagados con cheques fiscales) en el sector público permanecen congelados en términos reales, pero la masa salarial del gobierno puede incrementarse con la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal, o sea con la suma de la tasa de crecimiento económico y de la tasa de inflación anual.

Sin embargo, esos principios impuestos por el policía financiero internacional desde hace varios años han fallado en la práctica. Durante el período 2000-2007, en términos promedios anuales, los salarios reales (o del poder adquisitivo de los salarios) de Nicaragua muestran los comportamientos siguientes: el salario mínimo real pagado en el mercado permaneció prácticamente constante; el salario real pagado por las empresas reflejó una continua caída; el salario real del gobierno, con una sostenida y pronunciada trayectoria creciente, igualó el nivel del salario real nacional en 2006; y el salario real pagado por los entes autónomos, que es el más elevado del país y es mayor que el salario real nacional, mantuvo siempre un modesto ritmo de crecimiento.

El salario promedio mensual pagado por el Gobierno Central mostró un gran aumento no por el pago a los trabajadores que devengan los más bajos salarios sino por el pago de una planilla paralela (en córdobas con mantenimiento de valor) financiada con recursos de la cooperación externa y, además, por el “sinceramiento” del gasto público, al sacarse del gasto de inversión pública el pago de salarios a consultores y asesores empleados en proyectos de fortalecimiento institucional y registrarse apropiadamente en el gasto de consumo público.

Ambas causas de ese notable aumento salarial en el sector público han provocado un problema estructural en la política salarial, muy difícil de erradicar en el corto plazo: los trabajadores (de las empresas) que producen la riqueza devengan salarios más bajos que los trabajadores (de las instituciones estatales) que consumen la riqueza.

Poder adquisitivo

Lo anterior puede ejemplificarse con base en datos mensuales oficiales correspondientes al período enero de 2000-diciembre de 2007: el salario mínimo pagado en el mercado se aumentó 871 córdobas y su poder adquisitivo se redujo 8%; el salario promedio mensual pagado por las empresas sólo se incrementó en 1,150 córdobas, y su poder adquisitivo se redujo 27%; el salario promedio mensual pagado en el gobierno central se elevó en 2,792 córdobas y su poder adquisitivo aumento 69% a diciembre de 2006 (no es comparable a diciembre de 2007 por la inclusión de los salarios de los maestros a partir de junio de 2007 y el MITRAB no ha actualizado su serie histórica); el salario promedio mensual pagado en los entes autónomos tuvo un alza de 3,365 córdobas y su poder adquisitivo subió 8%.

Existen varias razones que ayudarían a explicar el severo rezago de los salarios reales pagados por las empresas, entre las cuales se distinguen la creciente presión tributaria, que pasó de 13.3% del PIB en 2001 a 18.0% del PIB en 2007 gracias a la Ley de Equidad Fiscal aprobada en 2002; la alta tasa tributaria del IVA del 15% (la más elevada entre los países centroamericanos “El Salvador y Costa Rica con el 13%, y Guatemala y Honduras con el 12%); la única tasa del IR para las empresas, que se elevó del 25% al 30% en las confrontaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en 2001 (la más alta es la de Guatemala con el 31%, Costa Rica con el 30%, y El Salvador y Honduras con el 25%); y la falta de transparencia en la administración de la política salarial del sector público.

Los ajustes del salario real dependen del aumento de la productividad (muy difícil de medir en el sector público, pero fácil de estimarla en el sector privado), pero dicha productividad no descansa exclusivamente entre los trabajadores, sino también está influenciada por la inversión tecnológica en las empresas y el mejoramiento de la infraestructura económica nacional y, por supuesto, por la responsabilidad compartida entre gobernantes y empresarios para mejorar la calificación de la fuerza laboral. Se requieren políticas públicas que promuevan el crecimiento económico pro pobre, reduzcan la inequidad en la distribución del ingreso y en la distribución de la presión tributaria, y concreten la facilidad estatal para mejorar la competitividad empresarial. El incremento de la competitividad empresarial podría asociarse con un desarrollo gerencial que privilegie la inversión orientada a facilitar las condiciones de la productividad, pero también se requiere una apropiada certidumbre política, una adecuada política macroeconómica (fiscal, monetaria y financiera) que fomente la inversión privada, así como una eficaz inversión pública que mejore y amplíe la infraestructura económica (red vial y la generación de energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, telecomunicaciones y servicios portuarios).

El ajuste salarial

El gobierno de Nicaragua propuso desde octubre de 2007 en el presupuesto nacional para 2008 una ajuste de 12.5% de los salarios de los empleados públicos peores remunerados, resultante de la suma de una tasa de inflación anual de 8% y de una tasa de crecimiento económico de 4.5% proyectadas por los técnicos gubernamentales para este año. Ambas tasas están rebasadas por la realidad económica internacional porque la inflación se acelerará por un precio promedio anual del barril de petróleo que tiende a ubicarse entre US$90 y US$100, y no en US$65 como lo supuso el gobierno y peor aún cuando los técnicos gubernamentales estimaron la tasa de inflación con la suma de la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial, 5%, y una tasa de inflación internacional de 3%, lo cual no tiene ninguna consistencia con la teoría económica, sin tomar en cuenta el problema estructural del mercado energético nicaragüense de generar el 80% de electricidad con el consumo de hidrocarburos; por otro lado, el crecimiento económico del país se desacelerará por el menor ritmo de crecimiento de la economía estadounidense, la cual comienza a mostrar síntomas de recesión a finales del primer trimestre de este año.

Con un precio internacional promedio anual de US$95 por barril de petróleo en 2008, la tasa inflación de Nicaragua puede arribar fácilmente a 16% en este año. Es por eso que el ajuste de los salarios de los maestros, personal médico y paramédico, policías y militares de bajo rango perseguiría el objetivo exclusivo de garantizar la seguridad alimentaria de las familias de estos trabajadores del sector público, lo cual no debería asociarse con un aumento del volumen de bienes de consumo demandado por dichas familias. Si aceptáramos la premisa fondomonetarista de estimar el ajuste salarial mediante la suma de la tasa de inflación y la tasa de crecimiento económico, el salario de este grupo de trabajadores estatales se ajustaría alrededor del 20% en este año. Por su parte, las empresas tendrán que revisar su política salarial, siempre acorde con sus capacidades financieras y teniendo en cuenta que en la actualidad los emigrantes nicaragüenses al exterior son personas calificadas que buscan mejores remuneraciones y oportunidades laborales.

Una conducta diametralmente opuesta a la de hoy mostró el FMI cuando guardó un profundo silencio ante los extravagantes salarios de los funcionarios que ocuparon altos cargos públicos y se enriquecieron rápidamente durante las dos anteriores administraciones públicas, y aún persisten entre los altos cargos de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, en un país pobre y aún muy endeudado en términos de producción, donde un presidente devengó un ingreso mensual mayor que el devengado por el Primer Ministro de Gran Bretaña.

15 de marzo de 2008