Los abogados litigantes no han logrado descifrar los inconvenientes que el nuevo modelo judicial ha provocado en los juzgados de Managua.

Atrasos, pérdidas de tiempo, no hay comunicación con los jueces, en fin señalan muchas anormalidades que son expuestas por el doctor Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua.

Los abogados sienten que sus gestiones no tienen respuesta inmediata, hablar con jueces y secretarios ya no es posible, eso es lo que en síntesis recoge el honorable magistrado.

Managua tiene una explosión judicial, y de eso está conciente Rodríguez, porque existen 67 mil expedientes de los cuales el 60% son por la vía civil.

Reconoce que por ese lado se han visto dificultades a raíz del traslado de los expedientes de los juzgados a la oficina central.

Esta fue una de las razones por lo que los abogados pedían prescripción porque las respuestas se han venido retardando y a ese cuello de botella se le ha buscado solución.

“Creemos que en los próximos días se verán resultados positivos. Se ha incrementado el número de secretario para jueces y personal en las respectivas secretarías de los jueces”, informó.

Explicó que este no es un modelo español copiado al pie de la letra ya que se hicieron ajustes.

Por ejemplo el juez debe tener su propio secretario, se implementó una oficina de notificaciones y el colectivo de trabajo está integrado a la carrera judicial.

“El modelo creó muchas expectativas, la cantidad de demandas judiciales crece y no tenemos capacidad de respuestas con la cantidad de juzgados que tenemos en toda Nicaragua”, señaló.

No hay respuesta inmediata por la cantidad de jueces, eso se hace que se vuelva inaccesible, añade el doctor Rodríguez.

El juez no tiene prohibido hablar con los jueces, el nuevo modelo implementado no tiene esa finalidad.

Esta es una de las acusaciones que los litigantes llevan a voz pública. Lo que sí se estableció que este trámite de hablar con un juez debe hacerse por escrito, con la intención de que quede en memoria la cantidad de audiencias que el alto cargo ha tenido durante sus funciones y por periodos.

El presidente del Tribunal de Apelaciones agregó que ellos no tienen potestad de obligar al judicial a atender esas peticiones pero consta en archivos. |

Pero el Tribunal tiene información de cuantas solicitudes llegaron y se le ha respondido a un 70%. Rodríguez sostuvo reunión con los jueces civiles y les propuso que hicieran audiencias publicas en una sala dos veces por semana pero estos respondieron que no era posible porque se perdería más tiempo tramitando sentencias.

Para 70 mil expedientes en materia civil, funcionan seis jueces de distrito civil y cuatro locales civiles.

Al distribuirse entre cada juez deberá tener siete mil expedientes y humanamente ningún juez puede responder a esa cantidad de demandas judiciales, expone el presidente del TAM.

De esos 70 mil hay 15 mil expedientes de familia y esos son muy urgentes, en otras palabras cada juez tiene que responder por mil quinientos casos.

El doctor Gerardo Rodríguez opinó que no es cierto que antes haya habido más agilidad en los trámites, es un mito, es una falsedad.

Se implemento este sistema porque los usuarios mantenían la queja permanente de los retrasos judiciales.

El modelo busca la agilización, pero este no ha terminado de implementarse y en cuatro meses no se podrán mover setenta mil expedientes.

La población que recurre a los juzgados procura que su caso no sea visto por determinado judicial, pero el destino los lleva ante esa autoridad.

La distribución de expedientes es aleatoria, explicó el alto cargo y se hace un sorteo y allí se determina donde deberá ventilarse.

Una queja que también se volvió común es que el demandante escogía al juez de su preferencia, eso no da transparencia, porque de antemano se sabía que el determinado judicial favorecería al demandante.

La creación de la oficina de distribución tiene como fin terminar con esos vicios que han hecho perder la credibilidad a este poder del estado.

Si el acusado siente que hay desafecto puede recusar al juez y eso está vigente con el nuevo modelo. “No se está negando nada, la población exige para que haya cambio en la justicia, estamos luchando para romper con esos fenómenos que se prestan a corrupción o a una justicia sesgada”, dijo Rodríguez.

“Este no es un modelo celestial para terminar con la corrupción, porque no es infalible, nuestro fin es corregir las debilidades y ahora tenemos una justicia de más calidad”, afirmó.

Costa Rica tiene pendiente la delimitación fronteriza con Panamá. El tramo que todavía falta va de Río Sereno a la comunidad de La Unión.

Es una situación que preocupa a los agricultores panameños, principalmente a los que tienen sus parcelas al norte de Renacimiento, quienes constantemente entran en disputa por el uso de las tierras con sus vecinos ticos.

Se han dado denuncias por la remoción y destrucción de las señales que demarcan la línea fronteriza.

El problema es que tanto los panameños como los ticos quieren tomarse más tierras para sembrar, por lo que se pelean a diario y aún nadie define esta situación.

Con los panameños no existe demanda ante La Haya y no han dado importancia a los llamados de las comunidades residentes en el límite fronterizo.