Hay muchos ejemplos en Nicaragua de la falta de libertad de expresión que no sólo afecta a los periodistas o medios de comunicación porque recordemos que este es un derecho inherente al ser humano.

Los ex ministros y funcionarios de gobierno despedidos el año pasado por el actual gobierno forman parte de la cadena de intolerancia que se ha venido tejiendo por años, porque no sólo en el gobierno sandinista ha existido ese anticuerpo contra la libre expresión.

¿Cuántas veces el periodista no se ha visto enfrentado con el funcionario o ministro que creía ver en tinta y papel o en las imágenes de televisión lo que él creyó era lo mejor de su entrevista?

Siempre nos hemos encontrado en todos los gobiernos desde sugerencias “sutiles” de quienes ostentan el poder hasta las amenazas de cárcel o agresión física.

Enfrentar la piel sensible de los gobiernos ha sido una tarea tediosa de los medios de comunicación y los periodistas.

Suele suceder que quien era un canal abierto ayer puede ser tu enemigo mañana en que el periodista pueda estar abordando un tema que molesta al funcionario y que por cierto son los casos que más abundan en el país.

Los periodistas nicaragüenses y de América Latina que ya llevamos varias generaciones en la profesión hemos transitado en las duros extremos de la derecha y la izquierda pero es con los segundos con quienes nos ha ido peor.

Sino basta ver la segunda parte del gobierno sandinista en la que no hay Dirección de Medios de Comunicación (la oficina de censura que funcionó en los 80), ni una dirección especial de la Seguridad del Estado para perseguir periodistas pero sí nuevos mecanismos de presión e intimidación tanto o más efectivos que los anteriores.

¿Habrá mayor presión que el hambre? Son centenares de periodistas los que cerraron su espacio de radio agobiados por la falta de publicidad estatal en el último año y medio y no tienen hoy mayor expectativa de mejorar.

Además de la falta de ingresos, la materia prima (la noticia por lo menos la oficial), está escasa por la nueva política de secretismo que maneja el gobierno y que sólo es brindada con el sesgo que conviene al canal oficial, a la radio oficial y al portal oficial.

Un periodista de El Nuevo Diario fue declarado “non grato” en un ministerio, otro amenazado en Chinandega mientras dos funcionarios de La Prensa fueron condenados por un juez.

El propio presidente Ortega se ha referido en términos ofensivos contra el gremio y los medios de comunicación.

El secretismo ha surtido sus efectos porque el periodismo en general espera las actividades oficiales para escuchar el discurso sin la menor posibilidad de abordar el tema de su interés u obtener la versión en el momento que la necesita.