Hugo Chávez ha sido acusado de usar la riqueza petrolera de Venezuela para entrometerse en los asuntos internos de Colombia, Argentina, Bolivia y Nicaragua.

Ahora, el presidente de Perú acusa a su homólogo venezolano de financiar militantes y centros contra la pobreza que predican la revolución populista. En semanas recientes, la policía peruana ha arrestado a nueve personas que, según el gobierno, son militantes financiados por Venezuela.

Y el líder de un comité de investigación del Congreso acusó a Venezuela de entregar fondos a centros de servicios sociales que, dice, están realizando labores de agitación contra el gobierno. El presidente Alan García respalda la investigación de esos centros que han surgido en urbanizaciones peruanas pobres en los últimos tres años, señalando que ‘’no debe haber ningún tipo de penetración ni territorial, ni ideológica, política, ni económica’’.

García se mostró de acuerdo en que ``el Parlamento haya comenzado la investigación a las Casas del Alba que están sirviendo, bajo el teórico paraguas internacional, de punto de encuentro de todos los que están en contra del sistema democrático y de las instituciones nacionales’’. Por su parte Julio Galindo, el principal fiscal de antiterrorismo, ha dicho que ‘’hay un propósito de parte de varios países contra el Perú.

Países como Venezuela, países como Cuba, como Ecuador y Bolivia y Guatemala. Perú tiene una democracia indiscutible, y es el país que más desarrollo está demostrando en esta parte del continente. Y a los vecinos no les conviene este tipo de gobierno’’.

Galindo acusó a gobiernos de esos países de intentar ‘’de una u otra forma desestabilizar y hacer que nuestro país converja al tipo de pensamiento que tiene esa gente. Parecería que esta gente quiere que el Perú fracase en su proyecto de desarrollo’’, añadió.

El gobierno de Caracas niega con vehemencia esas acusaciones, o la financiación de militantes peruanos. El embajador de Venezuela en Perú, Armando Laguna, dijo que el gobierno de Lima ‘’debería exigirme que abandone Perú’’, si encuentra pruebas. Las acusaciones se registran en el contexto de un enfrentamiento regional sobre presuntos intentos de Venezuela y de Ecuador de desestabilizar al gobierno de Colombia, que es respaldado por Estados Unidos.

Las autoridades colombianas han dicho que en una computadora capturada durante un ataque a un campamento rebelde en territorio ecuatoriano se descubrió información indicando que Venezuela intentaba dar $300 millones a los rebeldes colombianos.

La oposición en Nicaragua, Argentina y Bolivia ha acusado a Chávez de enviar fondos a sus simpatizantes políticos. Entre los presuntos destinatarios figuraría Ollanta Humala, un populista al que García derrotó por estrecho margen en el 2006. Venezuela ha negado las acusaciones, que nunca fueron demostradas.