A continuación publicamos un extracto del artículo publicado el pasado domingo 4 de mayo por el diario The New York Times.

MANAGUA, Nicaragua. Las vallas o anuncios espectaculares del gobierno y pintas en esta húmeda ciudad le dicen mucho al visitante acerca de la batalla ideológica que desgarra a Nicaragua.

El Presidente Daniel Ortega Saavedra sonríe ampliamente desde estas vallas, prometiendo “Poder Ciudadano” como una solución a la pobreza endémica de Nicaragua. “¡Arriba, pobres del mundo!”, leen los anuncios. Pero, debajo de estas vallas, en muros y bancas a lo largo de la ciudad, otros han garrapateado, “No al CPC. No a la dictadura”. El graffiti alude a los Consejos del Poder Ciudadano.

En diciembre, el presidente Ortega creó comités vecinales, los cuales son controlados por su Partido Sandinista, tendiente a la izquierda, y administran programas en contra de la pobreza, pese a un voto en contra del plan por parte de la Asamblea Nacional.

Ortega, ex líder guerrillero de orientación marxista, sostiene que los consejos tienen el propósito exclusivo de permitirles a líderes de la comunidad que tengan una voz con respecto a dónde y cómo se invierten los recursos gubernamentales.

No obstante, dirigentes de la oposición dicen que los consejos son otro paso en lo que ellos denominan el desvío de la administración de Ortega hacia un gobierno autoritario y lleno de secretos, que no tenga que rendirle cuentas a la Legislatura; sobre todo, debido a que el presidente controla decenas de millones de dólares en ayuda proveniente de Venezuela cada año.

Algunos de quienes se oponen al presidente acusan a los Consejos del Poder Ciudadano de no ser otra cosa sino molinos de clientelismo, los cuales canalizan la generosidad de gobierno hacia quienes apoyan al partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Ortega no se ha esforzado por ocultar su deseo de maniobrar a fin de evitar a la Asamblea Nacional. En el otoño pasado, declaró que el voto de la Legislatura en contra de los consejos tenía el propósito “de negar el derecho del pueblo a ejercer el poder”, así como “impedirles a los ministros que gobiernen directamente con el pueblo”.

“El pueblo es el que tiene la última palabra con respecto al sistema que desea”, declaró Ortega, en un mitin efectuado el 1 de diciembre.

Dirigentes de la oposición se quejan, diciendo que estos consejos huelen a órganos controlados por el partido (gobernante) en gobiernos totalitarios como el de Cuba, donde comités locales de personas leales al partido no solamente influyen sobre quién recibe beneficios del gobierno, sino también espían a opositores políticos.

“Eso forma parte de la visión que tienen Ortega y su esposa, Rosario Murillo, con miras a destruir el modelo de una democracia representativa y reemplazarlo por una democracia directa”, comentó José Pallais, uno de los líderes del Partido Liberal. “Los CPC sirven como un elemento fundamental, una estrategia, para controlar a la sociedad, para espiar a la gente”.

Otro de los dirigentes de la oposición liberal, Wilfredo Navarro, defendió el derecho del partido Sandinista a organizar comités políticos, pero destacó que el presidente había cruzado el límite cuando les dio poder sobre programas del gobierno a esos mismos comités.

Elías Chevez, prominente líder de los sandinistas que supervisa los consejos ciudadanos en Managua, negó que estos consejos hayan mostrado favoritismos en la distribución de subsidios, aunque sí reconoció que ellos estaban bajo el control del partido.

Al defender los consejos, dijo que gobiernos anteriores no habían logrado sacar al pueblo de la pobreza, en parte, debido a que barrios y poblados carecían de organizaciones locales para enviar ayuda a donde más se necesitaba. Describió a los detractores de estos consejos como integrantes de una corrupta oligarquía, a la cual solamente le interesa proteger intereses comerciales.

“Estas personas no quieren que la población tenga un papel, que desempeñe una participación”, dijo.

