La Contraloría General de la República resolvió en su sesión ordinaria de ayer “ampliar la auditoría especial” a la alcaldía sandinista de León “en base a denuncias hechas ante la oficina de quejas por el otorgamiento de 20 concesiones a la Cooperativa de transporte León Santiago de los Caballeros”.

Las concesiones fueron entregadas por el alcalde “sin licitación” ni autorización especial de la Contraloría. Simplemente se auto declaró las concesiones “de interés social” y no hizo el concurso establecido por la ley.

La Contraloría consideró que las autoridades edilicias no pusieron en práctica “el principio de igualdad para los que concursan en este tipo de concesiones”.

También la entidad fiscalizadora recibió otra denuncia contra el alcalde de León, de la cooperativa Alianza Laboral de León que dice haber recibido presiones de la Alcaldía “para favorecer a otras personas”.

Los contralores colegiados también resolvieron ayer urgir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del fallo en relación a los recursos de amparo y la resolución de la CGR sobre los llamados Cenis.

“Vimos que viene el pago de los intereses a los bancos tenedores de los bonos el país tendrá que pagar varios millones de dólares dentro de poco y por eso le pedimos a la Corte que falle la resolución”, dijo el contralor Lino Hernández Triguero.

“El pago de los intereses puede lesionar el patrimonio nacional”, dijo el funcionario quien explicó que “no estamos haciendo una gestión especial, ya que eso lo hacemos en todos los procesos en que estamos involucrados”.

Informó que recientemente el subdirector general jurídico visitó la CSJ “para investigar los más de 500 casos que han fallado a favor de la Suprema pero que no han sido notificados hasta ahora”.

El diputado conservador reverendo Stanford Cash Dash denunció ayer que los alcaldes de los municipios de Bilwi, Prinzapolka y Waspam, de la Región Autónoma del Atlántico Norte, han abusado de las donaciones entregadas por la comunidad internacional y los nicaragüenses para la reconstrucción de la zona devastada por el huracán Félix.

Según el político costeño esta es la razón de fondo por la que el Frente Sandinista en complicidad con los magistrados del FSLN en el Consejo Supremo Electoral está conspirando para suspender las elecciones municipales en esos tres municipios.

“La falta de transparencia en el uso de las donaciones no tienen cómo explicarla”, agregó Cash Dash.

El parlamentario fue respaldado por los diputados liberales del Caribe, Francisco Sacasa y Víctor Duarte, quienes confirmaron la denuncia. Además, dijeron que el plan está en marcha porque el FSLN ni siquiera inscribió candidatos a alcaldes y concejales en esos tres municipios.

El PLC anunció para hoy una conferencia de prensa en la que fijará su posición de rechazo a la posposición de las elecciones. El ex magistrado liberal del PLC, Silvio Américo Calderón, dijo que si los sandinistas concretan sus planes su partido lo denunciará ante la Organización de Estados Americanos como un golpe a la institucionalidad y constitucionalidad de la república.

Una reacción fuerte y hasta fuera de tono, fue la de la magistrada Yadira Centeno, cuando leyó la información relativa a la recusación que le hicieron por el caso del peruano Carlos Eduardo Carruitero Cueva, denunciado por el Señor Rafael Quezada, que se encuentra en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sobre esto, Trinchera de la Noticia informó ampliamente en su edición del pasado miércoles 26 de marzo.

El caso en referencia ha tomado mayor interés, debido a que la apoderada del Sr. Carruitero, señalado en el supuesto tráfico de tierras, es la Lic. Carla Lucía Flores Centeno, hija de la magistrado Centeno.

El abogado del Sr. Quezada, el Dr. Alejandro Cerna Sánchez, recusó formalmente a la magistrado en caso de que esta no se excusara de forma voluntaria de conocer el recurso de casación de fondo.

Fuente de la Corte Suprema indicaron ayer que la Dra. Centeno, tomó el expediente en sus manos y se lo fue a dejar al escritorio de su colega Armengol Cuadra. Se conoce que el proyecto de sentencia en el caso Carruitero y que ella lo tenía muy bien guardado, es contra la apoderada legal del peruano, precisamente la hija de la magistrado Centeno.