El presidente de la República Daniel Ortega Saavedra repitió durante la campaña electoral y después de la toma de posesión que las invasiones de tierra no seguirían siendo permitidas.

La alcaldesa de Granada, Rosalía Castrillo y varios concejales del partido rojinegro se dieron a la tarea de cometer arbitrariedades al apoyar a invasores de propiedades que tienen más de cincuenta años de tener sus dueños y heredarse a sus mismos familiares.

En una sesión efectuada el pasado 23 de abril de abril con la mayor desfachatez el concejo municipal de la Gran Sultana reconoció que ni siquiera tiene un abogado para que les asesore jurídicamente y al tenor de su autoridad hacen resoluciones parciales que dañan la imagen con los inversionistas en esa área turística.

Rosalía Castrillo, alcaldesa, recibió al abogado Luís Noguera Urbina, hermano del reclamante Eduardo Noguera Urbina por la invasión de la isleta de parte de Róger Miranda, y su hijo del mismo nombre.

Este último ha irritado a las autoridades por las ofensas. Donald González, Francisco Lumbí, Oswaldo Noguera, Roberto Mendoza y Amed Ruíz, a quienes identifican del partido rojinegro se atreven a amenazar a los trabajadores para obligarlos a abandonar la pequeña propiedad.

La familia Noguera no cree que estos elementos hayan sido enviados por el partido en mención para desestabilizar las normas jurídicas. Castrillo dijo a Noguera Urbina que todas las isletas deben ser propiedad del estado nicaragüense, lo que se advirtió en sus palabras las intenciones de confiscar las isletas de Granada.

No contento con los reclamos, el secretario del concejo municipal de Granada, Leonel Treminio argumentó que basado en la Ley de Costas, iniciativa aprobada para proteger las costas nacionales en el litoral pacifico y atlántico, pero que no cabe en ninguna isleta, porque la misma está siendo invadida y apenas alcanza las 200 manzanas cuadradas, según escritura pública que les da potestad explicando tácitamente los linderos y dueños por más de cincuenta años.

La isleta tiene 200 manzanas cuadradas, 120 son propiedad de Luis Noguera Urbina, las restantes manzanas son de la familia de Silvio Urbina y su hermano Álvaro con 40 y la diferencia de Mario Miranda y sus hermanos, lo que refleja intereses para provocar un conflicto y seguir con la historia que en Granada no existe respeto a la propiedad privada de parte del poder edilicio.

Castrillo junto a un grupo de concejales decidieron entregarle a la Procuraduría General de la Republica un pleito que no existe.

El Concejo municipal no tiene potestad de cercenar propiedades privadas bajo el argumento que la oligarquía no tiene poder.

Cada vez que pierde control de los alegatos del demandante y no aceptar que está cometiendo craso error, aduce que “las palancas han terminado”.

Los Noguera Urbina señalan que ellos respetan el paso de servidumbre por esas tierras, pero que no aceptan que les metan ganado a pastar por ser contrario a disposiciones legales.

La isleta se vuelve pequeña en invierno, el pasto se destruye por las inundaciones, debe reforestarse cada año, cuando el pasto tiene buen tamaño, entonces entran las reses de los Miranda y compañía para aprovechar el trabajo de otros.

El secretario Treminio durante la sesión no supo explicar lo que significa arriendo y posesión y a su vez pretende desconocer los títulos de propiedad que el mismo estado de Nicaragua otorga mediante el Registro Publico a cualquier ciudadano.

Los concejales que acuerpan estos hechos deleznables son Leonel Treminio, Rosalía Castrillo, Marvin Gómez, Fernando López, este último miembro del Partido Liberal Constitucionalista, pero hace coro con el FSLN.

Los quejosos indican que la persona que dirige esos desórdenes son Róger Miranda y su hijo. Cortan el cerco de alambre de púas para meter su ganado y si la familia Noguera intenta hacer llevar sus reses para pastar se vierten amenazas de matarle los animales.

El concejo cada vez que pone el tema en agenda lo hacen en secreto, dijo Noguera Urbina.

Durante la sesión ni siquiera leyeron la escritura de la familia Noguera Urbina, tampoco se documentaron con escrituras que demuestren que los Miranda y compañía tiene posesión alguna. Tomaron sus palabras como ley, además que no es su función como concejo municipal, es facultad que corresponde al poder judicial dirimir litigios.

Durante la reunión hubo solamente exposiciones para apoyar a los transgresores de la ley y la propiedad privada, no hubo consulta con abogado alguno. No había ninguno o la municipalidad no tiene un profesional de la jurisprudencia a tiempo completo.

Ni siquiera se atrevieron a rebatir los puntos legales que el abogado Luís Urbina le dijo a todo el concejo. Los legítimos propietarios se sustenta en su escritura inscrita con numero 9441, folio 163, tomo 137, asiento 7, recibos de los impuestos pagados al día y desde 1935 ha sido traspasadas de generación en generación.