Una de las quejas de la oposición gira en torno a que el financiamiento tanto de los comités como de los programas sociales que administran siguen siendo brumosos. El año pasado, Nicaragua y Venezuela firmaron un acuerdo que, a decir de dirigentes de la oposición y expertos en el presupuesto, le ha dado a la administración de Ortega, esencialmente, un fondo discrecional fuera del presupuesto nacional, mismo que equivale a cientos de millones de dólares al año.

Bajo este acuerdo, Venezuela le suministra a Nicaragua aproximadamente 10 millones de barriles de petróleo al año, lo cual basta para cubrir todas las necesidades de energía del país. Nicaragua paga la mitad del precio del mercado y tiene 23 años para saldar el resto, a una tasa de interés de dos por ciento. Cada mes, el trato le da a Nicaragua lo que equivale a un cuantioso préstamo de bajos intereses para proyectos de infraestructura y programas sociales.

No obstante, los préstamos no se reflejan en el presupuesto nacional, ya que las transacciones se manejan a través de una empresa semipública, de nombre Albanisa, y la empresa paraestatal del petróleo, Petronic. (El tesorero del partido Sandinista, Francisco López, también encabeza Petronic y es uno de los vicepresidentes de Albanisa.) La administración de Ortega nunca ha rendido cuentas plenas ante la Legislatura sobre cómo se gasta el dinero.

La red de consejos ciudadanos es supervisado por la Sra. Murillo, la esposa de Ortega quien además es la directora de comunicaciones. Ella no respondió a una solicitud de entrevista.

Entre otras cosas, los comités deciden de qué programa de alimentos se encargarán para dar subsidios para los pobres, dentro del marco de un proyecto de infraestructura financiado por Venezuela. También supervisará las vacunaciones y las clases de alfabetización.

Jeannette Suazo, una sandinista, presidenta de un consejo en un barrio de Managua conocido como 14 de septiembre insiste en que la ayuda se entrega sin tener en cuenta la política, y asegura que en su consejo había cuatro miembros que pertenecían al partido de la oposición. “Todos son voluntarios y no reciben paga, aunque algunos tienen puestos de trabajo en el gobierno”, dijo.

“Nosotros somos los comunicadores entre el pueblo y el gobierno”, dijo. “Es más fácil resolver estos problemas con un sistema organizado de personas que con un pueblo desorganizado”, señaló.

En las empobrecidas calles de Managua, las personas se quejan más acerca de la falta de las ayudas procedentes de los consejos por el favoritismo con que se lleva a cabo. Suministros de frijoles, arroz y aceite subsidiados, por ejemplo, se agotan mucho antes de que aparezcan en el mercado, dijeron algunos.

“Nos dan muy poco producto para demasiada gente”, dijo Lidia Urbina, cuya familia dirige la pequeña tienda en el barrio 14 de Septiembre seleccionada para la distribución de alimentos. Dijo que el programa no es partidista. “Hay liberales, sandinistas, las personas de todas las partes, todas ellas llevan sus alimentos”.

María Auxiliadora Rivera, 37, vive en un lugar muy sucio, una sala en ruinas, con seis hijos y su marido, sobreviviendo con una cocina por la que paga $60 por mes. Ella hace las tortillas encima de un fuego abierto contra un muro de hollín de un edificio destruido.

Aunque no es sandinista dice que recibió un préstamo de $230 a través del comité ciudadano local para iniciar un negocio de venta de tortillas en la calle. Dijo que los préstamos no iban solamente a sandinistas.

Aún así, dijo, sólo ayudan a sobrevivir, no hace una diferencia permanente en su nivel de vida. “Estamos realmente abandonados”, dijo.

Otros viven en miserables y peligrosas estructuras en las ruinas. “Ellos están construyendo casas, pero sólo para quienes están en el partido”, dijo Carlos Reyes Herrera, 46, que vive la vida recogiendo latas y botellas. Un veterano de la revolución sandinista en la década de 1970, vive con su esposa y dos hijos en una choza de madera contrachapada entre las ruinas. “Para mí, los comités son todos sandinista”.